El anuncio de Cruz Verde de no vender más algunos medicamentos a Sanitas refuerza la crisis de la salud

Ha empezado otro capítulo de la crisis del sistema de la salud de Colombia. La noche de este lunes, la cadena de farmacias Cruz Verde anunció que a partir del próximo 15 de noviembre cesará la entrega de medicamentos e insumos médicos que no estén incluidos en el Plan Básico de Salud (PBS) a los usuarios de Sanitas, una de la veintena de entidades promotoras de salud (o EPS) que administran la salud de los colombianos. Esta decisión, explicó en un comunicado, se debe a que la EPS le adeuda una suma “del orden de los 400.000 millones de pesos” (unos 100 millones de dólares) y que “tras más de tres años de negociaciones y de diversas solicitudes”, Sanitas no les habría propuesto un plan de pago.

Tras el revuelo creado entre los casi 5,7 millones de usuarios de la segunda EPS que más ciudadanos asegura, Sanitas aseguró en otro comunicado que ya había alertado al Gobierno de la carencia de recursos suficientes para cumplir con los pagos de los insumos y servicios que no forman parte del Plan Básico de Salud (PBS, antes conocido como POS). La empresa argumentó que no ha recibido una respuesta suficiente del Gobierno, rechazó la decisión de la cadena y alertó que podría afectar a los pacientes afiliados a sus servicios. “Desde que recibimos la notificación unilateral y abrupta por parte de Cruz Verde estamos buscando alternativas y activando planes de contingencia para que la dispensación de medicamentos no PBS se vea lo menos afectada posible”, escribió.

En el choque entre las dos empresas, el Gobierno ha tomado una postura favorable a las droguerías de capital chileno y contra la EPS, justo cuando su sonada propuesta de reforma al sistema de salud tiene como corazón la eliminación de esas entidades para concentrar el manejo e los riesgos y de los recursos en una entidad estatal, la ADRES. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, arremetió contra la EPS de capital español. “Su negocio crece, pero no pagan. Tratan de culpar al Gobierno”, declaró en una rueda de prensa. “Los afiliados pueden estar tranquilos, van a tener sus medicinas. Sanitas cumple porque cumple”, declaró.

Se refería no solo a la respuesta de Sanitas por el anuncio de Cruz Verde, sino a que esta fue una de las tres EPS, con Sura y Compensar, que en agosto anunciaron que la demora e insuficiencia en el giro de recursos estatales las tenía al borde de la quiebra. “Por favor, no hablemos de crisis en donde no las hay. Estamos atentos a reunirnos, nos vamos a sentar y vamos a demostrar que quieren hacer una tormenta en un vaso de agua”, dijo entonces Jaramillo. Las EPS se financian con recurso que pagan los empleados, los empleadores y el Estado a la ADRES, que se los transfiere en función de la cantidad de afiliados que tienen.

La Superintendencia Nacional de Salud se sumó este martes a la discusión. La entidad que vigila a los actores del sector salud, incluidas la EPS, le solicitó a la entidad española “garantizar la continuidad en los servicios” y le exigió a Cruz Verde que activara un plan de contingencia, de manera inmediata, “que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados”. Sobre el lado económico del asunto, explicó que “viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por ADRES con el destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud” para verificar el uso de los recursos públicos que el Gobierno ha dispuesto y garantizado “para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud”.

El problema de desfinanciación de las EPS es estructural, advertía a este diario el exministro del ramo Augusto Galán. Director de la oenegé Así Vamos en Salud, que hace seguimiento al sector, explica que hay un problema de presupuesto insuficiente frente a las necesidades sanitarias y a las demandas de los ciudadanos. Justamente, el PBS busca suplir los requerimientos básicos en medicamentos, procedimientos y pruebas diagnósticas, y los no PBS son los que el Estado colombiano ha entendido como menos fundamentales.

La clasificación es compleja y depende de varios factores, según la resolución vigente sobre el contenido del PBS, emitida en diciembre de 2022 por el Gobierno actual. Entre otras, incluye 1.055 medicamentos con principios activos que van desde ansiolíticos como el clonazepam hasta el omnipresente analgésico acetaminofén.

El choque entre Cruz Verde y Sanitas se suma a las numerosas denuncias sobre la falta de medicamentos a lo largo del país. El pasado 6 de marzo, el Ministerio informó que la escasez y desabastecimiento “no era un fenómeno nuevo”, sino uno que se venía presentando “de tiempo atrás” y que se acentuó durante la pandemia de covid-19. Precisamente, hace tres semanas, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos publicó una lista de 30 medicamentos que estaban en desabastecimiento en Colombia. Este miércoles, mientras el Gobierno, la cadena de farmacias y la EPS debatían cómo resolver el asunto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó una serie de medidas cautelares de urgencia para paliar la escasez de varias medicinas.

Y, más allá, se da cuando el Gobierno avanza con un plan paralelo para intervenir en el sistema de salud. Con su reforma enredada en el Congreso, en las últimas semanas ha intervenido varias EPS, busca la primera licencia obligatoria de un medicamento y propone incluir en el sistema general el pago de los accidentes de tránsito. En solo cuatro meses, casi siete millones de personas pasaron a estar asegurados por EPS que temporalmente maneja el Gobierno. Se suman a otros casi 11 millones que están en Nueva EPS, de la que el Gobierno es accionista junto con varias cajas de compensación. Además, la exministra de salud Carolina Corcho, cerebro detrás de la reforma, ha sonado como posible cabeza de la Nueva EPS.

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