Demandas de miles de dólares: ambientalistas de Puerto Rico denuncian represión por la vía legal

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Mientras camina por la extensa playa de Punta Bandera, en Luquillo, Puerto Rico, Yanize Elías va recogiendo la basura que se encuentra. Colillas de cigarrillo, empaques, juguetes de plástico y hasta cajas de DVD porno que nadie sabe cómo llegaron allí. Trabaja en el restaurante de un hotel, pero lo que más parece definirla y apasionarla es la defensa del medio ambiente y proteger el espacio público de los boricuas. A su lado está Johana Santiago, a quien conoció en la resistencia, en la “calle y mollera”, dicen, recorriendo distintos municipios de la isla para unirse a manifestaciones, protestas y campamentos que tienen como objetivo blindar las playas públicas y los ecosistemas estratégicos de los desarrolladores que quieren construir sobre estos.

Pero, en Puerto Rico, protestar es un acto arriesgado. Muchas veces los manifestantes son arrestados o demandados, como les ha sucedido tanto a Elías como a Santiago. “Por eso estamos explorando otras vías”, cuenta la segunda, que se lanzó como candidata a representante del Distrito 36 con el partido político Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). En noviembre, Puerto Rico tendrá elecciones generales y “la idea es llevar la agenda del medio ambiente”.

Hace tres años, en diciembre de 2021, ambas participaron en una lucha que perdieron pero que aún las persigue: la que libraron para impedir que se construyera el Luquillo Hotel Company (LHC), un complejo desarrollado por el grupo empresarial puertorriqueño Prisa Group y que actualmente se convirtió en el Fairfield by Marriot Luquillo Beach, en una zona que, señalan, es un humedal.

“Ellos empezaron a construir sin avisar a la comunidad ni nada. Sin poner ningún aviso. Dejaron una especie de cobertura de bosque alrededor para que no se pudiera ver lo que estaban tumbando”, recuerda Elías. Pero el 8 de diciembre, una vez se corrió la noticia sobre lo que pasaba, empezaron una serie de manifestaciones y protestas que se alargaron varios días. “Exigíamos que no se construyera ahí porque eso es un humedal”, agrega. “No le decíamos no al hotel, sino que no lo pusieran en esa zona”.

Los representantes de Prisa Group y de Marriot no respondieron a la solicitud de entrevista de América Futura. Sin embargo, según han reportado los medios locales, siempre han argumentado que tienen todos los permisos ambientales necesarios para construir en esa zona. Al ser consultado sobre el tema, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) explicó que “el hotel cuenta con los permisos del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA)”. Aunque en abril de 2023 la EPA le puso una multa de 30.000 dólares a LHC por incumplimiento de los requisitos de permisos previstos en la Ley de Aguas Limpias por infracciones relacionadas a la construcción del proyecto.

Un humedal sin nombre

Roberto Enrique Bello, alias Roqui, es una de las personas que más conoce el humedal, “aunque en los planos y en las políticas no lo llamen como tal”, matiza. Con una maestría del Departamento de Biología Integrada de la Universidad de California de Berkeley, él suele recorrer la zona varias veces a la semana para buscar semillas de especies nativas y llevarlas a un vivero. “Eso de allá es un palo de pollo (Pterocarpus officinalis)”, dice señalando a un árbol gigante cuyas raíces parecen extenderse a la altura de una persona, que se alza por encima del humedal aledaño al hotel, el que aún queda en pie. “Es una especie asociada al agua y que se forma en los litorales de pantano”, agrega.

“¿Entonces cómo me van a decir que esto de acá no es un ecosistema importante?”, se pregunta, y lanza una lista de factores por las que ese humedal, ahora fragmentado, brinda servicios ecosistémicos. “La gente que come huelles (cangrejos) los consigue acá, y sus árboles dan coco y almendras. Además captura carbono”, afirma. Saca del bolsillo su celular y abre una aplicación de mapas que muestra cómo el agua de este humedal es fundamental en la cadena hidrológica que forma con el Bosque Nacional el Yunque (a 12.000 metros) y el mar (a 370 metros). “Si reduces el espacio de las personas que lo usan, también lo afectas”.

No es el único que defiende la tesis de que allí hay un humedal y que el hotel no se debió construir en esa zona. Héctor Quintero Vilella, doctor en ecología de la Universidad Estatal de Florida, cree que hay un gran riesgo en el área en caso de inundación. Además, tras revisar los estudios ambientales que aprobó el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos para darle el permiso de construcción al Prisa Group, dice haber encontrado decenas de errores. “Ese documento tiene fallas en los cálculos de la parte vegetativa, de hidrología y de subsuelo”, comenta en una videollamada. “Yo le mandé al Cuerpo de Ingenieros mis anotaciones, pero básicamente, cuando me respondieron, dijeron que no se podía hacer nada porque el hotel ya estaba construido”, cuenta.

