La escasez de medicamentos: un espejo de la pelea por la reforma a la salud

La escasez de medicamentos para el tratamiento de enfermedades como la hipertensión o algunos trastornos de salud mental, que ya afecta a 1.241 principios activos según un gremio de la salud, no es nueva en Colombia. El problema se empezó a evidenciar con la falta de anticonceptivos hace meses y sigue sin resolverse. En el medio quedan los pacientes que requieren las medicinas.

La presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa las entidades promotoras de salud (EPS), encargadas de la afiliación y la atención de 34 millones de ciudadanos, ha dicho que la carencia compromete la calidad de vida de personas con trastornos mentales, condiciones cardiacas y enfermedades crónicas de diferentes tipos. Y que también afecta a medicamentos de uso común. “Hay referencias que están completamente desabastecidas, como algunas medicinas contra el VIH”, indicó Acemi en un comunicado. El más reciente listado oficial del Invima, la institución que autoriza y vigila la comercialización de medicamentos, reduce a 33 el número aquellos escasos en el país. La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), consultada por este medio, no se ha pronunciado.

Además del debate sobre el tamaño de la escasez, hay otro sobre sus causas. Las partes coinciden en que afecta la insuficiencia de materias primas, pero no es necesariamente lo único. El Invima afirmó que se suma el interés económico de los laboratorios que estarían privilegiando la venta en farmacias a la distribución en la red que administran las EPS para proveer de medicamentos a sus afiliados que los requieren. “Hay laboratorios que han decidido que no producen para el mercado institucional porque el margen de rentabilidad de ese mercado es muy bajo”, sostuvo Francisco Rossi, director de la entidad.

Con la regulación de precios que se inició en 2013, el Ministerio fija un tope de pago por algunos medicamentos incluidos en el plan de beneficios del sistema de salud, con base en referencias internacionales. El techo se fija principalmente para las medicinas que se distribuyen por la red de las EPS, con operadores que contratan con anticipación y a las que pagan con recursos públicos. Por eso el tope no se orienta a la venta directa en droguerías, un escenario de mayor ganancia que estarían aprovechando algunas marcas. Los fabricantes no están obligados a informar si priorizan un producto o canal. En medio de este apetito comercial quedan las necesidades de los pacientes.

A la discusión sobre las causas de la escasez se suma la falta de respuestas a la baja oferta de medicamentos. De ella se queja Acemi en plena pelea política de las EPS con el Gobierno por la reforma a la salud radicada ante el Congreso, en la que saldrían debilitadas. “Más allá de la reforma tenemos la necesidad de seguir administrando un sistema de salud que todos los días presta millones de servicios. No se trata de encontrar culpables, sino soluciones de cara a la salud de la población”, afirmó Paula Acosta, presidenta ejecutiva del gremio, ante la ausencia de soluciones.

Tras la advertencia, el director del Invima respondió que parte del problema es que en el actual modelo hay poca transparencia en la información de las farmacéuticas y que el Ministerio de Salud tiene pocas herramientas para ejercer control sobre ello. Ese es, justamente, uno de los cambios a los que le apunta la reforma. “El desabastecimiento no es un problema de producción, no es un problema de regulación. Es un problema de las transacciones entre los actores, de tener dos canales (el institucional y el comercial) y de tener canales que son mejor negocio que otros”, agregó Rossi en un taller sobre medicamentos transmitido por YouTube.

“Hemos hecho un esfuerzo por crear sistemas de información, para saber quiénes están ocultando información de escasez, favoreciendo un canal u otro, y no tenemos competencia para hacer intervenciones en los contratos entre los actores del sistema (…) queremos un sistema de salud que intervenga y controle el mercado, lo maneje, y la respuesta de todos los actores es que de ninguna manera”, añadió. El Ministerio informó que está trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio, competente para intervenir cuando las empresas atentan contra el consumidor o contra la competencia. También señaló que no todos los gremios del sector han hecho llegar los reportes para hacer seguimiento a la disponibilidad de medicamentos, y señaló, entre ellos, a Acemi.

La directora del centro de pensamiento Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional, Claudia Vaca, lleva varios años haciendo seguimiento al desabastecimiento de medicamentos. “El Ministerio debería estar haciendo más, decir “Encontramos estas causas y estamos haciendo esto”. El Invima es el que sanciona esas prácticas porque si alguien tiene un registro sanitario, tiene la obligación de mantener abastecido el mercado, si no lo hace se le puede quitar el registro”, opina.

Vaca también advierte sobre presuntas prácticas indebidas por parte de algunos fabricantes. “Lo que está pasando es que el laboratorio farmacéutico que vende para las EPS dice que no tiene unidades. Cuando los operadores le exigen una carta que diga eso, la entregan, pero a título confidencial. Amenazan con romper los contratos porque los sancionan si llegan a decir que están desabastecidos. Algunos lo hacen porque prefieren vender directamente a las droguerías que es a donde la gente, en últimas, va y compra”, relata.

Mientras tanto, los pacientes crónicos, que requieren medicamentos de forma permanente, piden soluciones. “El primer problema es que las EPS no hacen seguimiento de la entrega de medicamentos, no les interesa si el paciente lo recibe o no. Nadie controla si el operador farmacéutico entregó o no y el paciente es el que queda sufriendo. Si al operador le pagan tres pesos por entregar medicamentos, pero solo entrega el 90%, se queda con una utilidad adicional y nadie controla”, reclama Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de pacientes con enfermedades de alto costo, como cáncer, VIH o personas con trasplantes.

La baja disponibilidad de medicamentos no solo pone en riesgo el bolsillo de los usuarios sino, sobre todo, su salud. “Tenemos quejas de pacientes con dos o tres meses sin medicamentos que no tienen opción diferente a comprar directamente, si es que tienen los recursos. Hay patologías con las que no te complicas inmediatamente y puedes estar un tiempo sin tratamiento, pero las secuelas se ven después. Los pacientes pueden terminar en servicios de urgencias”, precisa Álvarez. En otros casos, si bien puede haber cambios de una marca a otra, es necesario contar previamente con la prescripción médica.

“Un paciente con epilepsia puede caer en crisis convulsivas que lo pongan en situaciones críticas, que lo lleven a la hospitalización y complicarle la vida a él y a su familia; un hipertenso está sometido a riesgo de un infarto, accidente cardiovascular o incluso de morirse; para una mujer que no accede a anticonceptivos orales y no tiene ginecólogos que la orienten se pone en riesgo la anticoncepción, que es su derecho. La pelea por la reforma no puede nublar la sensibilidad por la salud de la gente”, dice Vaca, la profesora de la Universidad Nacional.

Para la Procuraduría General de la Nación, organismo que no descarta acciones disciplinarias, la escasez de medicamentos es una crisis anunciada de la cual son responsables el Ministerio de Salud y el Invima. “En el marco de sus funciones constitucionales y legales no han adoptado las medidas necesarias para resolver la problemática”, subraya en un comunicado reciente.

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