Se acabó la era de la abundancia: Uruguay busca diversificar sus fuentes de agua potable

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Buena parte de la sociedad uruguaya mantiene una relación casi simbiótica con el agua que corre por los ríos y los grifos, vigilando con celo su tratamiento, cuidado y alcance. En 2004, el país se convirtió en un referente mundial al reconocer constitucionalmente y por decisión popular el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano fundamental. Aquella reforma marcó un hito en la historia del país: consagró la gestión pública y priorizó el consumo humano y la participación social en el manejo de este recurso.

Este precedente ayuda a entender el malestar que ha causado la crisis de agua potable que actualmente afecta a los 1,7 millones de habitantes de Montevideo y su área metropolitana, en el sur de Uruguay. Desde finales de abril, el agua corriente que reciben contiene temporalmente el doble de sodio estipulado en la normativa local y la pueden beber siempre que no estén dentro del grupo de riesgo (hipertensos y embarazadas, entre otros) y toleren su pronunciado sabor salado.

Las autoridades explican que esta situación es excepcional y regirá mientras no llueva lo suficiente para recomponer los niveles del embalse Paso Severino, que está ubicado sobre el río Santa Lucía y abastece al 60% de la población del país. Ese embalse tiene actualmente 4,5 millones de metros cúbicos de agua, cuando su capacidad es de 65 millones. De modo que, sin las lluvias necesarias ni alternativas previstas, el líquido seguirá con esta composición y sabor atípicos que resulta de la mezcla de agua dulce del Santa Lucía con la salada proveniente del Río de la Plata. Por lo pronto, más del 50% de la población de esta región ha dejado de tomar agua corriente y la consume embotellada, según la consultora Opción.

El fin de la “cultura de la abundancia”

En los últimos tres años, Uruguay ha sufrido los embates del fenómeno climático La Niña, con un prolongado déficit de precipitaciones y una sequía que ha causado estragos en el campo y ahora repercute en el agua potable. “Ese déficit se mantuvo y llegó a valores de sequía extrema, sobre todo en el suroeste del país”, le dice a América Futura Madeleine Renom, doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Según Renom, entre abril de 2022 y mayo de 2023, en esta zona cayeron 300 milímetros de lluvia cuando en ese periodo suele llover 1200 mm. Es el menor registro en 45 años.

Daniel Greif, ingeniero y exdirector del primer Plan Nacional de Aguas, considera que frente a estos pronósticos, Uruguay debería pasar de una cultura de la “abundancia” del agua a una cultura de la “variabilidad” de este recurso. “Eso requiere infraestructura y capacidad de gestión”, le dice Greif a América Futura. Se refiere a los cambios del clima, pero también a los que experimenta la producción local y que tienen consecuencias sobre la calidad y la cantidad de las aguas. “La cuenca del río Santa Lucía es especialmente crítica y estratégica porque abastece de agua potable a la mitad de la población del país y es la zona de la cuenca lechera de mayor intensidad productiva”, remarca.

El impacto de la actividad productiva sobre el río Santa Lucía fue abordada en un manifiesto suscrito por científicos uruguayos en octubre de 2022. Anticipándose a esta crisis, recomendaban acelerar el cumplimiento de medidas de gestión ambiental, priorizando el uso de agua potable para el consumo humano. Pedían intensificar el control de efluentes de tambos y otras industrias; tomar medidas cuando se plantea la intensificación agrícola y de cultivos forestales; regular y controlar las represas de riego para evitar la proliferación de cianobacterias y su inoculación al sistema fluvial.

“El río Santa Lucía está en un proceso de deterioro”, le dice a América Futura Daniel Panario, director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de la República, coautor de este manifiesto. Panario es un férreo crítico del modelo de producción intensiva y extractiva implantado en Uruguay. Cita como ejemplo el millón de hectáreas de soja, que trajo consigo el incremento de agroquímicos y de los desechos que contaminan las aguas, según afirma. Sobre el Santa Lucía en particular, considera necesario quitarle presión, diversificando las fuentes de abastecimiento de agua potable. “Hasta ahora el proceso fue inverso: se ha centralizado, porque eso abarata y facilita el manejo”.

