La muerte de 19 niños enluta los festejos de los indígenas asentados en Bogotá

Faltaron dos días para que Yeraldine Vitukay Murillo, una bebé embera, cumpliera su primer año de vida. Cuando sus padres la llevaron a la ambulancia instalada frente a La Rioja, el centro del Distrito donde intentan sobrevivir desde hace 8 meses, su cuerpo ya no tenía signos vitales. Mientras millones de bogotanos disfrutaban de las novenas navideñas, murió en la tarde del 19 de diciembre. Semanas antes había sido dada de alta del Hospital San Blas donde estuvo hospitalizada por afecciones pulmonares, según cuentan sus papás. Hasta el momento no hay un dictamen final de la causa del deceso.

Meses antes, el Pueblo Wounaan asentado en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, vivió una tragedia similar. El 27 de agosto, un par de días después de haber cumplido 4 años, Luis Mathia Quintero Negria murió luego de presentar una hinchazón en su rostro. Sus padres pensaron que era una picadura y buscaron asesoría médica, pero los profesionales de la salud a quienes acudieron les dijeron que no era grave. Al día siguiente los visitó su Jaibaná — médico tradicional indígena — y les avisó que el niño estaba muerto. La causa del fallecimiento sigue siendo ‘indeterminada’. A la semana, en la misma familia una mujer Wounaan dio a luz a una bebé sin vida. Hasta ahora tampoco saben por qué.

Ambas pérdidas golpearon fuertemente a la familia y a su pueblo que, al igual que otros 15, llegó desplazado a Bogotá hace 16 meses. Desde entonces las Autoridades Indígenas en Bakata (AIB), el proceso organizativo en el que se agrupan, han registrado 22 fallecimientos de indígenas, incluyendo 19 de menores de edad, y 5 muertes gestacionales. Para Laura García, integrante de AIB, las condiciones en las que han vivido por más de un año y la negligencia estatal para garantizarles una estadía digna son factores determinantes para las reiteradas muertes. “La pésima situación en la que se ven obligados a vivir genera una proliferación de enfermedades que genera que la población tenga como consecuencia estar hospitalizados y vivir con secuelas”, explica. “El desamparo institucional es absoluto. Los Wounan duraron seis meses sin atención médica. Por eso mismo tampoco sabemos qué produjo esos fallecimientos”, asegura García, quien ha estado atendiendo estos casos de primera mano. Las infecciones se han vuelto virales en los centros en los que viven, y afectan de manera especial a los niños y niñas, muchas veces con problemas de desnutrición que las empeoran. De acuerdo con reportes de la Secretaría Distrital de Salud, solo en la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Rioja, donde viven 578 menores indígenas desde inicios del mes de mayo, hay bajo revisión médica cinco menores que presentan desnutrición aguda, tres con desnutrición severa y cuatro con tuberculosis. Para AIB la cifra es incluso mayor.

La alimentación ha sido difícil para las comunidades ya que el desplazamiento a Bogotá les ha obligado a cambiar sus costumbres, comer solo una vez al día o les ha imposibilitado el acceso a alimentos que hacían parte de su menú diario. Mientras en sus resguardos podían abastecerse de sus siembras de plátano o yuca, en Bogotá comerse un banano se les volvió un lujo. Para paliar el hambre muchos optaron por la mendicidad, lo que ha traído consigo más tragedias.

Una de ellas fue la muerte de Herlinda Arce, una niña embera de 7 años. Herlinda salió a pedir monedas con su abuela. Tras horas caminando, cruzaron una calle para comprar un banano para la niña. Un bus la atropelló. Duró varios días hospitalizada y el 19 de junio murió.

Acciones de emergencia que ya no dan espera

Para los líderes indígenas estas muertes se habrían evitado si el Estado hubiera cumplido con las exigencias que han hecho desde que llegaron a la ciudad. Aunque en ese tiempo han firmado varios compromisos las administraciones distrital y nacional, para ellos estos casos demuestran que los acuerdos no han pasado del papel. La última vez que el Gobierno se sentó a dialogar con ellos fue en octubre, después de que una protesta indígena terminara en enfrentamientos con la Policía en el centro de Bogotá. En la reunión, que se realizó de urgencia, participaron delegados de AIB, el presidente Gustavo Petro y varios miembros de su Gobierno, como la embera y directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón, y el ministro de Interior, Alfonso Prada. A la salida del encuentro, Prada declaró que habían logrado 9 acuerdos urgentes para hacerle frente a la ‘crisis humanitaria’, como la llamó. Entre los compromisos estaba avanzar en un retorno seguro de los indígenas a sus zonas de origen, a través de la Unidad de Víctimas. La entidad informó a EL PAÍS que ha realizado dos asambleas en el Resguardo Alto Andágueda, del que han salido desplazadas al menos 2.000 personas en la última década, en su mayoría del Pueblo Embera Dóbida y Siapidara, como consecuencia del conflicto armado. Según la institución, en estos espacios lograron más de 40 acuerdos. Gracias a ellos, el 21 de diciembre se inició el regreso de alrededor de 250 indígenas a los departamentos de Chocó y Cauca. Para Jairo Montañez, líder de AIB, puede haber un desplazamiento nuevo en febrero o marzo. “Mo hubo condiciones políticas, ni una ruta clara para el retorno. El consenso necesario para estos procesos no se respetó”, dice.

Para quienes continuarán en Bogotá, el acuerdo consiste en impulsar que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) donara un predio para reubicar a una parte de las comunidades y así disminuir el hacinamiento que viven en las UPI. Según comunicó la entidad en un comunicado de prensa este martes, dispondrá de tres predios para ese fin: uno en la vereda El Diamante de Pereira (Risaralda), y los otros dos en Bogotá, uno en Teusaquillo, y otro en el centro de la ciudad. El siguiente paso es que transfiera los inmuebles a la Unidad para las Víctimas, y que esta continúe el proceso. Con respecto a las exigencias de AIB para hacerle frente a la crisis de salud, sus voceros dicen que las respuestas siguen sin llegar. Es una preocupación urgente porque hay infecciones virales en los centros y a raíz de una de ellas, un menor de seis meses se encuentra hospitalizado. Las Autoridades llaman la atención sobre la magnitud del riesgo para pueblos como el Yanakona, que junto a los Wounaan fue reubicado en Ciudad Bolívar y vive en un centro donde solo cuentan con leña para cocinar y duermen en el piso sobre colchonetas. Para García, las demoras vulneran el derecho a la vida y demuestran que el racismo permea a la sociedad. “Son población de especial protección, que tienen barreras del idioma, de movilidad, económicas. Y aún así son discriminados en los centros hospitalarios. Mientras la administración siga considerando al indio como de tercera categoría, nada va a cambiar”. Por su parte, Montañez advierte que las condiciones el Parque Nacional y las UPI, son las mismas. “Fueron pañitos de agua tibia. Seguimos esperando dónde están los 9.000 millones que la Alcaldesa dice que ha invertido en los indígenas”. Para los pueblos originarios asentados en Bogotá no han sido felices fiestas y la espera les sigue costando vidas.

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