Una masacre de siete policías pone la primera prueba a la “paz total”

La masacre de siete policías este viernes, acribillados en la zona rural de una de las capitales de Colombia que más sufrieron el conflicto armado, pone a prueba la política bandera del Gobierno de Gustavo Petro, la ambiciosa “paz total”. Con menos de un mes en la Presidencia, Petro ha hecho un remezón de las cúpulas militares y de la Policía, ha nombrado un ministro de Defensa experto en derechos humanos y lucha contra la corrupción pero no en seguridad, y le ha tendido la mano a los diferentes grupos armados que hay en el país, con sus propuestas de negociación y cese al fuego multilateral.

Pero, como muchas otras veces en la atribulada historia de un país atravesado por décadas de conflictos que se entremezclan, una de las respuestas al inicio de un proceso de diálogo es un recrudecimiento del conflicto. Puede ser una manera de mostrar poder para negociar, de hacer que la contraparte esté más dispuesta a hacer concesiones en una mesa. “En anteriores intentos de negociación se ha reforzado la seguridad, por los colombianos y como mecanismo de presión. Juan Manuel Santos autorizó bombardear a Alfonso Cano, con quien ya había acordado sentarse a negociar”, recuerda Jairo Libreros, experto en seguridad y profesor de la Universidad Externado de Colombia. Se refiere a la muerte, en 2011, de quien era el máximo líder de la guerrilla de las FARC y había aceptado iniciar una negociación con el Estado colombiano.

En este caso es más difícil saber si se trata de una táctica de ese tipo. Por un lado, el Gobierno ha anunciado su intención de negociar con todo tipo de grupos, y eso hace más difícil que uno de ellos busque mostrar poder: podría terminar beneficiando a otro. Hasta ahora ninguno ha reclamado la autoría de la masacre, que todavía es materia de investigación, pero el propio Petro señaló este sábado que era “altísimamente probable” que los responsables fueran las disidencias de las FARC que se alejaron del acuerdo de paz.

La última vez que ocurrió algo similar, en enero de 2019, fue en medio de unos empantanados diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia. Ésta hizo estallar una bomba en la escuela de formación de oficiales de la Policía, en Bogotá, que mató 21 personas. A los tres días reivindicó su autoría, algo fundamental para enviar el mensaje de poderío y capacidad operativa para golpear en su corazón a la Fuerza Pública.

En esta ocasión el ataque se dio en la zona periurbana de Neiva, ciudad intermedia y capital del departamento del Huila, en el centro-sur del país. No es una zona en la que algún grupo haga presencia permanente o tenga control social, tampoco es una zona alejada o de cultivos de coca. Los policías asesinados no estaban en un operativo contra grupos ilegales, ni eran un cuerpo de choque: de los ocho atacados, cuatro (incluyendo el único sobreviviente) eran auxiliares de policía, como se conoce a los jóvenes que prestan el servicio militar en la Policía, no portan ni aprenden a usar armas, y se dedican a labores orientadas al trabajo con la comunidad. “No puede haber más auxiliares de policía en las zonas que denominamos de conflicto”, señaló Petro como el primer aprendizaje del doloroso episodio.

Por eso, el ataque no parece haber sido una muestra de poder. Pero sí uno preparado: fue en un lugar en el que la carretera se estrecha entre zonas montañosas, los atacantes usaron explosivos y todo indica que esperaban el paso de los uniformados. Luis Fernando Trejos, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte, asegura que probablemente buscaba mandar un mensaje diferente al del poder. “Le miden el aceite al Gobierno”, afirma.

Trejos se refiere a lo que ve como una carencia del Gobierno. “Desde la campaña percibo que un 80% de la estrategia de seguridad y defensa es la paz total. El gran vacío es cuál es la apuesta disuasiva del Gobierno, que no aparece ni en el programa ni en sus pronunciamientos. No sabemos si van a seguir tras objetivos de alto valor, si va a ser nacional, binacional, focalizada... ese vacío hoy pasó una factura. ¿Qué pasa con los grupos que no están interesados en la paz total? Esa política, con lo que sabemos hasta ahora, parece tener en un punto ciego en la seguridad urbana”.

Este año han sido asesinados más de 30 policías en todo el país. Las autoridades han señalado un ‘plan pistola’ detrás de estos crímenes, que tienen como blanco policías jóvenes, patrulleros y mujeres. El de este viernes ha sido el peor ataque contra la institución bajo el nuevo Gobierno, que empezó su mandato el 7 de agosto, con el difícil desafío de frenar la violencia cuando la ONG Indepaz reporta que en 2022 ha habido 74 masacres, 13 en los 26 días desde que Petro llegó al poder.

Hasta ahora las autoridades han valorado la masacre como un ataque, justamente, a la paz total. “Rechazo contundentemente el ataque (...) Solidaridad con sus familias. Estos hechos expresan un claro saboteo a la paz total. He pedido a las autoridades desplazarse al territorio para asumir la investigación”, escribió el mismo viernes el presidente Petro. “Rechazo el aleve atentado cometido en la tarde de hoy contra uniformados de la Policía de la subestación de San Luis, Neiva. Toda mi solidaridad con las familias (...) Las Fuerzas Armadas deben responder con contundencia a este ataque a la paz”, dijo en la misma dirección el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La oposición de derecha leyó el ataque bajo la óptica de que la paz total es una política carente de disuasión. “Dolor profundo con el asesinato de los policías. Los terroristas se burlan de la generosidad, son desdeñosos con las ofertas sociales, fortalecen su capacidad delictiva con la impunidad. Al terrorismo solamente lo arredra la autoridad”, escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “La masacre de nuestros policías evidencia que la ‘paz total’ lleva a usar a la Fuerza Pública como carne de cañón y que la impunidad nunca es un buen mensaje”, dijo a Caracol Radio la senadora Paola Holguín, una de las cabezas visibles del uribismo en el Congreso.

En la noche del viernes el presidente, el ministro y la cúpula militar y de la Policía, viajaron a Neiva. Allí instalaron un puesto de mando unificado para evaluar la situación junto con las autoridades locales. Para Trejos, lo que salga de esa reunión puede ser capital. “De la respuesta del Gobierno ante esta masacre depende lo que vendrá ahora. Si es débil o tardía, se puede recrudecer la inseguridad, especialmente urbana. Si es oportuna, quizás disuada a los grupos que están viendo una ventana de oportunidad en un Gobierno que arranca concentrado en la paz y en las organizaciones que tienen su fuerza en zonas rurales alejadas”.

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