Disidentes de las FARC ostentan poder ante niños de una escuela de Antioquia

Los videos de un grupo de hombres armados bailando con niños en una escuela rural de Yarumal, en el norte de Antioquia, no solo han causado indignación por ser una violación al Derecho Internacional Humanitario, sino porque evidencian una vez más el regreso de patrullajes en algunas poblaciones del país y la intención de estos grupos ilegales de mostrar músculo político de cara a las negociaciones de paz total con el Gobierno de Gustavo Petro.

El hecho, a manos de disidentes del frente 36 de las extintas FARC, que supuestamente aceptaron el cese al fuego bilateral anunciado por Petro, ha colmado la paciencia del mandatario regional, Aníbal Gaviria. “Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que haga claridad a los protocolos del cese al fuego”, dijo Gaviria después de un consejo extraordinario de seguridad en esa población. La Oficina del Alto Comisionado de Paz le respondió a EL PAÍS que los protocolos se están “configurando” y se harán a distintas velocidades y de forma territorial conforme avanzan las conversaciones con cada grupo.

Los bailes, regalos y reparaciones de la escuela, son una expresión de hechos más graves. Gaviria denunció que estos grupos armados ilegales están involucrados en reclutamiento y asesinatos de menores de edad, “bajo la excusa de ajusticiamiento”, y que además de Yarumal, el proselitismo armado se ha presentado en las poblaciones de San Pedro de los Milagros y Campamento, también en el norte de Antioquia. En las últimas semanas se conoció el homicidio de cuatro jóvenes de Yarumal y Campamento, que tenían entre 18 y 20 años. Tres de ellos aparecieron en una fotografía custodiados por miembros de integrantes de las disidencias y luego aparecieron muertos en carreteras rurales.

En el norte de Antioquia hacen presencia este frente de las disidencias de las extintas FARC, que está al mando de alias ‘Firu’, familiar de “Cabuyo”, un exguerrillero que participó en la mesa de paz de La Habana y luego retomó las armas; el Clan del Golfo y el ELN. Este último, según la Gobernación, estaría involucrado en la instalación de minas antipersona. Se disputan el control de un territorio con una topografía intrincada, de pendientes acentuadas y de difícil acceso para el Estado. La zona sirve de corredor de narcotráfico, desde la siembra hasta la distribución y comercialización.

“Estas agrupaciones están aprovechando en forma flagrante el cese al fuego para ocupar más espacios territoriales y para hacer ostentación de su presencia en esos espacios, en detrimento fundamentalmente de la población, de las comunidades, tanto en los centros urbanos de estas poblaciones rurales, como en las instituciones educativas que están protegidas por el Derecho Internacional Humanitario”, denunció Gaviria.

En una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo se explican otras razones por las cuales estos grupos permanecen en el territorio. “En estos municipios, la explotación de recursos no renovables se deriva de la presencia de yacimientos de oro, plata, talco, asbesto, bauxita, caliza y mármol, convirtiéndolos en zonas de interés para la exploración o de explotación minera y, por ende, para la posible captación de rentas por parte de los actores fuente de amenaza”, dice el documento de mediados de 2022, que La Defensoría está actualizando.

Los patrullajes de grupos armados no han sido exclusivos del norte de Antioquia; también se han presentado en regiones como el Cauca y Nariño, en el suroccidente colombiano, donde hacen presencia disidentes de las FARC. El 10 de enero, poco más de una semana después del anuncio de Petro sobre alto del fuego, se registraron patrullajes del frente Franco Benavides. Con fusiles hicieron despliegue por la población de Madrigal en Policarpa, Nariño. Algo similar ocurrió en Balboa, Cauca, donde hombres del frente Carlos Patiño hicieron presencia armada durante algunos minutos en el casco urbano.

La Defensoría ha registrado al menos seis hechos violentos en el marco del alto del fuego. Sin embargo, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, asegura que no puede calificarlos como violatorios porque aún no conocen los protocolos del cese, que deben ser expedidos por la Oficina del Alto Comisionado de Paz. En otra orilla, el gobernador de Antioquia sí los llama “flagrantes violaciones al cese” y reitera un llamado al Gobierno para que los diseñen con urgencia. “Hacemos también una exigencia a los grupos armados ilegales que supuestamente están avanzando en la voluntad de la paz total, porque eso no es lo que estamos presenciando con estas acciones que van contra los derechos humanos, contra el Derecho Internacional Humanitario. No nos parece de ninguna manera actos de voluntad de paz”, recalcó Gaviria.

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