El anuncio de Petro de asumir la regulación de los servicios públicos dispara un debate

La decisión del presidente Gustavo Petro de retomar la administración y control de los servicios públicos domiciliarios, como la electricidad o el agua, recibió un reto legal de una de ellas. Además de ese debate jurídico, el anuncio ha abierto otros sobre sus posibles consecuencias en la economía y el funcionamiento de los servicios públicos, que en Colombia tiene fantasmas como los racionamientos de inicios de los años 90 o los problemas de electricidad en el Caribe.

El anuncio del presidente, que hizo en la noche del jueves, tenía antecedentes claros. En septiembre anunció su intención de retomar esas facultades, que la Corte Constitucional ha determinado que son del presidente pero delega en las comisiones. Lo hizo, ni más ni menos, en el congreso del gremio de las empresas que prestan servicios públicos. “Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para afirmar procesos de especulación financiera, como hasta ahora lo han realizado”, dijo entonces.

En ese momento había tensión particular porque los aumentos en las tarifas de energía, que sumaban más del 22% en lo que llevaba el 2022, impulsaban la inflación hacia arriba. Pero el anuncio de que la solución era concentrar poder en el funcionario más poderoso de Colombia, preocupó a quienes temen que limite la autonomía de entidades clave, como la junta directiva del Banco de la República. De otro lado también recordó que justo antes de salir del cargo Iván Duque nombró dos miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), como forma de asegurar un contrapeso a su sucesor.

Un mes después su ministra de Minas y Energía lideró un acuerdo con las empresas y la CREG para cambiar la fórmula para definir las tarifas y buscar que éstas bajaran, lo que calmó las aguas. En estos cuatro meses desde entonces Petro no se había vuelto a referir directamente al asunto y la tensión bajó.

Pero este miércoles el presidente se refirió de nuevo las tarifas de energía en Twitter, criticando la fórmula actual y mostrando cómo sería una alternativa:

Ese mismo día la Superintendencia de Servicios Públicos, la entidad pública encargada de vigilar a las empresas del sector, le envió un concepto legal: le dijo que, a su juicio, sí puede asumir esas funciones o por lo menos algunas. Sobre ese punto parece haber consenso, pues la ley de servicios públicos y la Constitución son dicen que las comisiones se encargan de algunas funciones si el presidente les delega esa función. “Legalmente, creo que no hay mayor discusión. El presidente puede asumir las funciones que estaban delegadas en las comisiones de regulación”, explica Julián López Murcia, experto en regulación y antiguo superintendente delegado para acueducto y alcantarillado.

Los tres comisionados de la CREG que no pertenecen al Gobierno (en total son cinco; los otros dos son delegados del Ministerio de Minas y del Departamento Nacional de Planeación), sin embargo, opinan que eso no incluyen todas las funciones. El viernes en la tarde reaccionaron al anuncio presidencial con un comunicado público que, con argumentos legales, sostiene que esa comisión “cumple las funciones que le asigna la ley”. En esa línea, el abogado y economista Pablo Márquez, quien fue comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, explica que a su juicio es claro que el presidente puede reasumir funciones delegadas, pero no es claro cuáles exactamente están delegadas y cuáles son propias de las comisiones, creadas por las leyes de servicios públicos.

En suma, como tantas otras veces en Colombia, el debate político termina o pasa por una discusión entre abogados. Pero no se queda allí, pues la decisión de Petro es esencialmente política. Él mismo lo ha explicado a partir de la sospecha de que las comisiones de regulación han definido las tarifas en favor de las empresas privadas y no de los usuarios. “Este cobro de tarifas de energía basado en cobros puramente especulativos va en contra del desarrollo nacional y solo produce hambre y crecimiento de la pobreza. Un gobierno del cambio no puede permitir que se subyugue a los usuarios de esa manera”, dice en Twitter.

Justamente argumentos similares aparecen en el concepto de la Superintendencia. El documento, que firma el superintendente Dagoberto Quiroga (designado en ese cargo por Petro), no dice que responda a una consulta del presidente. En su lugar, explica los motivos para dar el concepto así: “buscar soluciones para avanzar en el cambio, en la reglamentación de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios y la necesidad que avancemos en la disminución de la tarifa que aqueja a los usuarios en relación con la creciente posición dominante de las empresas prestadoras de servicios públicos y frente a las diferencias que hemos tenido con las comisiones reguladoras”.

En suma, la Superintendencia aclara que su concepto busca que el Gobierno logre reducir las tarifas de la energía - y posiblemente de otros servicios públicos domiciliarios como el agua, el gas o las basuras. Y que lo hace porque las comisiones reguladoras no han aceptado los cambios que ha propuesto para esa finalidad.

El sistema que creó Colombia tras la Constitución de 1991, y que incluye la creación de las comisiones, indica que las tarifas al público deben ser suficientes para que las empresas recuperen sus costos. Sumado al sistema de subsidios cruzados (mediante el sistema de estratos, los hogares ubicados en mejores entornos físicos pagan un sobreprecio para que los de entornos más precarios paguen menos), así las empresas tienen asegurada su sostenibilidad.

Eso, más la competencia cuando es posible, busca evitar que ocurra lo que pasada en los años 80 del siglo XX: monopolios públicos que requerían subsidios del presupuesto, muchas veces no tenían dinero suficiente para invertir y eran usados como fortines burocráticos por los políticos locales. Eso produjo un veloz aumento en la cobertura de muchos de ellos: el acueducto pasó de cubrir el 59,45% de los hogares en 1985 al 76,32% en 2005, por ejemplo.

Mover la decisión de las tarifas de un organismo con cinco personas a una sola, que además tiene un claro incentivo político, puede ser riesgoso a la hora de revisar la sostenibilidad del sistema. “Una decisión que es política puede ser un retroceso histórico en servicios públicos”, ha dicho Camilo Sánchez, director de Andesco, la agremiación empresarial. “La política tiene incentivos de otro tipo, como las de subir índices de favorabilidad” dice a este periódico Lorenzo Villegas, abogado experto en regulación y antiguo comisionado de comunicaciones. “Pasar la política tarifaria al presidente es algo que Petro puede hacer pero me parece que es una mala idea”, concluye. Y ese debate, el de quién debería determinar las tarifas, es uno que crece en paralelo al jurídico.

Las implicaciones todavía no son claras pues no se pueden determinar hasta que no se concrete en decisiones sobre las tarifas o en documentos legales sobre cómo las fijaría el presidente. Sin embargo, el anuncio ya tiene efectos pues crea incertidumbre entre las empresas privadas, que deben invertir para mantener o mejorar sus servicios. “Hoy usted, como empresario, dice que no invierte más hasta no tenerlo claro”, explica Márquez, el excomisionado de comunicaciones.

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