Scott Campbell: “He encontrado un pueblo con un miedo profundo”

El estadounidense e irlandés Scott Campbell (Nueva York, 61 años) aterrizó en Colombia en abril pasado para asumir como representante en el país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lleva 30 años trabajando en defensa de los derechos humanos, buena parte de ellos en África, en países como la República Democrática del Congo o la República Centroafricana. En sus ocho de mandato en el país sudamericano, ha monitoreado la situación humanitaria en el terreeno en al menos 14 de los 32 departamentos de Colombia, incluyendo aquellos donde la guerra golpea con más fuerza, como Cauca, Putumayo o Guaviare. Campbell recibe a EL PAÍS en la sede de su oficina en Bogotá, en la primera entrevista que concede desde su llegada a Colombia. Condena los bombardeos del Gobierno de Donald Trump a embarcaciones en el Caribe, reconoce los esfuerzos del Gobierno Petro para mejorar la situación humanitaria y alerta de que los homicidios a defensores de derechos humanos siguen siendo alarmantemente altos. Dice que, en las regiones colombianas, ha encontrado un pueblo con un miedo profundo.

Pregunta. ¿Cuál es la posición del organismo de la ONU para los derechos humanos sobre los bombardeos del Gobierno de Donald Trump a embarcaciones en el Caribe que acusa de narcotráfico?

Respuesta. Es muy clara: son ataques completamente inaceptables. No tienen justificación en el derecho internacional. Deben parar. El Gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de hacer investigaciones serias, independientes, para determinar lo que ha pasado y eventualmente juzgar a los responsables. Tiene que cumplir la ley internacional, la Ley del Mar o sus obligaciones en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que la familia de una de las víctimas ha llevado el caso.

P. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Alto Comisionado Volker Türk han señalado que la política de drogas y la lucha contra el narcotráfico deben respetar los derechos humanos. ¿Colombia va por buen camino?

R. Va en esa dirección, con muy buenas intenciones. Creo que el Gobierno muestra su compromiso para integrar un enfoque de derechos humanos en la política nacional de drogas y ha mostrado un liderazgo internacional en este ámbito, ante en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, también en Viena [sede de la Oficina de la ONU contra la Droga y Delito]. En lo interno hay hechos concretos: hay un enfoque sobre el derecho a la salud, más que sobre criminalizar o castigar, y otro sobre el impacto en el medio ambiente. Al mismo tiempo, siempre hay brechas en la implementación. Por ejemplo, el programa de sustitución de cultivos ilícitos tiene base de derechos humanos, pero desafortunadamente falta financiació. Además, para cambiar de cultivos ilícitos a cultivos lícitos necesitamos un enfoque más holístico, porque sin seguridad, si la gente que está cultivando [coca] puede estar de acuerdo con cambiar sus cultivos, pero hay grupos armados no estatales que les están diciendo que no. Es muy difícil que esta transición sea sostenible.

P. ¿Ha identificado que eso está ocurriendo en los territorios?

R. Sí. Hay mucha presión de los grupos armados no estatales, que toma formas diferentes y es muy difícil para los cultivadores. Cuando no hay este enfoque holístico, cuando no hay un apoyo de la institucionalidad, de la fuerza pública, no hay un entorno para que esta transición sea segura.

P. ¿Cuál es su posición sobre la decisión del Gobierno Petro de reactivar los bombardeos para enfrentar los grupos armados?

R. Lo primero que hay que considerar en este cambio en la política son los niños, los menores de 18 años, y el impacto sobre ellos. Para nosotros, el punto de partida es que son víctimas. En casi todos los departamentos que he visitado he escuchado testimonios sobre las múltiples formas en las que los niños, las niñas y adolescentes son victimizados, incluyendo el reclutamiento. Este es el corazón del problema: que hay menores siendo reclutados por grupos armados no estatales. Es un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma, la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley interna. Los grupos armados están robando el futuro de Colombia. Después, las niñas y algunos niños son víctimas de violencia sexual, son utilizados como escudos, los grupos les envían al frente, son utilizados en el tráfico de drogas, como servicio de inteligencia. Son múltiples violaciones de sus derechos. En paralelo, no están en la escuela, una violación de su derecho a la educación; no tienen acceso a servicios de salud. Para nosotros eso es una prioridad. Apenas unos días después de mi llegada fui a Santander de Quilichao [norte del Cauca] y Jamundí [sur del Valle del Cauca] y el impacto en las comunidades indígenas es muy grave. También en el Chocó con comunidades afrodescendientes.

P. El Gobierno ha justificado las muertes de menores de edad en esos bombardeos con el argumento de que al ser combatientes pierden la protección internacional. ¿Cuál es su valoración sobre eso?

R. Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH) efectivamente pierden su protección. Pero hay otro marco en la ley internacional, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que se aplica siempre y que señala que el Estado debe dar prioridad al interés superior de los niños, en cualquier contexto. El derecho a la vida, a no ser torturado, a no ser víctima de violencia sexual, son derechos fundamentales que los niños no pierden ni siendo combatientes. Es complicado, porque los dos marcos de la ley internacional coexisten. El Gobierno tiene que hacer todo lo posible por que los menores de 18 años sean protegidos durante cualquier acción militar, debe aplicar los principios de precaución y de proporcionalidad.

P. ¿Han tenido alguna comunicación con el Gobierno sobre estos bombardeos?

R. Informalmente sí, con el ministro de Defensa, y hemos pedido una reunión formal. Ellos dicen que están siguiendo el DIH al pie de la letra. Nosotros no tenemos la capacidad para hacer un análisis caso por caso. Menos este año, que ha sido terrible para nosotros: hemos tenido que terminar los contratos de 46 profesionales del equipo, lo que nos ha dejado a la mitad de la capacidad, por los recortes en financiación de Estados Unidos y también de otros donantes europeos, que han disminuido sus aportes. En general hay una transición de fondos de asistencia humanitaria de esta región hacia Ucrania y los presupuestos de defensa.

P. Según los datos de la entidad a su cargo, ¿Las masacres y los homicidios a líderes sociales han aumentado o disminuido en los últimos tres años?

R. Hay diferentes tendencias. En cuanto a masacres, han caído a la mitad entre los 98 casos que verificamos en 2023 y los 47 casos de este año, hasta finales de noviembre. Hay que anotar que este año hemos perdido capacidad de verificación durante los últimos meses, por la disminución del personal. En el caso de los asesinatos de defensores de derechos humanos, aunque hay una disminución ligera, sigue siendo un nivel altísimo, es una estadística muy triste que Colombia encabeza a nivel global [69 casos verificados hasta finales de noviembre, de 198 denuncias recibidas]. En cada misión que hacemos a las regiones escuchamos estas historias: el 2 de diciembre fuimos al Cesar y dos días antes había sido asesinada una mujer wiwa [Elizabeth Mojica], profesora, que luchaba contra la violencia sexual. La tasa es inaceptable, y eso que nuestra metodología es muy estricta y nuestras cifras son más conservadoras que las de fuentes como la Defensoría del Pueblo y varias oenegés colombianas.

P. ¿Qué otros hallazgos arroja ese monitoreo?

R. Hay una disminución importante en los asesinatos por parte de la Fuerza Pública: este año hemos recibido 20 denuncias, una cifra considerablemente menor [33 denuncias en 2024 y 37 en 2023]. Es un avance. Trabajamos mucho con el Ministerio de Defensa, con la Policía, con los servicios de inteligencia, algo que es muy raro en el mundo. En muchos países es impensable que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos trabaje con los serrvicios de intelifencia.

P. ¿La política de paz total, por la que el Gobierno instaló mesas de negociación con más de una decena de grupos armados, ha mejorado la situación humanitaria?

R. En algunos casos sí. Por ejemplo en Nariño, donde hay un proceso más avanzado [con los Comuneros del Sur], tal vez en Putumayo. Pero en general, desafortunadamente vemos es un control físico y territorial muy fuerte de los grupos armados, que hacen presencia en muchas partes de Colombia en als que el Estado no está. Y en muchos lugares donde están estas mesas de negociación hay preocupaciones por la participación de la sociedad civil en ellas, porque están amenazados por los armados y no pueden participar libremente. En la mayoría de esos esfuerzos no hemos visto cambios en esa presencia, mientras en casi todos los departamentos hemos visto un nivel de miedo profundo. He hablado con líderes de muchos sectores -, docentes, mujeres defensoras, afrodescendientes, indígenas, campesinos-, y hay muchas lágrimas. Alguien en Arauca nos decía: “mi corazón está llenito de miedo”. Eso pesa.

P. ¿Cree que esa política, que se ha aplicado por más de tres años, a la vez ha sido un acierto?

R. Nosotros creemos que el diálogo es el camino para la solución, reconocemos su importancia, pero hay brechas en la implementación en muchas de estas mesas y hay riesgos muy altos para la sociedad civil, para los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos. Valoramos el objetivo, porque la negociación es el camino hacia una paz sostenible.

P. ¿Colombia está poniendo a prueba su capacidad de sorprenderse, pese a tantas décadas en el trabajo humanitario?

R. Bueno, en África el nivel de asesinatos, masacres o violencia sexual es mucho más alto, es otro nivel. Pero cuando estás con seres humanos que están viviendo esta realidad, siempre es alarmante. Más aún en un país como Colombia, que lo tiene todo. En Arauca es impresionante: hay un paisaje increíble, todo es verde, puedes cultivar lo que quieras; en el trayecto ves aves, vacas, piscinas para peces, camiones petroleros (aunque esto tenga dos caras), maíz, plátano... pero es un pueblo con un miedo profundo.