El trabajo cultural en Colombia merece ser reconocido

La cultura, además de ser un derecho consagrado en el Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), es un bien esencial para cohesionar la sociedad. Es patrimonio común que contribuye a restituir el tejido social luego de procesos de violencia prolongada. La cultura es, también, fuente de disfrute, así como una necesidad básica para el sustento de la salud física, emocional y mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por estos y otros motivos ocupa un lugar central en la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y constituye uno de los ejes transversales orientados a garantizar un desarrollo inclusivo y equitativo. Además de todo esto, que ya es mucho, si la entendemos como sector productivo, la cultura está conformada por una cadena de valor que agrupa 103 actividades económicas, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), aunque los oficios y profesiones asociadas sean muchas más. A pesar de esa profusión de actividades, se habla muy poco del trabajo cultural. De hecho en Colombia, como en tantos otros países, ni siquiera se ha incorporado ese término al lenguaje institucional.

La UNESCO habla de Economía Creativa, para referirse a la convergencia de “las artes, la cultura, el comercio y la tecnología”. En Colombia, el Gobierno del presidente Duque utiliza el término Economía naranja en consonancia con la propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta agrupa distintos subsectores: arte y patrimonio, industrias culturales y creaciones funcionales asociadas a la propiedad intelectual. Pese al entusiasmo con el que el Gobierno habla de esta y a los grandes esfuerzos que, reconocemos, ha hecho para incentivar la inversión privada en este sector, la Economía naranja como concepto tiene déficits y límites relacionados, entre otras, con la exclusión de diversos eslabones de la cadena del trabajo cultural, desde la formación y la creación hasta la recepción por parte del público, pasando por la formalización y la circulación. Muchos de estos eslabones son actividades precarias que sobreviven en el ámbito de la economía sumergida y que, sin embargo, son esenciales para que haya vida cultural y que, en consecuencia, la ciudadanía pueda disfrutar de ella.

La mayoría de los trabajadores culturales ha vivido y vive –ahora más que nunca, luego del confinamiento– situaciones de extrema vulnerabilidad. La intermitencia, precariedad y desvalorización económica del trabajo cultural, así como las dificultades para acceder a condiciones dignas de profesionalización y del cuidado de la vida reflejan la desigualdad estructural que hay en el sistema económico. ¿Por qué no se le otorga el mismo estatus al trabajo que realiza un profesional desde una oficina que al de una cocinera tradicional, un bailarín o una fotógrafa, un luminotécnico o un sonidista, una escritora o un editor cuando, sin embargo, necesitamos a toda la cadena valor, y su quehacer contribuye a nuestro bienestar, a nuestro deleite?

La llamada Economía naranja o Economía creativa, pese a los límites ya señalados, aporta según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) el 3% del PIB mundial; genera movimientos por valor de 2,25 billones de dólares anuales y 30 millones de empleos. En Colombia, los datos del Quinto Reporte de la Economía Naranja (2021) son similares: entre 2014 y 2020 esta también aportó el 3% al PIB nacional. Resulta tan significativa, que en la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas, la UNESCO declaró 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible bajo la premisa de que “la creatividad es también un recurso renovable, sostenible e ilimitado que podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Mientras nos enfrentamos a la crisis climática y a la pandemia, su potencial para impulsar un desarrollo inclusivo centrado en el ser humano nunca ha sido más relevante. La creatividad es la industria del mañana”.

Los candidatos presidenciales y el nuevo Congreso de la República deberían tomarse muy en serio esta cuestión, y aprovechar la riqueza cultural de Colombia, fuente inagotable de creatividad en este vasto territorio nacional. Las acciones del nuevo Ejecutivo y del legislativo podrían orientarse a que Colombia llegue a ser, en 2030, una potencia mundial de la diversidad artística y cultural, entre otras, a través de la internalización de las pequeñas, medianas y grandes industrias -que ya existen-, así como por medio de la profesionalización y la formalización de tantísimos emprendedorxs y gestorxs culturales que se rebuscan en todas las regiones del país. Para lograr esa meta hace falta empezar por garantizar el derecho al trabajo cultural digno en toda la cadena de valor.

Durante 2020 y 2021, a través de la plataforma “Soy Cultura”, lxs técnicxs de Fomento Regional en el Ministerio de Cultura adelantaron una sencilla caracterización de lxs trabajadorxs culturales en el país. Se registraron 90.133 personas de 33 departamentos y ciudades capitales, y 1100 municipios. Los datos recopilados confirman lo que ya sabíamos: la desigualdad y la precariedad de este sector es tan patente que, respecto al régimen pensional, por ejemplo, el 50,04% manifestó no tener ningún tipo de cobertura, mientras que el 11,08% cotiza en Colpensiones y el 21,16% está en fondos privados. El resto, que es casi un 20%, no sabe/no responde. Referente al régimen de salud, el 42,29% pertenece al régimen contributivo, siendo el 67,46% cotizante y el 32,38% beneficiario. Por su parte, el 40% tiene cobertura del SISBEN y el 16% restante no la tiene. De las 70.547 personas que manifestaron percibir ingresos por su quehacer artístico y/o cultural, únicamente el 60,5% tiene Registro Único Tributario (RUT). Y ésta es tan solo una fotografía parcial del mundo sumergido de la cultura.

