Los retos de la cultura en el Gobierno de Petro

La administración de la cultura es de una inmensa complejidad. Por lo general se le asocia como una cartera menor dentro de la administración del Estado. Nada más lejos de la realidad. Esta es de una importancia capital en un país que, además, es potencia pluriétnica y multicultural, como lo reconoce la Constitución Nacional de 1991. Quien asuma la dirección del Ministerio de Cultura deberá tener conocimientos técnicos en arte, cultura y patrimonio, con demostrada experiencia en el manejo de lo público -que ya es un reto en sí mismo-, así como una amplia capacidad de negociación que le permita incidir en el diseño del Presupuesto General de la Nación (PGN). Ello, si quiere contribuir a saldar la deuda histórica con este sector, que ha sido de los más olvidados por el Estado.

Cuando hablamos de cultura nos referimos a un territorio creativo y productivo de una diversidad muchas veces inabarcable. Por mencionar solo algunas áreas, hablaremos de las artes en general, que incluyen las escénicas —teatro, circo, música, danza, magia—, las plásticas —pintura, escultura, cerámica, etc.— y las visuales —fotografía, videoarte, cine, etc.—. La cultura también está conformada por la literatura y los oficios asociados al libro, los nuevos medios digitales y de comunicaciones, la arquitectura, la artesanía, así como las manifestaciones y expresiones populares -fiestas, festejos, carnavales, oficios tradicionales, etc.-. De igual forma, abarca todo aquello cuya declaratoria lo certifique como patrimonio material, inmaterial y/o natural: desde complejos arquitectónicos de todas las épocas, pasando por expresiones intangibles diversísimas (como la partería, las cocinas tradicionales, las lenguas o las danzas), hasta paisajes naturales sin los cuales no podrían entenderse las dinámicas socioculturales de nuestros pueblos.

La administración de la cultura también debe considerar que existen instituciones neurálgicas, muchas veces conformadas por redes territoriales o nacionales, como museos, bibliotecas, escenarios artísticos, fondos, instituciones formativas e institutos de investigaciones. Y que, en todas ellas, deben crearse y fortalecerse sistemas de información que se modernicen y actualicen de manera continua. Ello, para favorecer la toma de decisiones, pero también para ir transitando hacia la transparencia y la participación ciudadana que exigen los modelos institucionales de gobierno abierto en las democracias progresistas del siglo XXI.

Quien se adentre en las complejidades de la administración pública de la cultura debe tener clara la importancia de la formulación de planes de cultura y planes sectoriales que buscan caracterizar, diagnosticar y plantear acciones específicas que permitan atender las necesidades del universo cultural desde el ámbito nacional, municipal y/o distrital, con enfoques poblacionales y territoriales. Estos planes, construidos por la ciudadanía idealmente con el apoyo técnico de los Consejos de Áreas Artísticas, órganos de participación sectorial nacionales y territoriales, deben ser impulsados también por el Ministerio de Cultura y los entes de cultura de cada departamento, municipio y/o distrito. No se puede perder de vista la importancia del acompañamiento a los entes territoriales y a la ciudadanía, también, en la formulación de los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) del patrimonio material existente en todo el territorio nacional, así como en los Planes Especiales de Salvaguardia (PES) para las manifestaciones patrimoniales inmateriales. Ambos son instrumentos de gestión que buscan preservar nuestra riqueza patrimonial y que requieren de un inmenso trabajo ciudadano e institucional que debería incluir, siempre, una inversión económica.

Existe una batería legislativa que se ha ido ampliando desde la Ley 397 de 1997 (la Ley General de Cultura) hasta hoy con las últimas apuestas hechas por el presidente Duque para impulsar las industrias culturales y creativas a partir de la inversión privada. Es imprescindible también conocer este otro mundo, porque aquí están las claves de lo que hay y de lo que falta, de lo que funciona y de lo que puede mejorarse. Así mismo, es vital desarrollar apuestas legislativas, dotadas siempre de presupuesto, que de verdad garanticen el derecho fundamental de la ciudadanía a gozar de una vida cultural de calidad, a la vez que garanticen unos mínimos laborales para los trabajadores de la cultura, que viven en condiciones de extrema precariedad e informalidad. Se debe tener en el radar la existencia y la falencia de políticas públicas nacionales y territoriales, ojalá con enfoque de género y de paz, así como el fomento de los distintos oficios y disciplinas artísticas, culturales y patrimoniales, muchos de ellos hoy en riesgo.

