Problemas aplazados

Los problemas que no se resuelven crecen, se multiplican y no mueren: se hacen cada vez más complicados. Como le ha tocado a gobiernos anteriores, el de Gustavo Petro enfrenta hoy varios desafíos que se han pospuesto o se han enfrentado con soluciones parciales o provisionales. El del subsidio a los combustibles y el conflicto por la tierra son apenas dos de esos líos que ha heredado este Gobierno, como los heredaron otros. Es posible que el presidente Petro tampoco pueda resolverlos plenamente, pero debería avanzar y no es nada fácil.

En el caso del precio de los combustibles, Petro ha planteado la necesidad de decidir en qué invertir millonarios recursos públicos: ¿usarlos para subsidiar el precio de la gasolina o para atender urgencias sociales? Al final poder hacer reformas es cuestión de plata. Hay acuerdo entre los expertos en la necesidad de desmontar los subsidios porque resulta insostenible para las finanzas del Estado. Además, subsidiar combustibles fósiles va en contravía de la transición energética. La pregunta entonces es cómo hacerlo, con qué velocidad y gradualidad para que el impacto sobre la economía no sea tan fuerte. En una situación de inflación desbordada como la actual, el desmonte de subsidios podría incrementarla y golpear de manera significativa no solo a quienes tienen carro particular sino también a amplios sectores populares y de clase media.

El presidente ha dicho que no se tocaría el precio del ACPM porque es el que más se usa en transporte de carga y pasajeros. Sin embargo, es claro que el efecto se puede sentir porque aún muchos vehículos de carga usan gasolina, y la usan también los taxistas y los motociclistas que tienen sus vehículos para transportarse y muchos para trabajar. El efecto dominó también puede golpear la canasta familiar. No desmontar subsidios es seguir acumulando un déficit insostenible, pero desmontarlos impacta el bolsillo de muchos en un momento crítico.

El Gobierno de Iván Duque decidió no hacerlo para no golpear la recuperación económica y porque hubiera sido imposible en medio de su impopularidad. El Gobierno de Petro tiene la favorabilidad para darse ese golpe político, pero debe hacerlo con sumo cuidado para que la economía, que ya enfrenta muchos retos, no se afecte más ni le cobren en las calles el golpe al bolsillo. Y este toro, como el de las tarifas de energía, lo deberá enfrentar el presidente porque ya quedó claro que la ministra Irene Vélez no podrá asumir ese liderazgo.

Si hablamos de tierras, llevamos décadas (por no decir siglos) con altos niveles de inequidad en la distribución y regularización de la tenencia. Son problemas que han estado en el fondo de todas nuestras violencias. Las tomas que han sido una constante en nuestra historia se han multiplicado en las últimas semanas y son otro desafío para el Gobierno, que respondió con contundencia en la voz de la vicepresidenta, Francia Márquez, y de la ministra de Agricultura, Cecilia López. Las dos recordaron que el Gobierno está comprometido con la reforma agraria pero no por vías de hecho. “Hay que respetar la Constitución”, dijo la ministra. Sin embargo, las tomas siguen, el llamado ultimátum de 48 horas no ha disuadido a los reclamantes y hoy el Gobierno enfrenta también una disyuntiva: si no cesan las tomas, ¿Usará la fuerza pública para desalojar los predios ocupados? La ley permite hacerlo, pero enfrentar con el Esmad un reclamo social es una fórmula que Petro criticó como pocos desde la oposición y que va en contravía de la filosofía de la seguridad humana de su Gobierno. Sin embargo, permitir las tomas tampoco es una opción.

El Acuerdo de paz dejó una ruta trazada para tratar de superar algunos de los obstáculos que han estado incrustados en el lío de la tierra en Colombia. La Reforma Rural Integral es el primer punto de lo firmado. Tiene muchos ingredientes, entre ellos la democratización del acceso a la tierra, la regularización de la propiedad, la actualización del catastro, el desarrollo integral, los subsidios y créditos para los más vulnerables. Por eso hay quienes dicen que se necesita implementar el acuerdo y nada más. Otros dicen que no es suficiente, pero se debe empezar. En todo caso ninguno de los puntos se resuelve en un mes, en un año ni en cuatro.

El asunto de la tierra es tan viejo que hay una ley de 1936 en la cual se plantea la creación de una jurisdicción agraria, que podría definirse como “una Jurisdicción Especial para la Paz de tierras” para resolver los cientos de conflictos que se habían acumulado y que hoy se siguen acumulando. Y en esta materia cada solución aplazada la hemos pagado con muertos.

Mientras se debaten estos temas siguen las masacres, la violencia de todo tipo, la inseguridad, el hambre y la inequidad. Resolver problemas estructurales no es fácil y Petro en campaña prometió hacerlo. Desde el poder todo es a otro precio porque cada decisión, y más si busca tocar problemas de fondo, tiene consecuencias y costos económicos, políticos y sociales. En el caso del subsidio a los combustibles y el problema de la tierra el Gobierno tiene que avanzar. Seguramente no será tanto como esperan quienes votaron por esas soluciones, pero no puede ser tan poco que se sigan aplazando. Que en el camino el país no se descuaderne es el reto mayor. A un mes de su posesión el presidente se juega su liderazgo.

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