El difícil balance del Gobierno Petro en el Congreso: lo que se hundió en 2023 y lo que sigue

El segundo semestre de 2023 termina con un sabor amargo para el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso de la República. Las tres grandes reformas sociales que prometió el presidente en campaña aún no se han hecho realidad ni están cerca de serlo, pese a que al ser elegido el mandatario insistió en que debían ser aprobadas durante su primer año en el poder. “No creemos que se puedan pasar proyectos de esta magnitud después del primer año, o lo hacemos este año con el viento a favor o la historia nos mandará hacia otros lares”, dijo el presidente. 16 meses después de su posesión, las reformas pensional y laboral no han avanzado, y la de la salud solo ha superado la mitad de su trámite legislativo. Y lo más retador: el Gobierno no ha logrado recomponer una coalición sólida que le garantice que sus proyectos bandera avancen lo suficiente en 2024.

Este difícil panorama contrasta con la arrolladora mayoría legislativa que tuvo Petro durante el primer semestre de su Gobierno. Entre agosto y diciembre de 2022 logró aprobar una ambiciosa reforma tributaria y una debatida ley de paz total. En la presidencia del Senado ya no tiene a su hábil alfil Roy Barreras; tampoco están de su lado bancadas ideológicamente distantes, como la del Partido Conservador, que ahora es independiente y en el último semestre ha votado en contra del Gobierno. Ni La U, menos volcada hacia la oposición, pero que también ha votado contra los intereses de Petro. Y hoy quien dirige el Senado es Iván Name, un político tradicional del partido Verde, de origen liberal pero con algunas posturas conservadoras, que ha tenido muchos desencuentros con el presidente.

La última pelea pública entre los dos se dio a raíz del hundimiento en el Senado de la reforma constitucional que abría el camino para regularizar el mercado de cannabis recreativo. Petro escribió un mensaje en su cuenta de X en el que decía: “Quienes ilegalizan reciben sobornos”. Molesto, Name le contestó: “Es inadmisible este señalamiento indeterminado del Presidente de la República en evidente respuesta al trámite legislativo del proyecto de cannabis del día de ayer. Se volvió costumbre el irrespeto”. La tensa relación hace prever un difícil paso por el Senado de los proyectos de ley impulsados por el Gobierno. De hecho, el inesperado hundimiento de la reforma que dio lugar al choque es una señal de que allí las mayorías no están alineadas con los deseos de cambio del presidente. Una proposición para archivar el proyecto firmado por el representante liberal Juan Carlos Losada y la senadora petrista María José Pizarro recibió 46 votos a favor y 40 en contra.

En la Cámara de Representantes, la relación del Gobierno con el presidente liberal Andrés Calle es mucho mejor (el petrismo incluso apoyó la fallida candidatura del hermano de Calle a la Gobernación de Córdoba en las elecciones de octubre), pero no ha sido suficiente para conservar las mayorías que tuvo el Gobierno en sus inicios. La plenaria tardó casi cuatro meses en aprobar la reforma a la salud, el proyecto al que el Ejecutivo ha dado tal grado de prioridad que Petro reaccionó a las críticas de algunos aliados rompiendo la coalición mayoritaria. Durante muchas sesiones quedó en evidencia el poder que mantienen congresistas del Centro Democrático y Cambio Radical, partidos de oposición, quienes en varias ocasiones se retiraron del recinto, llevando a la falta de cuórum que produjo aplazamientos del debate. La puja por la reforma llevó a que más de 90 proyectos quedaran relegados en un segundo plano.

Pese a la falta de mayorías oficialistas estables, la Cámara finalmente aprobó la reforma a la salud, que busca reducir el poder privado en el sistema de salud y lograr una mayor centralización, a través de la reducción de las funciones de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El proyecto también propone concentrar en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) el giro de los recursos a los hospitales y otros prestadores de servicios.

Esta única gran victoria del Gobierno en el Congreso en el segundo semestre del año no garantiza lo que sigue, que la reforma supere los dos obstáculos restantes para convertirse en ley. Primero, ser aprobada en la Comisión Séptima del Senado, donde el Gobierno tiene varios senadores afines; y en la Plenaria, en la que se espera una oposición mucho más fuerte. El presidente Name, quien ya ha dicho que no le pondrá el acelerador a la reforma, jugará un papel crucial.

Name también será determinante en el futuro de la reforma pensional, un proyecto de ley que busca cambiar el sistema para que todos los afiliados tengan un primer tramo de sus jubilaciones en la estatal Colpensiones, y a partir de allí en fondos privados, en lugar de la competencia entre los dos que hoy existe. El presidente del Senado no incluyó esta reforma en ninguna de las plenarias, pese a que el proyecto tenía ponencia para discutirse desde inicios de octubre. En términos prácticos, la reforma pensional perdió un semestre de trámite legislativo. Hace unos días, Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, anunció que los 94 artículos comenzarán a debatirse en la plenaria el próximo 16 de febrero, cuando el Congreso vuelva a sesionar.

La reforma laboral, la tercera gran apuesta del presidente Petro, sigue estancada en el primer debate en la Cámara de Representantes. Solo en las últimas semanas de la legislatura, el Gobierno logró que la Comisión Séptima comenzara a discutirla. Los congresistas aprobaron algunos artículos importantes del proyecto, como el aumento en el pago dominical y festivo para los trabajadores, o la ampliación del horario en el que se debe pagar adicional por ser horas nocturnas para que inicie a las 7 de la noche y no a las 9. Sin embargo, el camino que le queda para convertirse en ley aún es muy largo y complejo. Si la Comisión la termina de aprobar, pasaría a la plenaria de la Cámara, y luego a comisión y plenaria del Senado. Un camino incluso más complejo en su caso que en las otras reformas, por el rechazo de sectores de la oposición y del empresariado.

Pese al rompimiento de la coalición y a la falta de mayorías, otras dos reformas importantes avanzaron. La ley estatutaria que da estructura a la Jurisdicción Especial Agraria para resolver los conflictos por la tenencia de tierra fue aprobada en la plenaria del Senado y ahora deberá ser discutida en la comisión primera de la Cámara. Justo allí avanzó un proyecto de ley estatutaria que busca consagrar el derecho fundamental a la educación, que ahora pasará a la plenaria de la Cámara.

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