Recientemente, el DANE reportó una caída en la tasa de fecundidad en Colombia, pasando de 1,8 en 2014 a 1,2 en 2023, y una reducción del 13,7% en los nacimientos entre 2023 y 2024. Esta tendencia demográfica se ve exacerbada por una migración neta negativa, con el país perdiendo cerca de 500.000 habitantes al año desde 2022.

El descenso en la fecundidad y la emigración indican que la población colombiana comienza a disminuir, lo cual tendrá un impacto significativo en áreas como pensiones, vivienda, salud, crecimiento económico y educación, y requiere medidas por parte del sector público y reacciones del sector privado.

En el caso de las pensiones, una población en descenso implica una reducción en el número de trabajadores jóvenes que pueden contribuir al sistema de pensiones, incrementando la carga sobre la población laboralmente activa. En cuanto a la vivienda, la disminución de la población puede reducir la demanda de nuevas construcciones, afectando negativamente al mercado inmobiliario y la economía vinculada a este sector. Además, una población envejecida puede requerir diferentes tipos de viviendas, cambiando la dinámica del mercado inmobiliario. Con respecto a la salud, a medida que la población envejece, la demanda de servicios de salud crece, lo cual pone una presión adicional sobre el sistema de salud. Además, con una menor población joven, hay menos trabajadores para financiar el sistema a través de contribuciones. El crecimiento económico, por su parte, se ve perjudicado porque la disminución de la fuerza laboral limita la capacidad de producir bienes y servicios. Por último, una disminución en el número de nacimientos reduce la matrícula escolar, lo que puede llevar al cierre de escuelas e instituciones educativas. Además, se reduce la demanda de maestros, lo que puede resultar en la pérdida de empleos.

En estas circunstancias, es necesario plantear medidas de política para adecuar los sistemas de pensiones y salud, la inmigración de trabajadores y la natalidad, y ajustar los planes de ordenamiento territorial a los cambios demográficos, entre otras. No obstante, para el caso colombiano, el mejor mecanismo para adaptar la economía al cambio demográfico es la reducción de la informalidad.

Informalidad y actividad económica

Las cifras del DANE indican que la proporción de ocupados informales en Colombia es cercana al 56%. Esto es problemático porque la informalidad está asociada a baja productividad, inestabilidad laboral e ingresos precarios y, además, reduce los ingresos fiscales y las cotizaciones para financiar los sistemas de salud y pensiones. No obstante, por estas mismas razones, la alta tasa de informalidad puede ser una oportunidad para enfrentar el cambio demográfico minimizando traumatismos.

En primer lugar, si la reducción de la fuerza laboral viene acompañada de un aumento en la formalidad, es posible evitar que el cambio demográfico redunde en una caída de cotizaciones a salud y pensiones. En segundo lugar, dado que la productividad del trabajo formal es sensiblemente superior a la del trabajo informal, el aumento en formalidad incrementaría el producto por trabajador y la productividad agregada, mitigando el efecto negativo del cambio demográfico sobre el nivel de actividad económica.

Sin embargo, una reducción en la informalidad, no puede detener ni mitigar los efectos del cambio demográfico sobre el mercado de vivienda ni sobre la matrícula escolar. En estos frentes el gobierno y el sector privado deben realizar esfuerzos de planificación para evitar el sobredimensionamiento de la infraestructura, mitigar efectos negativos sobre el empleo sectorial y procurar que los servicios de educación y vivienda se ofrezcan de manera justa y eficiente.

¿Cómo reducir la informalidad?

Además de lo obvio, como una reforma laboral que estimule la creación de empleo formal, hay otros mecanismos para la creación de empleo formal. El primero es el mercado: en la medida en que la oferta laboral se reduce, aumentan los salarios en el sector formal, desestimulando el autoempleo y, en general, la informalidad. No obstante, este mecanismo solo funciona si los empleados informales cuentan con las capacidades y habilidades que demanda el sector formal.

En estas circunstancias, el papel de la educación es crucial para enfrentar la informalidad y el cambio demográfico. El sistema educativo debe estar en capacidad de dotar a los trabajadores de las capacidades que demanda el sector formal. Para que esto suceda, es fundamental la cooperación entre instituciones de educación y las empresas del sector formal. Puede haber acuerdos de cooperación para diseñar currículos que reflejen las necesidades del mercado laboral y estimular el desarrollo de habilidades que sean relevantes para las industrias locales.

Desigualdad, acceso a la educación y movilidad

La educación, además de sus efectos sobre formalidad y productividad, puede ser una herramienta para aumentar la movilidad económica y reducir la desigualdad. Sin embargo, la potencia de esta herramienta se ve reducida por la falta de acceso. A menudo, las familias de bajos ingresos no pueden costear gastos relacionados con la educación. Además, muchos individuos que podrían estudiar deben trabajar para garantizar el sustento de sus familias. En estos casos, la educación no aumenta la movilidad y puede incluso exacerbar la desigualdad. Dado que los ingresos de los trabajadores informales son sensiblemente más bajos que los de los trabajadores formales, la persistencia de la desigualdad está asociada con la persistencia de la informalidad y, en este sentido, es una barrera para la mitigación de los efectos negativos del cambio demográfico.

Por estas razones, garantizar el acceso a la educación de calidad debe ser un objetivo primordial de todos y, en particular, del sector formal de la economía. Desde el sistema financiero es posible diseñar créditos educativos accesibles para estudiantes de bajos ingresos, permitiendo así una mayor inclusión en el sistema educativo. El reto, en este caso, es diseñar mecanismos de crédito rentables que resulten atractivos para los estudiantes. Desde el sector real, parte de la cooperación entre las empresas y el sector educativo puede ser la financiación de la educación de individuos de bajos ingresos cuyos programas de estudios garanticen la adquisición de habilidades demandadas por el mercado laboral formal. De esta forma, el sector real estará invirtiendo en su propio capital humano, pero también estará ayudando a incrementar la movilidad económica, reducir la informalidad y mitigar los efectos nocivos del cambio demográfico.

*El autor es decano de Economía de la Universidad de Los Andes

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