Un informe de la Superintendencia Nacional de Salud muestra que 20 de las 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS) que operan hoy en Colombia no tienen las reservas técnicas, una suerte de fondo de imprevistos, a las que les obliga la ley. Según el documento, las EPS en su conjunto solo cuentan con 6,3 billones de pesos de los 18,7 billones que deberían acumular en ese rubro. Es decir, el sistema arroja un déficit de más de 12 billones.

El superintendente Ulahy Beltrán López, nombrado en ese cargo por el presidente, explica que la mayoría de las entidades de aseguramiento en salud tienen un faltante histórico “que ha venido creciendo por la falta de capitalización o de fortalecimiento patrimonial y no se origina por incumplimientos del actual Gobierno en torno al flujo de recursos”. Beltrán recuerda que, cuando entró en vigor el decreto que estableció la obligatoriedad de que las EPS conformen reservas técnicas, en 2014, el déficit era cercano a los 5 billones de pesos. “Esto lo deberían haber ido corrigiendo a través del fortalecimiento patrimonial, en un plazo de siete años, que venció en diciembre de 2021″.

¿Es grave este pasivo? ¿Amenaza el funcionamiento y la prestación de los servicios para los pacientes? ¿Cuáles son las entidades que más deben? ¿Se convertirán las reservas técnicas en un argumento central del Gobierno para impulsar su reforma a la salud?

Sobre la última pregunta, el informe fue revelado este miércoles por el hasta ayer senador del Pacto Histórico Alexander López, durante una discusión en la Comisión Primera del Senado. Después de enumerar los fallos del actual sistema de salud, López, a quien el Consejo de Estado le quitó la curul este jueves por doble militancia, aseguró que los 12 billones de déficit “no aparecen y se necesitan con extrema urgencia para conjurar la crisis actual que viene sin atención por los anteriores Gobiernos”. El congresista anunció que denunciaría penalmente a los representantes legales y a los gerentes de las EPS que no están al día con las reservas técnicas.

Horas más tarde, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de la red social X un fragmento del documento de la Superintendencia con el siguiente mensaje: “En este informe se puede ver como las EPS han evadido la ley al no garantizar los recursos para las reservas técnicas a las que están obligadas. Estos recursos sirven para garantizar el riesgo de sus asegurados. El faltante es de cerca de 12 billones de pesos que son recursos públicos y que fueron utilizados por fuera de la ley”.

Al día siguiente, la Superintendencia envió a todos los medios un comunicado de prensa con los principales hallazgos del documento. El presidente Petro insistió: “Se utilizaron recursos que debían estar disponibles para el riesgo de la población asegurada y se gastaron en otras cosas que no permite la ley. El monto es de 12 billones de pesos que provienen del erario público. Este enorme saqueo de las finanzas públicas es apoyado por algunas fuerzas políticas y sociales”.

Muchas figuras públicas que defienden la reforma propuesta por el presidente, que sigue estancada en la Cámara de Representantes, han publicado el informe de la Superintendencia. El congresista David Racero, por ejemplo, adjuntó una noticia que lo reseña y escribió en sus redes sociales: “12 billones de pesos paga cualquier saboteo… Ya entienden por qué me atacan tanto tras desenmascararlos…”. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también se refirió a los hallazgos de la Superintendencia: “Este Gobierno frenó la tendencia de Gobiernos anteriores de flexibilizar las normas que definen los requisitos de solvencia financiera de las EPS. Con la reforma a la salud se protegen los recursos del sistema de salud”.

Los argumentos que se desprenden del informe y que ha usado el Ejecutivo para defender la reforma son tres: las EPS están incumpliendo la ley, no tienen guardada la plata que se requiere y por eso pueden afectar el servicio a los usuarios. No es gratuito que el informe, presentado internamente por la entidad hace más de un mes, se haya hecho público en este momento, cuando la reforma está en dificultades.

Justo en la mañana de este jueves el Ministerio de Salud publicó para comentarios el borrador de un decreto que busca permitir que el Estado gire directamente la mayor parte del dinero a las clínicas, hospitales y otros prestadores de servicios, sin necesidad de que pase por las EPS. Contempla cuatro circunstancias para ello: cuando las EPS incumplan la normativa del flujo de recursos, no tengan el patrimonio necesario, estén en medida de vigilancia especial, intervención o liquidación por parte de la Supersalud, o cuando no garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud en las regiones apartadas de Colombia.