Una autocrítica de Mujica

En cuanto a las alternativas, el ingeniero Greif es partidario de la ejecución del proyecto Casupá, que fue entregado por el último Gobierno de la coalición de centroizquierda Frente Amplio (2015-2020) al actual encabezado por Luis Lacalle Pou (centroderecha). Este proyecto consiste en la construcción de una represa en la cuenca alta del río Santa Lucía, que tendrá una capacidad de 118 millones de metros cúbicos para abastecer al área metropolitana. De acuerdo con Greif, los estudios sobre la viabilidad de esta opción se iniciaron en 2013 y el proceso preparatorio finalizó en 2019 con el préstamo otorgado por CAF- banco de desarrollo de América Latina por un monto de 80 millones de dólares. Pero la represa Casupá sigue sin concretarse hasta ahora.

¿Por qué no se construyó esta u otra iniciativa entre 2005 y 2020, bajo los Gobiernos del Frente Amplio? Es una pregunta que se repite en estos días que rozan los límites del suministro de agua. En una improvisada rueda de prensa, a finales de mayo el expresidente José Mujica (2010-2015) dibujó una autocrítica al respecto: “Siempre, cuando hablamos de presupuesto, estamos tirando de una frazada para un lado y para el otro y todo el mundo la disputa y a veces le erramos en las prioridades y nos confiamos. Pienso que esto del agua lo debimos haber enfrentado mucho antes”.

El proyecto Casupá permanece en carpeta y este mes de junio vencería el plazo para firmar el contrato del préstamo con la CAF. Sin embargo, el actual Gobierno ha dado prioridad al proyecto Neptuno también denominado Arazatí, una nueva planta potabilizadora. El presidente Lacalle Pou definió en noviembre de 2022 ese proyecto como “la inversión más grande en este ámbito en los últimos 150 años” que permitiría tener agua potable “sin perjuicio de sequías o de fallas técnicas”. En el marco de este proyecto, el Gobierno ha licitado entre capitales privados la construcción de la planta en el departamento de San José (sur del país), que tomaría aguas del Río de la Plata y abastecería un 33% de lo requerido por el área metropolitana. Está previsto que las obras arranquen a finales de 2023.

Las críticas a Neptuno y la exhortación de los científicos

La Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, impulsora de la reforma de 2004, entiende que Neptuno es inconstitucional porque “habilita la gestión privada del agua”, cuando la ley establece que esta debe ser pública y con participación social. “La Constitución de la República es clara y no admite interpretaciones”, manifiestan. Por su lado, el grupo de investigadores que integra Panario asegura que el proyecto “presenta una serie de problemas ambientales” y que la salinidad del agua del Río de la Plata “supera ampliamente los valores aceptables para ser potabilizados”.

Criticas mediante, el Gobierno sigue adelante con la licitación de Neptuno, mientras la empresa estatal OSE (Obras Sanitarias del Estado) apura las reparaciones en el viejo sistema de cañerías, por donde se estiman pérdidas de hasta el 40% de agua potable. Los medios de comunicación, por su parte, difunden campañas sobre el uso responsable de este recurso y siguen minuto a minuto los pronósticos de las veleidades climáticas. Todo apunta a que la Niña ha llegado a su fin y se anuncian precipitaciones, más bien escasas para esta primera semana de junio. “Las proyecciones (a largo plazo) indican que las sequías van a ser más frecuentes, aunque menos intensas y más cortas”, advierte la meteoróloga Renom.

Frente a la emergencia y alentando políticas de Estado, los científicos e investigadores exhortan al Gobierno a trabajar de manera mancomunada: “La gestión de las cuencas hidrográficas, de los recursos hídricos y el abastecimiento de agua potable en el sur del país es una emergencia de tal magnitud y complejidad que requiere de un análisis interdisciplinario a cargo de un equipo amplio de investigadores y técnicos de instituciones vinculadas a la temática”. Aún está por verse si la invitación finalmente prospera.