La violencia política y la desinformación electoral despiertan preocupación en el Festival de las Ideas
Políticos, empresarios y líderes de la sociedad civil debaten sobre los retos de las elecciones de 2026 en un foro organizado por PRISA Media


Colombia ya está en modo electoral y esto ha sido evidente durante la primera jornada del Festival de las Ideas, un foro de PRISA Media (sociedad editora de EL PAÍS) que comenzó el viernes en Villa de Leyva y que concluirá este sábado. La agenda del encuentro anual de líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil se concentró íntegramente en los comicios de 2026. Precandidatos presidenciales, como Sergio Fajardo o María José Pizarro, se hicieron presentes. Sin embargo, a ocho meses de la primera vuelta, apenas se perciben liderazgos definidos y los programas políticos no fueron parte del debate. La atención de los asistentes, más bien, estuvo en las amenazas que enfrenta el proceso electoral. La violencia política y la desinformación, con desafíos sin precedentes, encabezaron las preocupaciones.
“Colombia sabe hacer elecciones en contextos de violencia, pero ahora vemos una modificación completa de lo que venía pasando desde 2018”, enfatizó la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, durante un panel sobre las amenazas de orden público. Señaló que ahora los objetivos de la violencia no son solo concejales y alcaldes electos en 2023, sino personalidades de muy alto nivel político. Recordó el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, el atentado contra el congresista Julio César Triana y las amenazas a los gobernadores del Caquetá, el Cauca y el Valle del Cauca.

Las dinámicas del conflicto armado, añadió Barrios, están cambiando. Los atentados en Cali en agosto, seguidos de otro en Florencia, evidenciaron que los grupos armados tienen “un accionar militar muy diferente” al que solían tener. Preocupan, además, los constantes secuestros de militares y los ataques con drones contra miembros de la fuerza pública y civiles en municipios pequeños. “Tenemos más de 100 expresiones armadas, ilegales, sin mandos únicos, en cabeza de personas muy jóvenes y sin posturas ideológicas. Eso genera un problema muy serio para entender con quién se habla”, subrayó.
En este contexto, dos panelistas intentaron dar un parte de tranquilidad: el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Policía, Carlos Triana. “Tenemos desplegadas todas las capacidades para proteger el proceso electoral”, dijo el primero. “Estamos preparados para mitigar todos los riesgos (...). Estamos consolidando nuestras capacidades de inteligencia”, aseguró el segundo.

El escepticismo de los demás asistentes fue evidente. La defensora del Pueblo, Iris Marín, comentó que la entidad de derechos humanos que dirige sacará en las próximas semanas una alerta temprana que muestra un panorama “supremamente grave y triste” con vistas a las elecciones. “Es importante que el Estado, y especialmente el Gobierno, lo sepa entender y aceptar”, reclamó. “El Gobierno ha dicho que el 70% del Catatumbo se ha recuperado [frente a los grupos armados], pero eso no es así. La situación es dramática. Si no tomamos los diagnósticos en serio, no vamos a poder controlar los riesgos electorales”, añadió.
El exsenador Roy Barreras, que aún no confirma una candidatura presidencial, expresó su preocupación por los jurados y testigos electorales en un contexto de creciente violencia. “Cuando un ciudadano ve que hay 30 o 40 militares secuestrados, dice: ‘Apague y vámonos. Si secuestran soldados, ¿qué más vamos a esperar?”, recalcó. La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana Fernanda Muñoz, comentó que el Ministerio de Defensa le informó hace unos meses, en una reunión, que enfrentaba recortes de 600.000 millones de pesos (unos 150 millones de dólares). “No hay recursos”, subrayó. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, contextualizó con cifras: “En el primer semestre de 2025, los secuestros se dispararon un 55% y los confinamientos otro 44%”.

La desinformación
Por momentos, la preocupación por la violencia fue de la mano con la desinformación. Tanto el ministro Sánchez como el registrador nacional, Hernán Penagos, recordaron cómo en octubre de 2023 una noticia falsa derivó en que una turba incendiara una sede de la Registraduría en Gamarra (Cesar), acabara con la vida de una funcionaria y dejara a otra en estado vegetativo. “Ninguna entidad del Estado está preparada para la desinformación”, subrayó Penagos.
El debate sobre las noticias falsas también giró entorno a la influencia que pueden tener en los votantes. El experto en mercadeo digital Esteban Guerrero explicó durante un panel sobre bodegas y ataques digitales que la inteligencia artificial ha complejizado la situación. “Producir desinformación es más rápido. Lo que antes se demoraba horas, ahora se puede hacer en cuestión de minutos”, dijo. La vicepresidenta del Senado, Ana Paola Agudelo, recordó cómo hace unos días circuló por las redes sociales una noticia falsa que la señalaba de haber conseguido un puesto para su marido en el Gobierno a cambio de apoyar la elección de María Patricia Balanta como magistrada de la Corte Constitucional.
Produjo especial angustia la situación de La Silla Vacía, un medio de comunicación con una sección dedicada a verificar datos y desmentir noticias falsas. Su directora, Juanita León, señaló que este año perderán el 40% de sus ingresos por un recorte de fondos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y otro de Facebook —este último previsto para diciembre—. “Mark Zuckerberg [el fundador de la red social] le entregó este programa a Donald Trump (...). Se va a acabar en Colombia en plena época electoral”, advirtió. Pidió que los empresarios se comprometan más con la sostenibilidad de los proyectos que contrarrestan la desinformación: “Una vez que los medios se quiebran, se quiebran”.

Un optimismo moderado
Pese a la preocupación por estas dos problemáticas, hubo lugar para un optimismo moderado. El vicepresidente de PRISA, Fernando Carrillo, presentó la Alianza para la Democracia, una iniciativa que articula a varias organizaciones de la sociedad civil para concientizar sobre diferentes retos del sistema político, promover litigios estratégicos y acompañar los procesos electorales. “Esto casi que nace de Hernán Penagos [el registrador], que nos dijo que necesitaba el respaldo de la sociedad civil. Le decimos que vamos a estar a su lado”, enfatizó. La iniciativa incluye a organizaciones como Dejusticia, Transparencia por Colombia, Open Society, Mujeres por la Democracia y la Fundación para la Libertad de Prensa.

Alejandra Barrios, en tanto, se llevó las ovaciones del público al cuestionar sobre el final de la jornada al procurador general, Gregorio Eljach, que había señalado que hay que asegurar que haya comicios el año que viene, lo cual se interpretó como una insinuación de que esto está en duda. “No existe un escenario en el que no vaya a haber elecciones, ni por orden público ni por ningún otro tipo de acción diferente que no sea una catástrofe natural. No existe”, subrayó antes de una ola de aplausos. “Tenemos que detener la desinformación”, concluyó.
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