La lucha por erradicar la mutilación genital femenina en Colombia inicia su camino en el Congreso

La vida de la lideresa embera Francia Elena Giraldo dio un vuelco hace poco más de una década. Era 2012 y ella formaba parte de la junta de la autoridad de su resguardo indígena, ubicado en el montañoso departamento de Risaralda, cuando recibió una llamada urgente. “Era el Hospital San Jorge de Pereira [la capital regional]. Se comunicaron para decirme que habían remitido a una bebé de nuestra comunidad con una grave infección”, relata. La menor había sido víctima de mutilación genital femenina, una práctica prohibida en casi todo el mundo, pero que aún se lleva a cabo en varios países del norte de África y en Colombia. “Los doctores me mostraron a la niña y yo solo me podía preguntar: ‘¿A quién se le ocurre hacer algo así?”, prosigue Giraldo. La niña no aguantó y murió por una infección provocada por la ablación. “Desde entonces me propuse que esto no podía seguir pasando, así se me viniera el mundo encima”.

El pueblo embera, con más de 250.000 personas en Colombia, aún realiza mutilaciones genitales femeninas, en las que generalmente se extirpa el clítoris o parte de él. Muchas de sus autoridades defienden que se trata de un acto ancestral, que evita, por ejemplo, que las mujeres le sean infieles a sus esposos. Pero gracias al relato de Giraldo y de otras mujeres indígenas, varias congresistas han presentado un proyecto de ley para erradicar esta práctica, que la ONU califica de “atroz” y de ser un “atentado” contra los derechos humanos, que ha afectado la salud e integridad de más de 230 millones de mujeres y niñas en todo el mundo.

Una de las autoras de esta iniciativa es Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por Risaralda, el departamento en donde más casos se registran, seguido por Cauca y Chocó —todos ubicados en el occidente del país—. “Nuestras aliadas son las mujeres indígenas como Francia, que ya están impulsando un cambio cultural en sus comunidades”, explica la congresista del Partido Verde. La idea de este proyecto, que cuenta con el apoyo de otras legisladoras como la verde Angélica Lozano o la izquierdista Jennifer Pedraza, ganó más empuje por una noticia del pasado junio, cuando se informó de que una niña de tres años y de otra de apenas 23 días de vida fueron víctimas de la ablación en Bogotá.

La propuesta, presentada en septiembre, ha ganado, según Giraldo Botero, el apoyo mayoritario de la Cámara, por encima de otro proyecto impulsado en julio por el representante uribista Christian Garcés, que busca penalizar la MGF. “Lo punitivo no es la solución. Lo que hay que hacer es construir una política pública para que los indígenas entiendan el daño que esta práctica puede provocar a las niñas y mujeres”, señala la representante al término de un foro organizado por la ONG Equality Now, en el marco de la Conferencia Ministerial sobre la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, que se celebra en Bogotá este jueves y viernes.

El ejemplo de África

Durante el encuentro participaron mujeres de todo el mundo, como Isata Mahoi, ministra de Género e Infancia de Sierra Leona. En esta nación del este de África, en donde la ablación es común, un 89% de las mujeres entre 15 y 49 años están mutiladas. Mahoi sostiene que en su país hay voluntad política para eliminar la mutilación, pero también resistencia social. “Muchas personas dicen que es parte de la cultura, que no estamos listos para un cambio más grande”, dijo durante el seminario. El Ejecutivo sierraleonés está trabajando en un proyecto de ley para prohibir la mutilación de niñas menores de 18 años.

Indrani Sarkar, especialista de protección infantil de la oficina de Unicef para África Oriental y Meridional, explicó que la práctica es llevada a cabo, mayoritariamente, por mujeres — abuelas, madres, parteras—, muchas veces sin que haya un médico involucrado, lo que eleva los riesgos a que una bebé muera por una herida o desangrada. Sobre Colombia, la experta dijo que era “descorazonador” que algunas comunidades continuasen con esta costumbre. “Apoyamos el proyecto que busca la erradicación total”, manifestó, esperando que se siga el ejemplo de países como Gambia, cuyo Parlamento votó el pasado julio en contra de una iniciativa que buscaba despenalizar la ablación.

Uno de los principales problemas que tiene Colombia para eliminar esta problemática es el subregistro. En 2023 se estimaron oficialmente 90 casos, pero las expertas sugieren que la cifra real es mayor. Es por eso que la representante Giraldo considera que es necesario trabajar activamente con las comunidades indígenas. “Queremos crear un sistema de alerta cuando un caso ocurra en una comunidad, pero para eso necesitamos que las comunidades se atrevan a reportarlo”, indica. Esto refuerza su postura, que apoyaron las expertas durante el conversatorio, de que el modelo punitivo no funciona, al menos al inicio de la implementación. “Queremos que se construyan mecanismos inter justicia para que pueda darse el diálogo entre autoridades indígenas y autoridades civiles”.

Francia Giraldo es hija de una mujer mutilada. “Somos nueve hermanas y a ninguna nos realizaron esa práctica. Y me pongo como ejemplo, sigo con mi clítoris y no le he sido infiel a mi esposo”, sentencia. Para ella, el apoyo de los hombres es vital a favor del cambio en las comunidades indígenas, más cuando la mayoría de las autoridades son varones. “Sin la mujer, el hombre no es nadie. Yo solo pido su apoyo, pero aún siento mucho rechazo y machismo”. El proyecto de ley, que cuenta con el aval de la lideresa embera, aún tiene pendiente su primer debate. Las artífices de la propuesta esperan el respaldo de un gran número de congresistas. “Cuando se reportaron los casos de Bogotá este año, muchos ni siquiera sabían que esto seguía ocurriendo en Colombia”, apunta Giraldo Botero.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.