Una sala de crisis va a monitorear el desastre nacional causado por las lluvias

Este lunes festivo el Gobierno colombiano anunció que desde ahora el presidente Gustavo Petro estará monitoreando muy de cerca el desastre ambiental y social que ha causado la larga y dramática temporada de lluvias. El diluvio de este año, según dijo el presidente cuando declaró la emergencia nacional, ha sido el “peor en los últimos 40 años”. Si una crisis puede llegar a ser una oportunidad, Petro ha decidido darle prioridad a dos puntos importantes en su visión del cambio para el país en medio del drama: garantizar la seguridad alimentaria en Colombia, y reubicar a los campesinos hacia mejores tierras.

Después de una reunión con todo su gabinete en la tarde del lunes, el ministro del Interior y portavoz del Gobierno, Alfonso Prada anunció que el Gobierno contará ahora con “una sala de crisis” que sesionará las 24 horas, los 7 días de la semana. Estará ubicada en la sede de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y tendrá apoyo de varios ministerios, para atender emergencias en todo el país. El martes, añadió Prada, el Gobierno convocará a la junta directiva del Fondo Nacional de Calamidades para empiecen a aprobar en qué se gastarán los 2.1 billones de pesos que el Gobierno ya le quitó a otros sectores para destinarlos a atender a los damnificados. Y el miércoles, dijo el Ministro, Petro instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) que sesionará semanalmente, en el que los ministros deben rendirle un informe sobre las medidas que están tomando para enfrentar la crisis. Allí también podrán sentarse alcaldes y gobernadores que han declarado sus territorios en calamidad pública.

Petro, enfatizó Prada, pidió que la prioridad al asignar los recursos sea “la atención del hambre”. Como explicó Javier Prada, director de la UNGRD y encargado de enfrentar la crisis climática, a El PAÍS, la mayoría de los municipios afectados por las lluvias tienen una capacidad económica muy limitada y su población es mayoritariamente rural, “campesinos de quienes depende una gran parte de la producción de comida del país”. Esos campos inundados están desconectados de las urbes porque muchas de las vías terciaras o veredales están colapsadas por las lluvias. “La seguridad alimentaria es cada vez más complicada”, añadió el director.

El ministro del Interior explicó que los recursos también se destinaran a kits con frazadas y medicamentos, y a la reubicación temporal de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Eventualmente, añadió, empezará la reubicación definitiva de muchas de estas familias, construyendo nuevas viviendas para ellos en sitios seguros. Esa relocalización “va dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia Potencia Mundial de Vida’, que presentaremos mañana”, dijo el ministro.

El anuncio del Gobierno llega después de un fin de semana trágico. En la vía entre Bogotá y al municipio vecino de La Calera tres quebradas se desbordaron y dos personas fallecieron en medio de la tormenta —un guardia de seguridad, además, sigue desaparecido. Cerca a la frontera con Venezuela, en el departamento de Norte de Santander, cinco personas siguen desaparecidas. Y en un municipio del vecino Santander, varias familias salieron de sus casas en canoas con sus seres queridos y sus pertenencias.

La UNGRD ha dicho que la catástrofe de lluvias es este año ya mucho más dramática que la del 2010 y 2011, la última vez en la que se declaró emergencia nacional por las lluvias, y que seguramente seguirá lloviendo con fuerza por lo menos hasta febrero, cuando es altamente probable que siga vigente el fenómeno de La Niña. Hasta el momento se reportan 205 personas fallecidas a causa de las inundaciones o derrumbes— casi el doble de todo el año anterior, cuando hubo 126 muertes. La Unidad también habla de 281 heridos, 53 personas desaparecidas, 496 mil personas afectadas, 5.858 viviendas destruidas, y afectaciones en 2.236 vías del país. Los cinco departamentos más afectados son Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Chocó y Cauca, pero más de 700 de los 1.108 municipios del país se han declarado en calamidad pública por las lluvias, incluyendo Bogotá.

El Gobierno anunció a principios de noviembre que destinaría 2.1 billones de pesos para la primera fase de su plan de acción, que irá hasta que terminen las lluvias y que se enfoca en la seguridad alimentaria: incluye ayuda alimentaria para las familias afectadas; recursos para el Plan de Alimentación Escolar para los menores; apoyo a ‘ollas comunitarias’ para robustecer la oferta de alimentos. El presupuesto también debe permitir financiar fertilizantes para alimentos de ciclo corto, y así reactivar la economía en las zonas campesinas afectadas.

Por otro lado, lejos de Colombia, la Ministra de Medio Ambiente Susana Muhamad dijo en la conferencia climática COP27 en Egipto que el Gobierno apoya a la coalición de países en desarrollo que buscan una reducción de la deuda externa para poder destinar más recursos a la reparación de daños causados por el cambio climático. De acuerdo al Ministerio, Colombia debería destinar unos 4.3 billones de pesos cada año para ello, atendiendo especialmente las consecuencias de inundaciones, sequías, incendios forestales o huracanes.

“Colombia propone que para el tema de financiamiento se haga un estimativo de cuál es la deuda mundial de los países en desarrollo, los bancos multilaterales más el sistema de Naciones Unidas, para que se comprometan a realizar una reducción en el porcentaje de la deuda inmediatamente en el año 2023. Con esto, se busca abrir el espacio fiscal para implementar acción climática”, dijo en la COP 27.

Colombia no es el único país en desarrollo pidiendo esta reducción de la deuda. El Gobierno de Pakistán ha propuesto lo mismo en la conferencia del clima, después de que las inundaciones este año dejaron a más de 1.700 personas muertas, 33 millones de damnificados en un país de 230 millones de personas, y daños por aproximadamente 30.000 millones de dólares. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, se ha pronunciado a favor de que países como Pakistán tengan un mecanismo para intercambiar parte de su deuda para liberar recursos en rehabilitación, recuperación y reconstrucción después de este tipo de desastres.

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