El machismo, la única epidemia que mata a una mujer cada día en Colombia

Leidy Johana Beltrán soñaba con ver a su hija de cinco años con el uniforme colegial. Estaba apenas en el jardín, pero ella ya se imaginaba verla crecer y pasar al colegio. Su hermano, Camilo Beltrán, la describe como una madre entregada y una mujer trabajadora. De cariño la llamaban Ojitos. Tenía 29 años y dos hijas. De ambas se hacía cargo sola, ya que el padre de las menores nunca asumió tal responsabilidad. Vivía en el suroccidente de Bogotá, en la localidad de Kennedy. Allí mismo fue asesinada, a dos cuadras de su casa. De una puñalada en el corazón, quien era su pareja en el momento, Waldo Morales, truncó sus sueños.

Al igual que a Leidy, a Elva Eloísa la mató su esposo, el pasado 3 de julio en Cúcuta. Un día antes a Luisa Higuera la asesinó su novio en Cartagena, y a Yudy Rodríguez, su pareja sentimental en Bogotá. Una oleada de feminicidios en solo un fin de semana que una vez más evidencia la emergencia por violencia de género que vive el país, donde, según la Procuraduría General de la Nación, a diario una mujer es asesinada por el hecho de serlo.

Las cifras respaldan las alertas. En 2021 se registraron 210 feminicidios; en 2022 se triplicaron y alcanzaron los 614 casos; y en apenas seis meses de 2023, las ONG ya señalan 213 homicidios por razones de género. Además, de acuerdo con Medicina Legal, en 2022 más del 10% de los crímenes contra las mujeres fueron cometidos por sus parejas y suelen estar antecedidos por otros tipos de violencias como golpes o celos excesivos. Precisamente, esas señales las identificó, antes de la tragedia, la familia de Leidy. Según cuenta su hermano, Morales era posesivo y la alejaba de su círculo cercano. Esa no era la primera vez que la mujer era víctima de violencia, ya que había separado del papá de sus hijas por las mismas razones.

La violencia intrafamiliar también ha crecido. En el año 2022 se registraron 47.771 casos, un aumento de 7.713 casos con respecto al año 2021. Y aunque en el país existe una amplia normatividad para hacerle frente a la violencia machista, como la Ley Rosa Elvira Cely (1761 de 2015) —que tipifica el feminicidio como delito autónomo—, o la reciente declaratoria de emergencia nacional por violencias basadas en género que se incluyó en el plan de desarrollo, el panorama muestra que las leyes no han tenido un impacto real a la hora de prevenir las violencias machistas.

Para Olga Amparo Sánchez, directora de Casa de la Mujer, una de las ONG feministas más antiguas de Colombia, la esperanza está puesta en el naciente Ministerio de la Igualdad: “Necesitamos acciones que rompan con la impunidad y programas que tengan el propósito explícito de romper con los imaginarios que naturalizan y normalizan las violencias. Todo ello necesita recursos humanos y económicos, al igual que voluntad para que desde el Gobierno se rompa con el pacto patriarcal entre los varones; porque no puede ser posible que un Gobierno del cambio y comprometido con la igualdad tenga en altos cargos a hombres denunciados por violencias contra las mujeres”, sostiene.

Justicia tardía

El hermano de Leidy se ha propuesto que se haga justicia. Es él quien vio por primera vez el vídeo del asesinato, quien identificó al feminicida, buscó los medios y se ha encargado de todo lo necesario para seguir con el proceso. La lucha no ha sido fácil. Hace algunos meses, cuando por fin todo parecía avanzar, la defensa del homicida solicitó lo que en la jerga jurídica se conoce como un “recurso de casación”, a través del cual se busca la absolución o la reducción de su condena. Esto entorpece el progreso del caso porque la impugnación tarda entre seis meses y dos años en resolverse. “Como familia seguimos esperando respuestas. No es justo que estemos en esta incertidumbre. Aquí se necesitaría mayor celeridad”, exige Camilo.

Pero la ausencia de prisa por parte de las autoridades en situaciones de este tipo parecen ser la regla, en particular cuando se trata de prevenir las tragedias. Un claro ejemplo fue Erika Aponte, asesinada por su expareja en el centro comercial Unicentro, en Bogotá, y que causó conmoción en el país. Días después del episodio, la opinión pública conoció que la mujer ya había denunciado ante las entidades el maltrato y huyó de la casa que compartía con su pareja, buscando resguardarse. Sus llamados de auxilio fueron en vano. La Personería alertó de que, al igual que Erika, 2.200 mujeres pidieron medidas de protección el año pasado.

Los huérfanos a la deriva

Detrás de las mujeres asesinadas han quedado relegadas otras víctimas: sus hijos. Las dos hijas de Leidy tuvieron que enterarse del feminicidio de su mamá en las noticias, y luego pasaron por un complejo proceso dentro de lo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familia (ICBF) llama restablecimiento de derechos. La menor pasó por un breve acompañamiento psicosocial en ese tiempo. Pero ha sido la única vez.

El duelo familiar empeora por la complejidad del proceso penal en contra del homicida, y la compleja situación económica que implica el sostén de las dos hijas de Leidy. Feminicidios Colombia señala que anualmente 700 niños y niñas quedan huérfanos por culpa de este delito. Y, pese a que es un dato preocupante, existen pocas medidas que tengan en cuenta a todos esos menores de edad que son igualmente víctimas de la violencia de género.

Ante el desamparo, las familias víctimas de feminicidios han decidido brindarse conjuntamente el apoyo que las instituciones no les han dado. Varias se organizaron en Bogotá en Unidos por una Causa, un grupo de WhatsApp en el que se aconsejan, dialogan, se desahogan y a veces se encuentran. De esas conversaciones, y con el impulso de Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara por la Alianza Verde, surgió la idea de un proyecto de ley que saque del olvido a los huérfanos por este delito para que desde el Gobierno se les asista económica y socialmente, dándoles acceso prioritario a ciertos programas del Estado, o garantizándoles educación y salud. Por ahora, el proyecto espera el nuevo período legislativo para continuar la discusión en el Congreso.

Camilo se siente afortunado porque él y sus padres pudieron obtener la custodia de sus sobrinas. Las niñas también querían quedarse con su abuela materna, a quien consideran su otra mamá. Han sido ellas quienes la alientan a seguir cuando el dolor por la ausencia de Leidy, su única hija y con quien tenían una relación muy cercana, se hace insoportable. Para ellas, su madre quedó grabada con una sonrisa y así la recuerdan. La familia lucha ahora porque las niñas tengan la vida que Leidy siempre les quiso ofrecer.

Si usted es víctima de violencias basadas en género puede llamar de manera gratuita a la línea 155 que funciona en todo el territorio nacional. Si está en Bogotá puede comunicarse con la Línea Púrpura al 01 8000 112 137, todos los días, las 24 horas y así no tenga minutos en el celular. O directamente al Chat Púrpura de WhatsApp en el número 3007551846. También si requiere orientación de cómo interponer una denuncia de violencia intrafamiliar, violencias basadas en género y violencia sexual, puede comunicarse al numeral 122 de Fiscalía General de la Nación.

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