La digitalización de actas de nacimiento, una nueva esperanza para las abuelas de bebés robados en Argentina

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Desde hace varias décadas, Sonia Torres se levanta cada mañana agradeciendo tener un nuevo día para buscar a su nieto, un hombre que hoy debería tener 46 años, pero al que todavía no ha podido conocer. “Al principio llorábamos, pero nos dimos cuenta de que les gustaría que los buscáramos con alegría”, dice la mujer de 93 años, que hoy está el frente de la filial de Córdoba de las Abuelas de Plaza de Mayo, una de las cinco sedes nacionales de la organización no gubernamental que nació en 1977 para localizar a los niños desaparecidos durante la dictadura argentina entre 1976 y 1983. “Nos fortalecemos con eso y amanecemos pensando: ‘Este es el día: en algún momento tocarán la puerta de Abuelas o de nuestra casa y dirán: ‘Abuela la búsqueda terminó, acá estoy’. Con esa frase, sacamos fuerza y seguimos, siempre creyendo que mañana va a ser el día del encuentro. Así vamos caminando”, dice.

Esta es la manera en la que Torres y otras madres y abuelas se mantienen en pie. Son mujeres que comenzaron a buscar en los años 70 a sus hijos e hijas detenidos y desaparecidos y, luego, a sus nietas y nietos que nacieron en las salas de tortura y que fueron apropiados y robados a sus padres en los denominados ‘años del plomo’. Torres es madre de Silvina, una estudiante de 20 años que fue detenida el 26 de marzo de 1976 con seis meses de embarazo, dos días después del golpe de Estado, y luego asesinada. También es la abuela de ese nieto de 46 años al que no conoce, pero al que rastrea y sigue esperando.

Aunque tiene su historia personal, Torres prefiere hablar de la búsqueda colectiva en un país roto por las torturas, asesinatos y la desaparición de más de 30.000 personas. En ese grupo de mujeres, cada restitución de identidad se celebra como una reparación histórica y, aunque a veces se le quiebra la voz pensando en su lucha, dice que las abuelas “tienen tatuada en el alma la esperanza del mañana”. En la sala de su casa, ella tiene una fotografía de su hija a la que le promete cada día que su nieto aparecerá y que no se irá del mundo sin conocerlo. “Estoy viva porque tengo que encontrarlo”, enfatiza.

Pero es consciente de que el tiempo corre en su contra. Las pocas abuelas que quedan son mayores y muchas han fallecido sin poder abrazar a los hijos de sus hijos. Hasta ahora hay 132 nietos restituidos, pero faltan unos 370 nacidos en cautiverio o secuestrados. Para agilizar la localización de los que quedan, la filial cordobesa de Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al Gobierno provincial la digitalización de las actas de nacimiento entre 1976 y 1983 conservadas en papel. El 24 de marzo de 2019, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que conmemora a las víctimas de la última dictadura, se firmó el convenio para iniciar el programa por la identidad.

En tres años, se digitalizaron 510.453 partidas y la carga en la base de datos estará concluida en las próximas semanas, en el año en que se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina. Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Córdoba, remarca que el desconocimiento del paradero de más de 300 personas es una deuda con la democracia. “Un Estado que acerca información y brinda colaboración a las asociaciones que buscan es un Estado que rompe el pacto de silencio de los genocidas”, asegura. La organización de Abuelas participó en el diseño, la implementación y el control de esta política pública, en un trabajo conjunto con el Gobierno y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

En Córdoba rige desde 2007 la Ley de la Memoria por la que se creó la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, que desarrolla herramientas de colaboración del Estado para esclarecer delitos de lesa humanidad. El Archivo se encuentra en el edificio donde funcionó el Departamento de Informaciones 2 (D2) dependiente de la Policía de Córdoba, una división especial ideada para perseguir y reprimir y que fue utilizado como centro de detención. Allí hoy se enciende una luz por cada nieto recuperado.

Cerrar heridas

En la ejecución del programa trabajan tres integrantes de Abuelas, que escanearon 3.500 tomos de libros de actas en papel, y más de 50 universitarios de la UNC. “Este trabajo se hizo con estudiantes que no habían nacido cuando ocurrieron los hechos. Para nosotros es muy importante porque también contribuimos a que el Estado salde la deuda que tiene con toda la sociedad y tratar de cerrar esa herida”, sostiene Juan Saffe, secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas. “Más allá de lo que reconocen las leyes, los tratados y las normas sobre el derecho a la identidad, muchas de las víctimas de ese atroz genocidio eran de nuestra comunidad, estudiantes, profesores… Entonces, la Universidad también está cerrando su propia herida”, agrega.

