Las embarcaciones bombardeadas por Trump y relacionadas con Colombia: el rastro del ELN y la lancha en el Pacífico

La campaña militar de Donald Trump contra embarcaciones supuestamente implicadas en el narcotráfico ha disparado la tensión en toda la región. El despliegue de la Armada ordenado desde agosto por el presidente de Estados Unidos estaba dirigido hasta ahora, en teoría, contra los cárteles narcotraficantes venezolanos. Pero este miércoles se ha informado por primera vez de un ataque frente a las costas colombianas sobre el océano Pacífico, y no, como los anteriores, en el mar Caribe. El balance es de ocho embarcaciones que han saltado por los aires en operaciones extrajudiciales, de las que las autoridades norteamericanas no han ofrecido más pruebas que los videos que muestran el momento de los bombardeos. En total, al menos 34 civiles han muerto en estas operaciones. El Gobierno de Gustavo Petro sospecha que entre ellos hay varios ciudadanos colombianos. El presidente, uno de los críticos más vocales de ese despliegue militar, también denunció el fin de semana que al menos uno de los ataques en el Caribe ocurrió “presumiblemente” en aguas colombianas.

La de este miércoles es la primera ocasión en la que las autoridades estadounidenses reconocen que el ataque tuvo lugar “frente a las costas colombianas”. En las otras oportunidades habían destacado la proximidad con el litoral venezolano –un país que no tiene costa sobre el Pacífico, solo sobre el Caribe–.

Con esta, al menos cuatro de las ocho embarcaciones atacadas están relacionadas de un modo u otro con Colombia. Una lancha habría salido de Santa Marta con un pescador abordo a mediados de septiembre, según ha dicho Petro. Una de las dos personas que sobrevivieron al bombardeo de un supuesto narcosubmarino era también colombiano. Y el anterior ataque estaba dirigido contra una embarcación relacionada por las autoridades estadounidenses con la guerrilla del ELN, que ha negado ese vínculo.

Petro sospecha que uno de los ataques en el Caribe ocurrió en aguas colombianas, contra un pescador

El presidente de Colombia denunció el sábado que una de las embarcaciones atacadas por Estados Unidos en el Caribe era colombiana, tripulada por un “pescador” y que el ataque “presumiblemente” ocurrió en aguas del país. El mandatario se hacía eco de un informe de RTVC, el sistema de medios públicos, en el que entrevistaban a los familiares del marinero. “La lancha atacada el 16 de septiembre era colombiana, tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, quien estaba allí era un pescador que no ha vuelto a su casa. Alerta a la Fiscalía General de la Nación”, escribió Petro en X.

El reportaje de RTVC se remitía a la segunda lancha atacada por Estados Unidos, en realidad el 15 de septiembre, una operación que Trump anunció con un post en su red social, Truth. En la operación, añadió en su día el republicano en un mensaje lleno de mayúsculas enfáticas, murieron tres hombres, a los que identificó como “narcoterroristas venezolanos”, en aguas internacionales.

Petro declaró el mismo sábado que funcionarios estadounidenses “han cometido un asesinato y violado la soberanía en aguas territoriales”, pues, según aseguró, el pescador que RTVC identifica como Alejandro Carranza no tenía ningún vínculo con el narco. En otros mensajes ha reiterado desde entonces que se trataba de un “pescador humilde”. “Esperamos las explicaciones del Gobierno de los EE UU”, dijo en una de las publicaciones en redes sociales que precedió la enésima crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos. La víspera, en la extensa alocución televisada de viernes por la noche, ya había dicho que había recibido denuncias de familias en la ciudad caribeña de Santa Marta que han reportado a sus hijos como desaparecidos, y que podrían estar relacionadas con los bombardeos de lanchas en el Caribe.

Dos sobrevivientes en un narcosubmarino

El 18 de octubre, Trump había informado en su red social, Truth, de un nuevo ataque en el Caribe. No se trataba de una lancha. “Era un submarino que transportaba drogas, construido específicamente para el transporte de cantidades masivas de drogas”, dijo el mandatario estadounidense. El Pentágono publicó ese mismo día un video del narcosubmarino, que se navega a pocos centímetros bajo la superficie y es bombardeado desde el aire.

El asalto había ocurrido el día 16, como adelantó la agencia Reuters. Dos personas murieron y otras dos sobrevivieron, los primeros desde que EE UU inició con estos ataques. Los hombres, un colombiano y un ecuatoriano, fueron capturados por la Marina estadounidense y luego deportados. Petro se manifestó el día 18: “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”.

El colombiano fue identificado como Jeison Obando Pérez, de 34 años. El ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que el hombre “presuntamente es un delincuente que estaba traficando droga”. Pérez llegó al país en estado crítico y fue internado en el Hospital de Kennedy, en el sur de Bogotá. “Llegó con traumas en el cerebro, sedado, dopado, respirando con ventilador, y fue atendido”, explicó Benedetti. Según el parte médico más reciente, al que ha tenido acceso EL PAÍS, “presenta fractura en la base del cráneo y órbita, así como lesiones intracerebrales, sin evidencias de gravedad”. Aun así, este lunes, “presentó mejoras y se le retiró asistencia respiratoria. Permanece bajo observación y cuidado médico multidisciplinario”, señala el informe.

Por su parte, el ecuatoriano fue identificado como Andrés Fernando Tufiño. El hombre fue liberado, pues la Fiscalía de ese país no encontró pruebas para acusarlo de algún delito, según confirmó una funcionaria del Gobierno andino citada por Associated Press. La agencia tuvo acceso a un documento gubernamental en el que apunta que “no existen elementos de convicción ni indicios que puedan llevar a la autoridad fiscal o judicial a tener la certeza” de que Tufiño haya cometido un delito.

Una lancha vinculada a la guerrilla del ELN

El domingo, en medio del enésimo intercambio entre Petro y Trump, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, un cargo rebautizado como secretario de Guerra, informó en una publicación en X de un nuevo ataque militar en el Caribe, sin autorización judicial ni del Congreso de Estados Unidos. El blanco era una presunta narcolancha que, según su versión, estaba tripulada por miembros de la última guerrilla en armas en Colombia.

“El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos”, escribió Hegseth sin detallar ese vínculo. Los tres ocupantes murieron en el bombardeo que, aseguró, se produjo en “aguas internacionales”.

Fue la séptima embarcación atacada desde inicios de septiembre, cuando Estados Unidos puso en marcha su despliegue militar cerca de las aguas venezolanas. “Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, aseguró Hegseth. También asemejó a las organizaciones de narcotraficantes a los terroristas islámicos: “El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”.

La guerrilla negó el martes las acusaciones de la Secretaría de Guerra. “El Ejército de Liberación Nacional no tiene ni tendrá embarcación alguna vinculada con actividades de narcotráfico, ni en el Caribe ni en ningún otro mar, sencillamente por cuanto está prohibido para sus militantes y estructuras involucrarse en ninguno de los eslabones de este fenómeno”, aseguró un comunicado del comando central.

El ELN nació en 1964 en Colombia, inspirado en la revolución cubana y marcado por una profunda influencia religiosa, pero desde hace años opera también en Venezuela. Muchos analistas la consideran una guerrilla binacional. Human Rights Watch ha denunciado que las fuerzas de seguridad venezolanas han sido sus cómplices, al punto de realizar “operaciones conjuntas”. Aunque negociaba con el Gobierno de Petro en el marco de la política de paz total, esa mesa sigue suspendida después de una feroz arremetida guerrillera en la convulsa región fronteriza del Catatumbo desde comienzos de este año.