Margarita Cabello, la procuradora que puso en cuestión su imparcialidad

Desde el primer día en que Margarita Cabello fue elegida como procuradora de Colombia, la institución que combate la corrupción y las faltas disciplinarias de funcionarios públicos, se puso en duda si su criterio sería el más justo. La sospecha no fue un rumor de pasillo sino una denuncia explícita, en agosto del 2020, cuando fue elegida por el Senado. La Misión de Observación Electoral hizo entonces un comunicado lapidario: “Vemos con enorme preocupación que se elija en este cargo a una persona que no esté en condiciones de garantizar efectivamente la imparcialidad y autonomía frente al Gobierno”.

Cabello había sido justo antes ministra de Justicia del presidente Iván Duque, desde el 2019, y cuando arrancó su nuevo cargo en la Procuraduría fue vista como una aliada del gobernante y de otros políticos afines a su carrera. Había sido ternada por el expresidente Álvaro Uribe para la Fiscalía en 2009 y había sido cercana a poderosas familias en el norte del país cuando fue precandidata a la Gobernación del Atlántico.

La noche del martes tomó una decisión que le otorgó más argumentos a quienes temían su falta de imparcialidad. Suspendió durante tres meses al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, un aliado del candidato a la presidencia Gustavo Petro, por presunta participación en política durante la campaña electoral. Quintero había publicado en sus redes un video en que dejaba claro que esperaba que Petro ganara en la primera vuelta, el próximo 29 de mayo, y varios de sus funcionarios se habían ido a trabajar a la campaña del candidato de izquierda.

Los críticos de Cabello no niegan que pueda haber participación indebida de Quintero, pero señalan que la procuradora no ha tomado con la misma determinación y rapidez una medida contra los poderosos que han apoyado al candidato asociado al uribismo, Federico Gutiérrez. Entre esos apoyos indebidos estaría el presidente Iván Duque, el comandante del Ejército o el Ministro de Defensa.

“Si la Procuraduría quiere impartir justicia va quedada en muchos funcionarios, empezando por el presidente y sus ministros”, dijo el candidato que representa al centro político, Sergio Fajardo. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido clara: La Procuraduría no puede suspender a funcionarios de elección popular”, aseguró la congresista del centro Juanita Goebertus.

Antes de llegar a la Procuraduría, Margarita Cabello (Barranquilla, 65 años) era una respetada abogada con una larga carrera en la rama judicial. Desde 1980 empezó su carrera como juez y magistrada en temas de derecho civil y de familia, y fue profesora de derecho en varias universidades del país.

En 2009, sin embargo, se volvió visiblemente más cercana a la derecha política cuando empezó a trabajar como procuradora delegada para Vigilancia Disciplinaria con Alejandro Ordoñez, el entonces procurador. Ordoñez es un político recordado, en parte, por haber destituido en 2013 al entonces alcalde Gustavo Petro, que demandó la decisión, y el caso jurídico terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta última falló en 2020 diciendo que, acorde con la Comisión Americana de derechos humanos de 1969, un funcionario elegido por voto popular no puede ser destituido por un funcionario administrativo como el procurador. La Corte Interamericana ya había fallado con el mismo argumento en otro caso parecido, el del opositor Leopoldo López, inhabilitado en Venezuela por la Contraloría, un órgano de control que fue utilizado de forma política por el chavismo.

“Cabello dice que no está destituyendo sino suspendiendo al alcalde de Medellín, pero esa es una interpretación de mala fe del fallo de la Corte “, explica a El PAÍS el jurista Rodrigo Uprimny. “Una medida cautelar de suspensión también es contraria a lo que ha dicho la Corte, y una interpretación de buena fe es que las restricciones de derechos políticos no las pueden decidir los funcionarios administrativos sino los jueces”. En términos prácticos, una suspensión termina siendo equivalente a una destitución.

