1 de cada 10: el embudo de la educación básica y media en Colombia

En Colombia, de cada 100 estudiantes que entran al primer grado de básica primaria sólo 54 terminan el último grado de la educación media. Casi la mitad de los niños y niñas no consiguen graduarse del colegio. De esos 54, 11 estudiantes superan los mínimos aceptables en las competencias de lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas. Es decir, solo uno de cada diez estudiantes que ingresan al sistema educativo desarrolla el capital académico, cívico y cognitivo necesario para enfrentar con éxito los retos de la educación superior, la ciudadanía y el mercado laboral.

Estas cifras hacen referencia a la cohorte de estudiantes que ingresó a grado 1º en el 2012 y se graduó del colegio en 2022 y son el resultado de una investigación que realizamos en el Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi en Colombia. Ese estudio tuvo por objetivo analizar el desempeño del sistema escolar, relacionando dos de sus dimensiones más importantes: cobertura y calidad. Los resultados son preocupantes y requieren ser conocidos y comprendidos por los actores que trabajamos en educación. Así podemos alinear esfuerzos que potencien los cambios necesarios que garanticen el acceso y la calidad de la educación de todos los niños, niñas y jóvenes del país.

Empecemos por analizar la cobertura. En las últimas dos décadas, Colombia, como muchos otros países de medianos y bajos ingresos, ha enfocado sus esfuerzos en procurar que todos los niños y niñas en edad escolar tengan un cupo para ingresar al colegio; hoy, la cobertura neta en básica primaria es casi universal. Sin embargo, estos esfuerzos se ven notablemente afectados por los altos índices de deserción escolar. De cada 100 niños y niñas que ingresan al colegio, 46 reprueban, suspenden o desertan en algún momento de su trayectoria por la vulnerabilidad económica de sus familias, por desinterés y falta de motivación para el estudio, por problemas de salud mental y bienestar socioemocional, por desplazamiento y otras muchas formas de violencia, entre otras razones. No es difícil ver que esos niveles de deserción son efecto, pero también causa, de las tragedias de nuestro país: desde la desigualdad hasta la violencia. Por eso detener la deserción escolar, que desde la pandemia viene en aumento, debería seguir siendo un propósito nacional urgente.

La otra dimensión que analiza el estudio es la calidad de los aprendizajes, que en este caso hace referencia al cumplimiento de cinco competencias académicas: matemáticas, lectura crítica, ciencias naturales, sociales y ciudadanas e inglés. El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) mide estas competencias desde hace varios años a partir de pruebas censales a estudiantes del último grado escolar. Es necesario hacer una aclaración: la calidad en la educación debe comprenderse de manera amplia, y en Colombia se están realizando importantes diálogos para expandir esta noción para que responda a los muchos y complejos objetivos de la educación y los contextos territoriales. En este sentido, ni la experiencia educativa ni la calidad deben reducirse al logro de las competencias en pruebas estandarizadas. Aun así, reconocemos que el esfuerzo del Gobierno por diseñar y perfeccionar estas pruebas ha sido notable, y permiten, entre otras cosas, conocer si los estudiantes logran el nivel de aprendizaje mínimo en competencias básicas para la vida. Esto, a su vez, permite tomar medidas de mejoramiento en todas las escalas del sistema: desde el aula hasta la política pública.

En nuestro estudio consideramos cuatro de las competencias en simultáneo para dar cuenta de la integralidad académica que pretende la educación. Encontramos que, de los 54 estudiantes que llegan a último grado escolar, 24 superan los mínimos aceptables en las pruebas de matemáticas y lenguaje. Y, al incluir en el cálculo las competencias de ciencias naturales y sociales y ciudadanas, el número se reduce a solo 11 estudiantes. Esto quiere decir que solo 1 de cada 10 estudiantes logra cumplir el doble requisito de recibir su grado y adquirir las competencias básicas necesarias para comprender el mundo en que viven, hacerse un juicio informado y razonado del mismo, y desarrollar un proyecto académico o profesional con buenas probabilidades de éxito.

Si incluyéramos la dimensión socioeconómica al análisis de la cobertura y la calidad, encontraríamos con toda seguridad que hay lugares de nuestro país donde estas cifras son más bajas y otros que están muy por encima del promedio. En el libro La quinta puerta, Mauricio García Villegas, Leopoldo Fergusson y Juan Camilo Cárdenas describen la segregación del sistema educativo en Colombia, afirmando que “los hijos de los ricos estudian en colegios y universidades privadas de buena calidad, los hijos de los pobres estudian en instituciones públicas o privadas de regular o deficiente calidad”. Este apartheid educativo, dicen ellos, cumple la perversa tarea de reproducir en lugar de superar las desigualdades sociales.

Frente a este crítico panorama, la parálisis no es una opción. Es esencial generar espacios de diálogo que promuevan la acción coordinada de diferentes actores. El reciente evento El futuro de la educación en Colombia, realizado por el Ministerio de Educación Nacional, Prisa Media y la Organización de Estados Iberoamericanos, subraya la urgencia de convertir la educación como propósito nacional.

Sus conclusiones sugieren tres ideas habilitantes para revertir este panorama. Primero, reconocer que la educación es responsabilidad de todos, desde el Gobierno hasta el sector privado y la sociedad en su conjunto. Se requiere entonces de la articulación descentralizada de actores y sectores que se soporten en liderazgos territoriales. Segundo, tomar decisiones basados en evidencia y evaluar constantemente las soluciones que se proponen para ser más oportunos y pertinentes. Hoy, disponemos de una mayor cantidad y calidad de información sobre el desempeño académico y los contextos de los estudiantes. Por último, debemos priorizar, dignificar y fortalecer a los docentes, quienes son los verdaderos agentes del cambio y de la calidad educativa. Es esencial apoyarlos en su desafiante labor y garantizarles condiciones adecuadas.

Necesitamos ahondar esfuerzos y articular voluntades para que no solo 1 de cada 10 estudiantes estén preparados tras terminar el ciclo escolar y para asegurar que la educación se constituya como el vehículo para el desarrollo humano, la igualdad ciudadana, el progreso económico y la movilidad social.

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