¿Qué es y por qué importa la reserva técnica?

De acuerdo con el documento de la Superintendencia, la reserva técnica es “una de las condiciones financieras y de solvencia que las EPS habilitadas deben obligatoriamente cumplir para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud”. Se trata de un rubro contable usual en el mundo de los seguros y las finanzas, que consiste en un colchón de inversiones para enfrentar demandas inusualmente altas de servicios, como cuando una aseguradora debe pagar muchos siniestros a la vez. En el caso de las EPS, busca que haya dinero para garantizar el pago de los servicios de salud.

Un funcionario de la Superintendencia, que pidió no revelar su identidad, aclara que este déficit en las reservas no implica que las EPS estén en crisis o vayan a dejar de prestar servicios, ya que se trata de un fondo de imprevistos. “No queremos generar pánico. Que haya una deuda en el dinero de las reservas técnicas no implica que su operación corriente se vaya a ver afectada”. En todo caso, tras hacer público el informe, la Superintendencia le envió copia de los hallazgos a la Contraloría y a la Procuraduría para que las entidades de control definan si inician investigaciones.

¿Cuáles son las EPS con mayor y menor déficit en sus reservas?

Según el documento, hay dos maneras de evaluar el cumplimiento de las reservas técnicas. Una incluye en el cálculo los llamados “impactos transitorios”, varios ítems que los Gobiernos desde 2016 han dicho que se deben tener en cuenta para definir quién cumple lo obligatorio, aunque no reflejen directamente plata guardada en el colchón para atender imprevistos. Por ejemplo, en junio de 2022 el Gobierno de Iván Duque permitió a las EPS usar recursos de reservas técnicas para pagar deudas atrasadas bajo ciertas condiciones —buscaba que menos recursos se quedaran atrapados, y así irrigar todo el sector—, y que ese dinero se siguiera contando como parte del colchón. Es decir, le permitió gastar parte del fondo de imprevistos sin penalizarlas por ellos.

Si se tienen en cuenta los impactos transitorios, 10 EPS cumplen con lo exigido: Aliansalud, Comfachocó, Comfaoriente, Coosalud, ERPS Familiar, Mutual Ser, Salud Bolívar, Salud Mía, Salud Total, y Sura. Las 14 restantes no cumplen, y el hueco general no es de 12 billones de pesos, sino de poco menos de 5,5 billones de pesos.

Pero esa no es la cifra que ha impulsado el Gobierno y sus aliados; incluso el comunicado de prensa de la Superintendencia explica el otro cálculo, uno más estricto que no tiene en cuenta los impactos transitorios. Este refleja cómo está el colchón real, pero no quién incumple las reglas. En este cálculo, solo cuatro EPS están al día. “Aliansalud, Coosalud, Salud Bolívar y Salud Mía cuentan con el respaldo en recursos líquidos para cubrir sus pasivos”, dice el informe. La primera, de hecho, tienen invertidos 36.142 millones de pesos más de lo requerido, y Salud Bolívar muestra un colchón de 24.220 millones cuando solo le son exigibles 389, según el informe.

Las 20 EPS que no cuentan con los recursos suficientes si se ignoran los impactos técnicos son SURA, Sanitas, Compensar, Nueva EPS, Famisanar, Salud Total, Savia Salud, EPS Familiar de Colombia, Mutual Ser, Asmet Salud, Cajacopi, Capital Salud, Capresoca, Comfenalco Valle, Comfachocó, Comfaoriente, Emssanar, EPM, Ferrocarriles Nacionales y SOS. La público-privada Nueva EPS, la más grande del país con casi 11 millones de afiliados, tiene un hueco de más de 4,5 billones de pesos en sus reservas técnicas. El déficit de la EPS Famisanar, que la Superintendencia intervino en septiembre y suma otros tres millones de usuarios, es de 1,8 billones, pues solo tiene el 9% de lo que debería. EMSSanar tiene un hueco de 1.578.427 millones y tan solo muestra 8.533 millones invertidos. Sanitas, que ocupó titulares la semana pasada por el anuncio de las farmacias Cruz Verde de suspenderle parte de las ventas de medicamentos ante una deuda acumulada, tiene un vacío de 594.255 millones.

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