Cecilia Díaz es la directora del proyecto de digitalización, que trabaja junto a Abuelas en una simbiosis que combina la técnica con la experiencia y el cuidado de la información. “Me parece hermoso lo que estamos haciendo: aclarar algo tan oscuro que ocurrió en nuestro país, habiendo sido atravesada por la dictadura y siempre comprometida con los organismos de derechos humanos. Cuando me convocaron, indudablemente dije que sí. Antes, ante cada investigación tenían la demora burocrática, depender del acceso físico, del tomo, de escanear, fotocopiar...”, detalla.

Ahora, el nombre del niño, de los padres, de los hospitales, de la partera o del funcionario que certificó el nacimiento se cargan en una base de datos que puede aportar información crucial a las víctimas del despojo. “Eso va a agilizar un montón y estoy muy esperanzada en que pronto tengamos novedades”, apunta Díaz.

Lilén Casella es archivóloga e integrante de Abuelas en el equipo de digitalización. “El Registro Civil provincial es un organismo centralizador de las 619 oficinas del interior. Estamos hablando de un archivo muy grande, había que hacer una selección, relevar el estado de esa documentación y en base a eso determinar si iba a soportar el trabajo físico y mecánico al que son sometidos los libros que ya cuentan con más de 40 años”, explica.

Búsqueda sin fronteras

María Teresa Sánchez, abogada de Abuelas, cuenta que las madres salieron a rastrear a sus hijas en el mismo momento de su desaparición. “Siempre narran que al principio fue una búsqueda solitaria, iban a juzgados de menores a preguntar por sus nietos o nietas en el tiempo que debían nacer”, relata. “Una funcionaria del Poder Judicial les dijo: ‘Vienen muchas abuelas preguntando lo mismo, solas no van a conseguir nada, ¿por qué no se juntan?’ En 1977 las abuelas conformaron la organización”.

La pesquisa incluyó países extranjeros y pedidos a las Naciones Unidas. Durante la dictadura demandaban la verdad bajo la consigna ‘Vivos los llevaron, vimos los queremos’. Más tarde, el grito fue ‘Juicio y castigo’ y a partir del 2003, el lema que une a los defensores de derechos humanos es ‘Memoria, Verdad y Justicia’. Aún hoy las averiguaciones cruzan las fronteras argentinas. En Estados Unidos, Canadá y España, por ejemplo, hay nodos de Abuelas para recibir consultas y brindar información. “Vendían a los niños nuestros a EE UU, a Paraguay, a cualquier lado”, recuerda Torres, y piensa que tal vez su nieto Daniel, igual que otros, esté en el extranjero. “Si no, ¿cómo no nos van a buscar?”, se pregunta la última Abuela viva en Córdoba.

Sánchez explica que Abuelas siempre ha trabajado con el Estado, aunque las políticas de derechos humanos han ido variando con los Gobiernos. “Tuvimos una relación muy estrecha con Raúl Alfonsín, en su Gobierno se creó el Banco Nacional de Datos Genéticos y se aprobaron los principales pactos de derechos humanos”, remarca, en relación al primer presidente constitucional electo en 1983. Bajo su mandato se realizó el Juicio a las Juntas, como se llamó el proceso y condena contra nueve jerarcas de la dictadura.

Sánchez cree que la digitalización de las actas suma a la memoria y a la verdad. “Mantener viva la memoria no sólo es un homenaje a los desaparecidos, sino una oportunidad para que las generaciones más jóvenes puedan comprender qué pasó y por que hablamos de ‘Nunca más’, que no vuelvan a ocurrir los crímenes terribles de la dictadura”, sostiene.

Nieta restituida

María Belén Altamiranda, de 45 años, es una nieta recuperada, coordinadora de la Comisión de Memoria en Abuelas y parte del equipo de digitalización de actas. Es hija de Rosa Taranto y Horacio Altamiranda, militantes del movimiento guerrillero Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), secuestrados en 1977 en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, y encerrados en el centro clandestino de detención El Vesubio. Rosa estaba embarazada de siete meses, parió a su hija en el Hospital Militar de Campo de Mayo y la bebé fue entregada al Movimiento Familiar Cristiano que la dio en adopción.

María Belén siempre supo que era adoptada y en 2005 comenzó la búsqueda de sus orígenes. El Banco de Datos Genéticos le confirmó su identidad. “Fue el Estado el que secuestró, asesinó, robó nuestra identidad y corresponde que sea el mismo Estado el que ayude en la búsqueda”, subraya Altamiranda, en relación al convenio por las partidas de nacimiento. “Lo que nos juega en contra es el tiempo porque queremos que los nietos se puedan encontrar con sus abuelas”, subraya Belén, que conoció a sus cuatro abuelos.

“La identidad es todo. Es encontrar los pilares de los comienzos, es saber la verdad, lo que pasó, quiénes fueron tus padres. Colaboro con Abuelas para que haya memoria, para que se cuente y se sepa. La palabra desaparecido es tan fea… Pero mientras los recordemos van a estar. Algo que aprendimos de las Abuelas es que nada es con rencor ni con venganza. Solamente pedimos la justicia que no tuvieron con nuestros padres”.