Otro de los aspectos que hay que analizar si se quiere dignificar el trabajo de la cultura y llegar a ser una potencia cultural en el mundo tiene que ver con la igualdad de género. Fedesarrollo (2019) mostraba que en Colombia el 50,8% de lxs trabajadorxs de la cultura eran independientes y el 49,2% asalariados. De ellos, el 39,7% eran mujeres y el 60,3% hombres. Sin embargo, la pandemia ahondó en la desigualdad y amplió el abismo de género, dado que los cuidados recayeron sobre ellas, como lo muestra el más reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este auguraba que a mediados de 2021 solo el 43% de las mujeres en el mundo podrían acceder a trabajos remunerados fuera de casa. En el portal de noticias de Naciones Unidas se advierte que “la pérdida de empleos debido a la pandemia afectó de forma desproporcionada a las mujeres y la etapa post covid-19 no cambiará el panorama”. Estos datos, que deberían ser actualizados de manera continua, muestran la urgente necesidad de políticas de Estado y de presupuestos con enfoque de género, también en el ámbito de la cultura, que promuevan la corresponsabilidad y posibiliten la conciliación de la vida familiar con la profesional, evitando que sean siempre las mujeres las que deban ocuparse de los ciudadanos, renunciando a su derecho de acceder al trabajo remunerado.

¿Qué camino seguir?

En enero de 2020 se constituyó la Mesa Amplia por el Arte y la Cultura – MAAC- durante las jornadas del Paro Nacional en la que confluyeron organizaciones de base, representantes del sector cultural y equipos de trabajo de algunos congresistas. Se construyeron 14 propuestas para mejorar las condiciones de lxs trabajadores de la cultura. Destacamos, en especial, la creación de la Ley del Artista.

En consonancia con el clamor popular, el próximo presidente de Colombia, a través del Ministerio de Cultura, podría iniciar su mandato trabajando de manera conjunta con todas aquellas bancadas del Congreso que consideren que la cultura es un bien esencial para la vida y un renglón económico fundamental, propiciando la creación del Estatuto del Trabajo Cultural. Este podría convertirse en una causa colectiva para el Ejecutivo y el legislativo en pro del bien común.

En este sentido, estudiar el caso de España podría resultar útil. En 2021 fue aprobada, en el Congreso de los Diputados, la Creación de la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista (Real Decreto 639/2021, de 27 de julio), que ya ha dado sus primeros frutos legislativos (Real Decreto 5/2022, de 22 de marzo). Estos aportes se concretaron luego de un amplio proceso de comparecencias y entrevistas con diversos profesionales de la cultura, incluidos sindicatos, que tuvieron lugar entre 2016 y 2018.

Con estas informaciones sobre la mesa, el Congreso español aprobó un informe que hacía un diagnóstico profundo del sector, identificando desafíos comunes en los distintos subsectores del universo de la cultura: 1) Problemas laborales relacionados con la precariedad, la intermitencia de los ingresos y la legislación que no está adaptada a la realidad de lxs trabajadorxs de la cultura, entre otros. 2) Asuntos fiscales, es decir, cómo pagar y tributar desde las necesidades y la realidad de lxs trabajadorxs culturales, que es muy particular. 3) Seguridad social entendida como acceso a prestaciones, ayudas, permisos de maternidad y paternidad, desempleo, jubilación, etc.

El proceso de creación del Estatuto del Artista tiene muchos aspectos interesantes, uno de ellos, que está siendo capaz de producir y de hacer realidad el diálogo institucional entre el Congreso y los agentes culturales, en toda su diversidad, para promover un nuevo paradigma. Según éste, la cultura es un trabajo que merece los mismos derechos y oportunidades que el resto de las actividades profesionales, y se asume también como un pilar socioeconómico equivalente a la salud y al medio ambiente, entre otros.

En Colombia, la creación de un Estatuto del Trabajo Cultural supondría una respuesta política contundente a los diálogos propiciados por la sociedad civil en 2019. Además de un hecho histórico de gran relevancia también implicaría la dignificación de oficios, muchos de ellos ancestrales, que redundaría en beneficios económicos para tantísimas comunidades olvidadas, así como el reconocimiento de que desde siempre ha habido millones de personas invisibilizadas trabajando para que el resto de la ciudadanía pueda gozar de sus derechos culturales. En la medida en que se fortalezcan las condiciones de producción de la cultura mayor será la calidad y la potencia de nuestros productos y servicios que, hay que recordarlo, son un activo, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Hoy más que nunca es vital enfocar los esfuerzos ejecutivos y legislativos hacia la dignificación de la cultura. Pensemos, por un momento, en qué habría sucedido con la salud mental en el mundo si, durante la pandemia, hubieran desaparecido los libros, la música, el cine, las series, en suma, todo aquello que se gesta en la matriz de la cultura. Qué habría pasado, en pleno confinamiento, sin los juegos analógicos o digitales con que lxs niñxs se entretienen, refuerzan sus lazos afectivos y aprenden nociones de la democracia. Qué sucedería, hoy, en plena recuperación de la vida en común, si por algún motivo se detuviera la producción cultural y perdiéramos el acceso a ella. El disfrute cultural no es algo superfluo. Su continua devaluación social y económica supone una pérdida incalculable, tanto individual como colectiva, que no podemos seguirnos permitiendo ni lxs trabajadrxs culturales ni la ciudadanía en su conjunto.