La llegada de Gregorio Eljach a la Procuraduría marca el fin del poder del expresidente Duque en los órganos de control

El antiguo secretario del Senado, Gregorio Eljach, se posesionará esta semana como nuevo procurador general de la nación. Eljach, ternado por el presidente Gustavo Petro, fue elegido en octubre del año pasado con 95 votos a favor en la plenaria del Congreso. Venció a Luis Felipe Henao, candidato del Consejo de Estado (3 votos), y a Germán Varón Cotrino, postulado por la Corte Suprema de Justicia (2 votos). El nuevo procurador, que tuvo el apoyo de todos los sectores políticos, desde el Pacto Histórico, los partidos tradicionales Conservador, Liberal y la U, hasta el opositor Centro Democrático, reemplazará a Margarita Cabello, quien antes de liderar la Procuraduría se desempeñaba como ministra de Justicia de Iván Duque. Este cambio en la dirección de una de las entidades más importantes del Estado significa el fin del poder del expresidente uribista en los órganos de control del país.

La influencia de Duque no terminó cuando el presidente Gustavo Petro llegó al poder en agosto de 2022. El exmandatario dejó la Casa de Nariño, pero sus alfiles políticos, sus amigos y los funcionarios de su administración siguieron en cargos de liderazgo y ejercieron una fuerte oposición al nuevo gobierno. En la Fiscalía General de la Nación estuvo, hasta marzo de 2024, Francisco Barbosa, compañero de la universidad del expresidente y quien se convirtió en uno de los mayores críticos de Petro. La cabeza en la Defensoría del Pueblo hasta hace pocos meses fue Carlos Camargo, un conservador muy cercano al Centro Democrático, que se ganó la confianza de Duque después de dirigir el Consejo Nacional Electoral. Allí presentó la ponencia que cerró la investigación contra el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, del mismo partido de Duque, por la financiación de su campaña con dinero de Odebrecht.

Cabello, la última ficha de Duque en el organigrama del poder, termina su mandato en medio de denuncias de clientelismo y de usar la entidad para hacerle oposición al presidente. “Vemos con enorme preocupación que se elija en este cargo a una persona que no esté en condiciones de garantizar efectivamente la imparcialidad y autonomía frente al Gobierno”, dijo en 2020 la Misión de Observación Electoral cuando ella fue elegida para el cargo. La exministra de Justicia de Duque fue duramente criticada, por ejemplo, por denunciar rápidamente a funcionarios afines a Petro de participación en política durante la campaña electoral del 2022, pero mantenerse en silencio ante el apoyo indebido que otros funcionarios, como el presidente Iván Duque, dieron al candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Cabello ha sido una dura crítica del Gobierno, lo ha acusado de “desconocer el estado social de derecho”, y esta semana hizo un último pronunciamiento en contra, al solicitarle a la Corte Constitucional declarar la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional por la crisis en la salud, en particular por el aumento en la Unidad de Pago por Capitación (UPC). “El Ministerio de Salud expidió el acto administrativo con presunta indebida y falsa motivación, con base en fuentes de información parciales, con un procedimiento ajeno a las normas (...) El incremento de tan solo el 5,36% del valor de la UPC para 2025, al igual que en 2024, se adoptó sin sustento técnico alguno, en una decisión claramente política, como resultado del archivo en el Congreso de la República de la denominada Ley de Financiamiento, y la necesidad de poner presiones insostenibles para lograr la aprobación de la ambicionada gubernamental reforma al Sistema de Salud”.

Tras la salida del exfiscal Barbosa, del exdefensor Camargo y de la exprocuradora Cabello —los tres muy cercanos a Duque y los tres críticos radicales de Petro— los organismos de control dejarán de ser vistos como las casas políticas del expresidente. Petro, a diferencia de su antecesor, nombró en la Fiscalía y en la Defensoría a dos mujeres que se han destacado por su independencia al Ejecutivo. La Fiscalía quedó en cabeza de Luz Adriana Camargo, una jurista elegida por la Corte Suprema de Justicia y respetada por distintos sectores políticos. Por ahora ha demostrado que sigue a paso firme en las investigaciones en el caso del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), que golpea a Petro. A la Defensoría del Pueblo llegó Iris Marín, escogida por la Cámara de Representantes, quien en los primeros meses también ha confirmado su autonomía y se ha distanciado del presidente cuando este ha usado expresiones machistas para referirse a mujeres periodistas o cuando ha querido a nombrar embajadores señalados de machismo.

El caso de Gregorio Eljach es distinto. Pese a haber sido postulado por Petro, no es un hombre de izquierda, no ha sido cercano al proyecto político del presidente. El nuevo procurador, que viene con el apoyo de muchos sectores políticos del Senado, deberá probar su independencia y autonomía en la entidad encargada de investigar las faltas disciplinarias de los servidores públicos y combatir la corrupción. En una entrevista reciente para la revista Cambio, Eljach buscó marcar distancia frente al Gobierno y frente a los senadores que lo eligieron: “Ahora yo soy el procurador. Y el procurador no tiene jefes”. Además, anunció que la atención a la crisis migratoria, la violencia contra líderes sociales y la protección de los firmantes del acuerdo de paz de 2016 serán su prioridad en los próximos cuatro años.