La suspensión del alcalde de Medellín desata una tormenta política en Colombia

La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, ha anunciado la noche de este martes que suspende de manera provisional a Daniel Quintero, el mediático alcalde de Medellín, quien había volcado en las redes sociales su indisimulado apoyo a la campaña presidencial de Gustavo Petro a pesar de la prohibición de participar en política electoral que recae sobre los funcionarios públicos. La más reciente salida de Quintero ha terminado por desatar una tormenta política de enormes proporciones que Petro, el favorito de todas las encuestas, ha llegado a calificar de “golpe de Estado” en desafío del voto popular.

“El cambio en primera”, dice Quintero, al volante de una camioneta, en un corto video que difundió el lunes en Twitter, acompañado de esa misma etiqueta, mientras mueve la palanca del vehículo Ford. El mensaje es un guiño nada sutil a la intención de la campaña del Pacto Histórico, la variopinta alianza de izquierdas encabezada por Petro, de buscar un triunfo definitivo en la primera vuelta del próximo 29 de mayo, para lo que necesita obtener más de la mitad de los votos si quiere evitar un ballotage. Las imágenes estaban acompañadas de la pregunta “¿Quién me sigue?”. Los demás sectores políticos, del centro a la derecha, no tardaron en calificar el video como indebida participación en política, y una prueba más de la estrecha alianza del alcalde con el aspirante presidencial. La Procuraduría tardó 24 horas en anunciar la medida, con un plazo de tres meses, que desata a su turno un intenso debate jurídico.

Los vínculos de Quintero con el petrismo se han evidenciado, entre otras, en varios funcionarios de su gabinete que han renunciado a la alcaldía de Medellín para sumarse a la campaña del Pacto Histórico. La esposa del alcalde, la gestora social Diana Osorio, ha dicho públicamente que va a votar por Petro, aunque sobre ella no pesa la prohibición de hacer proselitismo. La Procuraduría había abierto una investigación contra Quintero por participación en política después de que mostró en una foto en redes sociales que votó en la consulta del Pacto Histórico en las elecciones legislativas de marzo, y este martes ya había anunciado una nueva investigación en torno al video.

La Procuraduría puede “investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular”, dijo la procuradora Cabello, muy cercana al presidente Iván Duque, de quien fue ministra de Justicia, en un mensaje en video. Además de Quintero, la funcionaria anunció la suspensión e investigación contra otros tres funcionarios –entre ellos el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado–, todos por “la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas”. Sin embargo, la suspensión de funcionarios elegidos por voto popular ha sido un punto de litigio que ha llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal ha señalado con claridad que la Procuraduría no debe suspenderlos ni inhabilitarlos, y pidió al Estado cambiar la legislación en ese sentido.

“Golpe de Estado en Medellín”, escribió Petro en Twitter a los pocos minutos de conocerse la noticia, y le pidió a “toda la ciudadanía” y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “defender el voto popular”. “La Procuraduría no puede evadir el mandato popular”, subrayó el candidato. El propio Quintero también habló de un “golpe de Estado” en Colombia. “La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales”, añadió sobre un episodio de consecuencia imprevisibles a escasas tres semanas de los comicios del 29 de mayo. También convocó a la ciudadanía a reunirse este miércoles a las 17.00 horas en la Plazoleta de la Alpujarra, al frente de la alcaldía.

Con su estilo de permanente confrontación, Quintero ha sido un imán de polémicas. Desde que se posesionó hace poco más de dos años, el manejo que le ha dado a las Empresas Públicas de Medellín y al megaproyecto de Hidroituango, en particular, han provocado sucesivas crisis políticas en la ciudad. Desde la propia campaña que lo llevó al poder ha fustigado a los empresarios, e incluso ha llegado a compararlos con los cárteles del narcotráfico en una ciudad que sufrió la violencia y el terrorismo desatados por Pablo Escobar.

Toda la política es local, reza la famosa frase de estrategas estadounidenses. No es la primera ocasión en que la gestión del alcalde de Medellín irrumpe de algún modo en una larga campaña presidencial donde también concurren Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, dos exalcaldes de la capital del departamento de Antioquia, la segunda ciudad más poblada del país después de Bogotá. El dilatado pulso por llevar a las urnas la posibilidad de revocar el mandato de Quintero dividió a los candidatos de las distintas coaliciones y apuntaba a adquirir una dimensión nacional hasta que las autoridades electorales enterraron esa iniciativa.

En una carrera que se inclina a la polarización entre la izquierda de Petro y la derecha de Fico, el respaldo o rechazo al intento de revocatoria era un tema particularmente espinoso para la Coalición Centro Esperanza, que encabeza Fajardo. A pesar de que sus miembros han sido críticos con Quintero, desde el centro no empujaron con decisión los esfuerzos para sacarlo de su cargo, pues estaban liderados por el uribismo, la corriente política creada en torno al expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque.

Tanto en Medellín como en el resto del país, y desde distintas orillas, las denuncias por presunta participación en política han abundado en medio de la polarizada campaña presidencial. Diversos sectores señalan al presidente Duque de haber instalado el mal ejemplo, y congresistas de oposición han radicado varias denuncias en su contra. El senador Iván Cepeda ha señalado que varios pronunciamientos del mandatario “evidencian, con nitidez, su intención de perjudicar electoralmente al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro”.

El episodio más grave se produjo el mes pasado, cuando el jefe del ejército, el general Eduardo Zapateiro, irrumpió en la campaña y rompió la neutralidad que se le presupone con un ataque a Petro, que había cuestionado a los altos mandos militares por sus supuestos vínculos con el Clan del Golfo. La Constitución prohíbe a los servidores públicos intervenir en política electoral, y en el caso de los militares también señala expresamente que la Fuerza Pública no es deliberante. Duque, en su momento, respaldó las declaraciones del general contra Petro.

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