Quien se arriesgue a tomar las riendas de la cultura en nuestro país deberá saber que hay actividades económicas conexas al sector, como el turismo, las TIC, las ciencias y, por supuesto, la educación con las que se debe trabajar de forma muy articulada. Y más aún, si este gobierno busca fortalecer actividades que le permitan hacer el tránsito de economías extractivas hacia economías creativas sostenibles. Y ahí las competencias en cuanto al relacionamiento con el sector privado y con la cooperación internacional también resultan clave.

El panorama de acción que ya existe es vastísimo. Y se amplía aún más si se ponen en consideración las propuestas hechas en el “Pacto Histórico y Cultural”, como se llamó al documento avalado por los entonces candidatos, Petro y Francia, en el que participaron más de 1.500 personas de distintos nodos territoriales. Este articula múltiples propuestas a partir de ocho ejes de trabajo, partiendo de la deuda histórica que se tiene con la cultura y proponiendo formas en que la ciudadanía considera que puede saldarse. Los ocho ejes se centran en la apuesta territorial por generar procesos en torno a la cultura de paz, que incluya el reconocimiento de los saberes ancestrales en cada región, así como la inclusión de la educación artística en el currículo desde la primera infancia y en la formalización del profesorado. Enfatiza en la necesidad de desarrollar productos culturales innovadores para distintas plataformas, en reconocer la participación de los grupos poblacionales -centrándose en la financiación de proyectos para jóvenes y mujeres-, y en la promoción de las autonomías culturales territoriales. También propone el mejoramiento de la infraestructura y la dotación, así como en la necesidad de mantener los monumentos y de crear contramonumentos. En cuanto a las políticas y modelos de gobernanza cultural, el documento aboga por la descentralización institucional y la formulación de planes con enfoque intergeneracional. También ofrece varias estrategias de intercambio y movilidad de artistas, y de cualificación de la asociatividad para fomentar las economías creativas. En cuanto a las políticas públicas, se pone en el centro la necesidad de reformar el funcionamiento del recaudo y la legislación existente (Ley de Cultura y Ley Naranja), y sugiere la creación del Fondo Nacional para las Artes, así como de un sistema de seguridad social para los trabajadores de la cultura más vulnerables.

En estos momentos de apertura al diálogo con otros partidos, valdría la pena invitar a los expertos que crearon el programa de cultura del excandidato Fajardo, dado que hay propuestas de calado en cuanto al fortalecimiento institucional que sería importante considerar como parte de las acciones a desarrollar en este nuevo gobierno.

Quien asuma el reto de dirigir la cartera de cultura deberá establecer prioridades, valorando lo que existe, lo que se ha hecho, lo que falta y lo que se ha prometido, sobre todo porque en cuatro años será muy difícil atenderlo todo. Y más si se tiene en cuenta que tanto el presidente y la vicepresidenta electos han hablado de que este será un gobierno con enfoque territorial. Compleja labor: en 2022, al Ministerio de Cultura se le asignó un presupuesto de inversión que no superó los 400 mil millones de pesos, es decir, el 0,57% del PGN en inversión, que fue de $69,6 billones. Esta cifra es irrisoria cuando se habla de atender a uno de los sectores que, según el DANE, fue de los más afectados por la pandemia. Y lo es más si se compara con el presupuesto para Educación, que para este año fue de $49,5 billones; el de Defensa y Policía, al que le fueron asignados $42,6 billones; el de Salud y Protección social, con $41,9 billones; el de Trabajo, con $34,7 billones; o el de Inclusión Social y Reconciliación, que tiene $23,2 billones. El enfoque territorial, además, tiene otro reto enorme más allá del económico, y es el de la priorización: entre Bogotá, Antioquia y Cauca en este 2022 se repartieron casi un cuarto de la inversión del PGN.

Quien sea el/la responsable de la cartera de cultura deberá tener un mapeo muy certero de las necesidades regionales y sectoriales, y saber enfocar las prioridades, atendiendo especialmente poblaciones y territorios. Y deberá negociar un presupuesto de inversión digno para la cultura, participando activamente en el diseño del PGN del gobierno entrante que, suponemos, tendrá enfoque de género.

El discurso del nuevo gobierno gira en torno a que Colombia será potencia mundial de la vida. Para ello, la contribución de la cultura será definitiva y deberá estar en el centro de las políticas económicas y sociales pues, como bien sabemos los artistas de este país, quien empuña un instrumento musical, un pincel o un cincel; quien a fuerza de poesía manifiesta su inconformismo, sus más profundos deseos; quien baila y canta para expresar sus más íntimas pulsiones, dificilmente podrá empuñar un arma. La cultura es la esencia de nuestra vida en común, es el legado de nuestros ancestros, es la esperanza, aquello que, en últimas, nos redime y nos salva.

*Exdirectora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena