Los desheredados de la tierra presionan a Petro para que cumpla su promesa

El primer problema del nuevo Gobierno de Colombia no lo protagonizan los empresarios que veían en Gustavo Petro a un líder castrochavista, ni los uribistas que lo llamaban guerrillero. La primera amenaza de crisis está creciendo desde un sector de la misma izquierda que lo llevó al poder. Petro prometió en campaña una reforma agraria para resolver las eternas desigualdades que arrastra la propiedad de la tierra en el país. Un problema tan profundo que ningún presidente ha logrado, o querido, resolver nunca. La tierra se ha repartido siempre entre los poderosos, por la fuerza o como moneda de cambio, convirtiendo en despojados a los más pobres. Estos son los que hoy presionan al Gobierno para que cumpla su palabra. Invasiones de propiedades a lo largo de todo el país tensan desde la investidura las costuras de un presidente recién llegado. Y la presión va en aumento. Uno de los últimos campamentos ilegales se bautizó como ‘Asentamiento Gustavo Petro’.

El Gobierno se vio obligado la semana pasada a hacer frente a un problema creciente. Salir al paso de las críticas de la oposición, que los acusa de haber alentado los asentamientos con su discurso, y templar los nervios de las organizaciones que promueven estas acciones y que dieron su apoyo a Petro durante la campaña. Fue la vicepresidenta Francia Márquez, convertida durante la campaña en un símbolo para los más desfavorecidos, quien dio la cara. “No aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”.

El ministro de Defensa añadió que los ocupadores tenían 48 horas para abandonar los predios o se tomarían las acciones necesarias para su desalojo. Es decir, enviar a las fuerzas del orden para proteger la propiedad privada. El analista político Andrés Mejía Vergnaud reconoce que fue un mensaje “muy duro”, que no se habría diferenciado del de un Gobierno de derecha o centro derecha. El plazo expiró el viernes, pero el Gobierno quiere evitar una acción que podría ser demoledora para su discurso y generar brotes violentos con los ocupadores. La ministra de Agricultura, Cecilia López, que se confiesa muy preocupada, dice que se están priorizando los diálogos locales para evitar un desalojo por la fuerza.

López lamenta por teléfono que si siguen las invasiones el esfuerzo del Gobierno podría frenarse. “Me cuesta mucho entender que, cuando se les está dando una oportunidad, tomen una medida que quita capacidad política para actuar. Esto alimenta a los sectores que nunca han querido una reforma agraria”, añade contrariada. La ministra confía en poder empezar a titular tierras expropiadas al narco cuanto antes para calmar los ánimos, pero pide paciencia, ya que aún está configurando todos los equipos del ministerio.

Se trata de equilibrio muy complejo. Organizaciones como el Coordinador Nacional Agrario de Colombia (CNA), detrás de varios asentamientos, dio el jueves un primer aviso al Ejecutivo. En un comunicado, alertó de una posible “agresión a los Derechos Humanos” a partir de una orden de la Presidencia. No tienen ninguna intención de irse y prometen seguir “recuperando” la tierra que durante décadas les han robado “los terratenientes criollos y el capital transnacional”.

En medio de este río revuelto, también hizo su aparición el poderoso presidente de la federación ganadera José Félix Lafaurie. En redes sociales, anunció la creación de grupos de ganaderos “de reacción solidaria” para actuar en defensa de cualquier afectado por las invasiones. Sus palabras trajeron los ecos del pasado. En la década de los 90 se crearon los llamados grupos Convivir para defender la propiedad rural, que acabaron siendo origen del paramilitarismo. Lafaurie negó la relación entre unos y otros, pero su mensaje abona una crisis que no es nueva para Colombia.

Las invasiones de tierras se producen desde hace décadas y de forma intermitente. Empezaron a finales de los años 50 y se intensifican durante cualquier negociación agraria, gracias a la fuerza de organizaciones campesinas. Hasta ahora, todas las reformas agrarias han sido muy tibias, y han contado con el rechazo frontal de la derecha, lo que ha acumulado una tensión latente. Petro aprovechó en la campaña ese hartazgo y prometió una reforma agraria que incluye entregar tierras improductivas a los campesinos. La ministra de Agricultura ha mantenido la promesa, pero necesita tiempo para un problema muy profundo. El país ni siquiera tiene un catastro real y actualizado. Además, el Gobierno está ahora centrado en el debate sobre la reforma tributaria, la que considera la madre de todas las reformas, y que aspira a sacar antes de final de año. Petro no puedo hacer todo a la vez.

El presidente ha comenzado su Gobierno con buen pie, un 56% de los colombianos aprueba su gestión. Pero parte del éxito de su mandato dependerá de como maneje las expectativas de quienes lo auparon a la Presidencia con la promesa de cambiar el país. Los primeros en ponerse exigentes han sido los campesinos, afrodescendientes e indígenas que llevan décadas esperando una reforma agraria. La elección de Francia Márquez para tratar de aliviar la tensión no es casual. Ella es una mujer afro, campesina, que dejó su casa amenazada de muerte por defender la tierra. Pero sus palabras no han provocado ninguna reacción. Las tomas de propiedades se siguen acelerando.

“Han generado una expectativa muy fuerte que está siendo utilizada para ejercer una presión y obligar al Gobierno a actuar rápidamente”, explica Rocío Londoño, profesora jubilada de la Universidad Nacional e investigadora de la historia agraria. A las asociaciones que protagonizan las invasiones, la espera ya se les está haciendo larga, a pesar de que el mandato aún comenzó el 7 de agosto.

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