Las 29 parlamentarias negras y mestizas en Brasil, una minoría en un Congreso conservador

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Veintinueve mujeres que se definen como negras y mestizas estarán en el Congreso Nacional de Brasil y tratarán de hacer contrapeso en un Parlamento que, después de las elecciones del pasado domingo, será más bolsonarista que nunca. La mayoría de ellas surgieron de los movimientos sociales antirracistas y feministas y estarán representando a sus Estados en Brasilia en un momento en el que las políticas afrodescendientes han tomado visibilidad en el continente con la llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia.

Los datos del Supremo Tribunal Electoral brasileño indican un aumento del 18% de mujeres diputadas federales elegidas en relación a las elecciones de 2018. En total, serán 91 mujeres —58 de ellas blancas, además de las 29 negras y cuatro indígenas— en la Cámara de Diputados frente a 422 hombres. En el Senado, la cámara de la representación de los Estados, se quedó igual que en 2018, con 14 mujeres —y solo una de ellas se identifica como negra o “parda”—frente a 67 hombres.

“Con más de nosotras electas es posible construir la transformación social”, dijo la vicepresidenta de Colombia en julio pasado durante una visita a Río de Janeiro a un grupo de mujeres negras brasileñas candidatas a cargos legislativos. En Brasil, las mujeres negras tienen una larga una trayectoria en movimientos sociales. Es una generación, la de Marielle Franco, la política asesinada a tiros en 2018, que continúa las luchas de sus antecesoras, que en la década del 70 se organizaron para defenderse y denunciar la discriminación por género y raza.

“El movimiento negro brasileño y en especial los movimientos de mujeres negras instalaron el debate de la desigualdad racial en la agenda política del país. A partir de los años 2000 tuvo resultados positivos”, dice Marcilene García Souza, investigadora sobre relaciones raciales y profesora del Instituto Federal de Bahía.

En los Gobiernos de Luiz inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff, entre 2003 y 2016, la agenda de la equidad se fue consolidando. El Estatuto de la Igualdad Racial (2010) fue un paso para cambiar el imaginario colectivo brasileño. “La ley de cuotas raciales, aprobada en 2012 es la acción afirmativa más osada de nuestra historia porque le dio otro color a la universidad brasileña. Garantizó oportunidades a nuestra juventud pobre y negra”, dice la diputada federal negra Benedita da Silva de 80 años, recién reelecta. En 2021, ella presentó una propuesta para extender el plazo de vigencia de esta ley de cuotas raciales en la educación superior.

El impulso de Marielle Franco

En 2018, el asesinato de Marielle Franco fue tomado como un ataque al conjunto de símbolos del colectivo de mujeres negras. Sensibilizó a la opinión pública progresista y germinaron más activistas negras que buscaban espacios en la política. El Instituto Marielle Franco y el colectivo de Mulheres Negras apoyaron a 27 candidatas a cargos legislativos en todos los Estados brasileños, que también renovaban sus legislativos.

Una de ellas fue Luciene Kalunga, negra y quilombola – descendiente de comunidades de esclavos que resistieron el hostigamiento del período colonial. Buscó ocupar un escaño en la Asamblea Legislativa de Goiás, en el centro-oeste de Brasil y cuya política es tradicionalmente conservadora, pero no lo consiguió. De los 41 diputados de su Estado solo tres son mujeres y ninguna negra.

Luciene vive en el territorio quilombola Kalunga, de unas 261.000 hectáreas, el más grande del país y con 39 núcleos rurales. Consciente de las amenazas a la agricultura de subsistencia familiar, pide que las propuestas legislativas se construyan en conjunto con las familias agricultoras y aboga por la regularización de las tierras. “Vamos a seguir trabajando por nuestra supervivencia”, advierte, pese a su derrota el pasado domingo. En Brasil, el proceso de titularidad de tierras de las casi 4.000 comunidades quilombolas es limitado, principalmente en los últimos años. Según la abogada Andrea Gonçalves Silva, de la Asociación del Quilombo Kalunga, 199 territorios fueron beneficiados con 298 títulos hasta agosto de 2022.

Carol Dartora, concejala negra de la ciudad de Curitiba acaba de ser electa diputada federal por el Estado de Paraná y el PT. Profesora de historia, Dartora conoció el Movimiento Sin Tierra de la mano de su abuela. Ahora, desde la política en Brrasilia, planea nuevos proyectos de ley “a favor de la equidad racial y de género” porque, según dice, pese a la reciente aprobación de una enmienda constitucional que amplió la distribución de fondos de financiamiento de campaña para garantizar mayor participación de candidatas mujeres y personas negras a cargos legislativos, aún existen desafíos de representatividad igualitaria.

La diversidad racial y de género también es un desafío en las Asambleas Legislativas de los Estados como el de Río de Janeiro. Renata Souza, legisladora reelecta por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), creció en las favelas del Complexo da Maré, como Marielle Franco. La doctora en Comunicación, que durante la campaña apeló a su colectivo —mujeres de comunidades, madres, trabajadoras y personas LGBT– será una de las seis diputadas negras de un total de 70 bancas en el poder local.

“Lo que más quiero combatir es el racismo y la violencia del Estado contra el pueblo favelado”, dice Souza. Enfrentar la violación de derechos humanos en operaciones policiales en favelas es su prioridad de agenda. La diputada estatal ya tiene experiencia en ello. Es patrocinadora de la Ley Ágatha, aprobada en 2021 e inspirada en el asesinato de una niña que fue baleada a los 8 años cuando iba al colegio durante una operación policial en el Complexo do Alemão. La ley prioriza la investigación policial de muertes de niños y adolescentes.

Según un informe del colectivo Mulheres Negras Decidem, desde 2018, 51 parlamentarias federales y estatales negras y mestizas presentaron entre 2019 y 2022 más de 8.000 propuestas legislativas que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, para combatir el racismo, fortalecer la salud pública o el derecho a la educación. Una de estas propuestas la patrocinaron una diputada federal negra, Talíria Petrone y una indígena, Joenia Wapichana en 2019. El proyecto establece directrices de políticas públicas para el desarrollo sustentable de pueblos y comunidades tradicionales. En aquella oportunidad, líderes indígenas reconocieron esta iniciativa de ley como el resultado de mucha resistencia porque quieren afianzarse en sus territorios.

Joenia Wapichana no fue reelecta diputada federal. En Brasilia habrá cinco indígenas en el Parlamento, entre ellas, cuatro mujeres. “Sigo con la cabeza erguida, con la conciencia tranquila y el corazón fuerte para construir una política transparente y comprometida con el bienestar colectivo de los pueblos indígenas y de la población del Estado del estado de Roraima”, escribió en sus redes esta semana.

Como ella, una nueva ola de mujeres negras e indígenas está buscando incidencia política en diferentes esferas, atentas al rol que les toque cumplir. Desde los movimientos sociales hasta los parlamentos estatales y el Federal quieren que su voz, más conectada a la comunidad y a la tierra, se escuche en Brasil.