América Futura también se contacto con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, quien derivó la solicitud a su oficina en Puerto Rico, pero hasta la fecha de la publicación de este reportaje no han emitido una respuesta.

Demandados por protestar

A Elías no le gusta pasar cerca al Hotel Fairfield by Marriot. Tampoco lo tiene permitido. El 14 de diciembre de 2021, ella, Santiago y tres personas más junto a “manifestantes desconocidos” fueron demandados ante el Tribunal de Primera Instancia Sala Superior de Fajardo por parte del Hotel por “impedir el acceso a la construcción, causado daños a maquinaria y amenazado y agredido a trabajadores del proyecto”. “No hay interés en que cesen de ejercer su derecho a expresarse libremente, lo único que se solicita es el derecho al propietario LHC a seguir con la obra”, dice el documento.

Tras más de dos años, Elías insiste en que ella nunca amenazó a nadie. Incluso cuenta que alguien cogió los videos que grabó desde el campamento “y cortaron unos segundos para que pareciera que estaba amenazando a los dueños de la constructora”. En cambio, asegura, durante las protestas fue el equipo de seguridad del hotel el que fue violento con los manifestantes. En esa época, Santiago puso una querella ante la Policía porque una persona le tocó su cuerpo durante las manifestaciones.

Aunque el caso de Elías ya cerró, tras pagar una multa por 500 dólares, hay otros defensores que siguen siendo intimidados. El caso más inaudito es el de Mónica Stamper. Como parte del colectivo Ciudadanos por un Luquillo Resiliente, la activista radicó un interdicto ante los tribunales pidiendo detener los permisos de construcción del hotel mientras se analizaban nuevos estudios como los que había hecho Quintero. La solicitud, sin embargo, fue desestimada porque se consideraba que Stamper no tenía un interés personal o de propiedad que se vieran afectadas por el hotel. Y aunque el caso ni siquiera llegó a ser peleado en Corte, la activista recibió una factura sellada con cargos por más de 40.000 dólares del grupo hotelero diciendo que era la suma que debía pagar por sus abogados.

“Sin ni siquiera ir a Corte, le impusieron pagar por los honorarios de los abogados de Prisa. La empresa lo pidió y el Tribunal lo admitió”, explica Mariana Nogales, portavoz por el MVC en la Cámara de Representantes. “Se trata de lo que se conoce en inglés como SLAPP suits o litigio estratégico contra la participación pública: crean pleitos para eliminar la libertad de expresión”.

Para Nogales, lo que sucedió en Luquillo es solo una réplica más de una serie de políticas que están haciendo más fuertes a las constructoras y desprotegiendo a los ciudadanos, los ecosistemas y las playas públicas. A la controvertida Ley 22 de 2012, que concedió exenciones contributivas a extranjeros que llegaran a la isla bajo la promesa de inversión, se suma una ley anterior, la 161 de 2009. En papel, su fin es “facilitar y propiciar el desarrollo integral, social y físico sostenible de Puerto Rico”, pero Nogales considera que lo que hizo fue facilitarles los permisos a las constructoras y agilizar el proceso, evitando una mayor veeduría. “Esa ley sentó las bases para desregular la fiscalización del Gobierno y privatizar”, comenta.

Las consecuencias se ven por toda la isla, dice. “Hay una corrupción en el sistema de permisos” e, incluso, compañías que se lanzan a construir sin tenerlos. En 2023, por ejemplo, el municipio de Aguadilla demandó a Aguadilla Pier Corp por construir unas estructuras sobre una zona que se conoce como la Cueva de las Golondrinas. Tras esto, la DRNA incluso le obligó a la empresa a demolerlos. Allí, a pie de lucha, también estuvieron Elías y Santiago, protestando en el que se conoció como campamento Pelícano. Pero, una vez más, ambas salieron de las protestas con demandas en su contra.

En Punta Banderas, Elías y Yanize buscan una mangle negro que se esconde en el bosque que bordea la playa. Es uno enorme y lleva un letrero que dice “árbol campeón” por ser uno de los más grandes en todo Puerto Rico. Pero prefieren que nadie sepa su ubicación. “Donde las empresas se enteren que está acá, lo talan o lo envenenan, para que no les incomode”, cuenta Santiago. En esta playa, “que es pública, del pueblo” - recuerda- quieren construir condominios. “Es un absurdo”, dice señalando un letrero en donde está el mismo logo de la DRNA diciendo que allí anida el tinglar, una de las especies de tortugas marinas más grandes del mundo, que suele merodear por las playas de Puerto Rico. La construcción de los condominios está esperando algunos permisos y el deslinde. Por eso, mientras caminan por la playa, observan el mar y recogen basura, estas ambientalistas no descartan que, dentro de poco, se monte un campamento allí. Que se cree un nuevo frente de protesta.