En 2020, la procuradora no dejó el fallo contra Petro en manos de los jueces penales. Cuando la Corte Interamericana pidió a Colombia adecuar su ordenamiento jurídico para que los políticos electos no fueran juzgados por la Procuraduría sino por jueces, Cabello promovió una reforma legislativa (Ley 2094 del 2021) que abrió unos 1.200 nuevos cargos en la Procuraduría con supuestas facultades de jueces. “En vez de pedir una reforma que permitiera pedirle a un juez una audiencia para inhabilidad, termina inventando jueces dentro de la Procuraduría, lo que es ridículo e incumple lo que dijo la Corte”, dice Uprimny.

La procuradora también ha sido criticada por revelar un doble rasero con esta decisión contra Quintero, que no es el único funcionario que ha participado en política, incluso parte del Gobierno lo ha hecho, empezando por el presidente Iván Duque. De acuerdo a una investigación del portal político La Silla Vacía, Duque ha hablado en contra de Petro, criticando sus ideas de campaña, en uno de cada tres discursos. Antes de saltar a dirigir la Procuraduría, Cabello había sido funcionaria del Gobierno.

Aunque la Procuraduría no puede investigar al presidente, Cabello sí podría llamarle la atención por intervenir indebidamente en política. Lo hizo antes de las elecciones de 1970 el procurador Mario Aramburo, que llamó la atención al entonces presidente Carlos Lleras Restrepo por intervenir en política contra el candidato de la oposición, Gustavo Rojas Pinilla.

En una entrevista con El Tiempo sobre la intervención de Duque, la procuradora dijo evasivamente que era importante recordar “la importancia de la deliberación pública entre todos los ciudadanos”. Y aunque sí abrió una investigación contra el general del Ejército cuando este escribió en sus redes en contra de Petro, no le suspendió temporalmente como a Quintero, a pesar de que las Fuerzas Armadas no deben deliberar políticamente de acuerdo a la Constitución.

“Lo que han mostrado Ordoñez y Cabello es que la Procuraduría puede ser un órgano que se puede prestar a manipulaciones políticas”, explica Uprimny. La Procuraduría es un órgano de control que, hace más de 100 años, actuaba con funciones penales o en defensa de los derechos humanos, dos funciones que perdió desde la Constitución de 1991 (esas funciones ahora las cumplen la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo). Si los jueces son quienes deben decidir sobre actuaciones graves de funcionarios públicos como la intervención indebida en política, la Procuraduría debe ser vigilante.

Hay otros momentos en los que la procuradora ha actuado, de forma discreta, a favor del presidente Iván Duque. Por ejemplo, cuando el Gobierno hizo unas modificaciones para suspender la Ley de Garantías, que impide a alcaldes y gobernadores firmar contratos públicos en periodo electoral. El caso fue revisado por la Corte Constitucional, que pidió entonces un concepto a Cabello para tomar una decisión. La procuradora fue criticada por enviar el concepto mucho después de que se celebraran las elecciones legislativas de mitad de marzo (se pronunció en contra de la modificación del Gobierno a finales de abril). En ese tiempo se firmaron más de 600 contratos que representan al menos 3,4 billones de pesos, unos 840 millones de dólares.

La paradoja de Cabello es que el suspender a Daniel Quintero en Medellín puede tener políticamente el efecto contrario: fortalecer la candidatura de Gustavo Petro. Los dos políticos han salido a criticar la decisión, que incluso algunos de sus contradictores ven como arbitraria, y han llamado a sus seguidores a apoyar al alcalde de Medellín en manifestaciones públicas denunciando “un golpe de estado”.

“Quizás [Cabello] no midió los efectos políticos de su determinación”, dice el periodista Gustavo Gómez. “Hoy muchos colombianos creen que la exministra de Iván Duque, la procuradora complaciente con el Gobierno, aplicó la ley del embudo y apretó clavijas a uno de los coroneles de Petro, haciéndose la de la vista gorda con las metidas de pata de ministros y militares. Porque una cosa es que su decisión sea jurídicamente correcta y, otra, que haya sido políticamente torpe”.

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