Los escándalos salpican de nuevo al presidente de Ecopetrol mientras la operación de la compañía avanza con cautela

El 2024 no ha sido un buen año para Ecopetrol. Las múltiples investigaciones contra su gerente, Ricardo Roa Barragán, dejan un sabor apocalíptico en torno a la compañía petrolera de mayoría estatal. La cotización de la acción se ha desplomado 25% en la Bolsa de Valores de Colombia desde el 1 de enero. Y las ganancias, según el último reporte de la compañía, encadenan ya siete trimestres en caída.

Sin embargo, la media docena de fuentes consultadas repite que la operación global de la compañía es estable. Y que tampoco ha sido el peor año. Al menos en la parte operativa, los analistas recuerdan el ya lejano 2016 como uno de los ejercicios más complicados para la petrolera. Por entonces, el desplome en el precio del barril de petróleo dio un hachazo notable a los ingresos y otros renglones de la contabilidad.

Parecen dos realidades paralelas: por un lado, lo que atañe a los asuntos de reputación de la marca, y por el otro, la ejecución real del negocio. Andrés Duarte, gerente de análisis de la financiera Corficolombiana, concluye que la compañía “no está en un punto bajo” ni “tiene un deterioro operacional”, salvo en nichos muy concretos de refinación y conversión química de derivados del petróleo.

Una lectura minuciosa que se suma a la de Alejandro Escobar, gerente de la firma de análisis de mercado Sectorial: “Los resultados vistos desde la extracción y venta de barriles no son ni los mejores, ni los peores”. Ahora bien, prosigue Escobar, el rendimiento de un mastodonte como Ecopetrol, el octavo conglomerado de Latinoamérica por ingresos, permite otras capas de análisis. Y recuerda que los niveles de producción petrolera, por ejemplo, no están creciendo.

“En 2017 producíamos 857.000 barriles diarios. Hoy movemos entre 758.000 y 788.000. Ese estancamiento es responsabilidad directa de la compañía”, dice Escobar. Un punto que se podría explicar, solo en parte, por la política del Gobierno de Gustavo Petro, que frenó desde su llegada hace casi dos años y medio la firma de nuevos contratos de exploración petrolera. El presidente ha llegado a equiparar el petróleo con la cocaína y el carbón como fuentes de envenenamiento y guerra durante un discurso ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y el fracking llevado a cabo por Ecopetrol en una cuenca de Texas, la tecnología detrás de los mejores datos de producción, está prohibida en Colombia.

Se trata, quizás, del gran nudo. Una empresa en medio de una transición corporativa, filosófica y espiritual que, o no ha sido bien explicada desde el Gobierno, o la vieja guardia petrolera se niega a aceptar. O las dos. Basta recordar que durante la Administración Petro ha habido más de una docena de cambios, entre renuncias y relevos, en el rango de vicepresidentes de la compañía. Es un remezón de casi el 70% en ese nivel. Sacudidas fuertes que, sumadas a otras decisiones internas, también han acentuado el inconformismo de algunos miembros de la junta directiva. Por eso dos de ellos, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, renunciaron a su silla el pasado agosto.

Para comprender esta compleja y larga historia, sin embargo, se deben tener en cuenta varios vectores externos. El primero de ellos es la cotización internacional del barril de crudo. Luego, la tasa de cambio del dólar frente al peso. También saltan a la vista los problemas de seguridad en las zonas de pozos en desarrollo. Y, finalmente, el peso de la inflación. Un capítulo que hoy, con el alza galopante del precio de la energía, ha disparado los costos de utilidad. Cada uno de los gerentes de la petrolera, sin falta, ha debido sortear estos y otros obstáculos. Analizar su gestión sin estos ingredientes, y el hecho de que la planeación operativa se diseña cada dos años, dejaría un retrato incompleto o injusto.

Juego de Tronos e hidrocarburos

El hoy de la compañía tiene algo de un juego de tronos. Hay dosis de cautela y desconfianza, sin duda, en algunas dependencias. La nueva orientación del Gobierno de izquierdas, responsable de la participación accionaria del Estado con un 88,49%, no termina de engranar. Y la vieja guardia y diversos analistas, por su parte, resisten. Esgrimen, por ejemplo, que Colombia es uno de los países con menor emisión de CO2 para justificar un giro tan drástico en el enfoque del negocio. También que el Gobierno se encamina, quizás, hacia el precipicio, en medio de serias estrecheces fiscales y sin una bitácora de viaje clara para reemplazar la renta petrolífera, una de las grandes fuentes de ingresos del país y que garantizó una mejora en la calidad de vida de millones de colombianos.

Todas estas fricciones políticas se han agudizado con la situación del presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán. Su rol como gerente de la campaña presidencial del mandatario de izquierdas en 2022 generó división interna, una vez elegido para el cargo corporativo en abril de 2023. No obstante, sus problemas reales empezaron seis meses más tarde con las revelaciones de supuestas violaciones a los topes en la financiación de la carrera electoral. Un caso donde se estrecha el círculo de responsabilidades sobre la figura de Roa. La Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo Nacional Electoral adelantan indagaciones contra el ingeniero de 63 años por asuntos que van desde su papel como gerente de la campaña presidencial, hasta indicios de nepotismo empresarial.

Y es que en las últimas semanas se han apilado más denuncias por presuntos hechos de direccionamiento contractual, en Ecopetrol y otras entidades vinculadas, relacionados con su pareja, el ejecutivo Julián Caicedo Cano. Mientras estos expedientes se desenredan, la prensa colombiana ha halado del hilo de otras pesquisas en torno al negocio de un lujoso apartamento que el presidente de Ecopetrol compró mediante una transacción que envuelve cualquier cantidad de recovecos y actores. Un artículo del reportero Daniel Coronell, titulado Misterios del 901, diseccionó el pasado 10 de noviembre el traspaso del inmueble a través de una empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas, reconocido paraíso fiscal, un magnate de los hidrocarburos y un coronel retirado de la policía.

Un cúmulo de sombras asociadas a posibles gastos no justificados o favorecimientos indebidos y que han ido agrietando la reputación de la empresa. “El precio de la cabeza política del presidente se volvió algo muy importante para la oposición y algunos medios”, asegura la exministra de Justicia y miembro de la junta de la petrolera Mónica de Greiff. “De tanto repetir y repetir las noticias, sin añadir nada nuevo, le están haciendo mucho daño a Ecopetrol. Desde la Junta hemos pedido explicaciones y todo se le ha informado a los abogados externos. Pero la gestión de la empresa, y su Gobierno corporativo, es correcto. Debe haber un balance porque a veces hay ataques que no tienen razón”.

Las ganancias de Ecopetrol en el tercer trimestre de este año sumaron 3,6 billones de pesos, una caída del 28,3% frente al mismo período de 2023. No obstante, los expertos detallan que el valor del barril y el cambio del dólar inciden en ese desfase. Casi todas las fuentes, sin embargo, han manifestado alguna inquietud en cuanto a la planeación operativa que se traza cada dos años. Los agentes petroleros y analistas están atentos al plan, la transparencia y el destino de los recursos que se debe conocer en diciembre. También a la capacidad de liderazgo de Ricardo Roa Barragán, un líder cercado por las denuncias al frente de la nave insignia de la economía colombiana.