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El ‘plan pistola’ del Clan del Golfo: la violencia marca el arranque del Gobierno de Petro

El imparable asesinato de policías supone un problema mayúsculo para el nuevo Gobierno, que deberá atender los efectos de la política de seguridad de Iván Duque

Sally Palomino
compañeros asesinados por el Clan del Golfo, en Bogotá, Colombia
Varios policías participan en una ceremonia en honor a sus compañeros asesinados por el Clan del Golfo, en Bogotá el pasado 18 de julio de 2022.Carlos Ortega (EFE)

Gustavo Petro recibe un país en llamas. Las Autodefensas Gatinanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo, como las denomina el Estado colombiano) han desplegado en el último mes un plan, imposible de contener, para atentar contra policías. Han muerto al menos 36 este año, la mayoría durante el mes que acaba de terminar. Los atacan a plena luz de día, desde motocicletas. Muchas de las víctimas apenas empezaban su carrera en la institución. Un plan pistola, como se conoce a la orden de un grupo armado de asesinar sistemáticamente a miembros de la fuerza pública, es un término conocido en Colombia porque no es la primera vez que ocurre, pero ahora aparece justo antes del inicio de un nuevo Gobierno que ha abierto la puerta a posibles acercamientos con todas las organizaciones armadas bajo su apuesta de “paz total”.

Ya no están los capos que ordenaban matar policías para declararle la guerra al Estado. Pablo Escobar y el Cartel de Medellín lo hicieron en la década de los noventa y cientos de policías fueron asesinados. Aunque el Clan del Golfo, como lo hacía Escobar, paga por cada uniformado muerto, sus intenciones son otras.

Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en conflicto, explica que hay varias hipótesis sobre las acciones de las AGC que marcan el final del Gobierno de Iván Duque y se presentan como un reto que debe atender con urgencia el Ejecutivo de Petro. “El plan pistola extendido en varios territorios del país busca mostrar un reposicionamiento de cara a la llegada del nuevo gobierno para llevar adelante una interlocución política, que demanda un reconocimiento por parte de quien esté en el poder. Pero también se puede leer como una acción retaliativa ante golpes que ha sufrido la organización, como ha ocurrido antes”.

Un retrato de un policía asesinado se exhibe durante una ceremonia en su honor en Cali, el pasado mes de julio.
Un retrato de un policía asesinado se exhibe durante una ceremonia en su honor en Cali, el pasado mes de julio. ERNESTO GUZMÁN JR (EFE)

En noviembre del año pasado, el presidente Duque anunciaba el “fin” del Clan del Golfo tras la captura de alias Otoniel. Decía entonces que solo quedaban unos “reductos” para que la organización dejara de existir, pero no fue así. Desde entonces el grupo armado ha demostrado no solo que existe sino que tiene la capacidad de confinar municipios enteros, como lo hizo en mayo, o que tiene cómo activar un plan para matar. “La del Gobierno Duque fue una estrategia fallida porque aplicaron las mismas políticas que se usaron durante la seguridad democrática [implementada por los gobiernos de Álvaro Uribe], que tenían como pilar atacar objetivos de alto valor estratégicos: capturar o matar. No se comprendieron las particularidades de las AGC, que ya han demostrado que con cada golpe se fortalecen”, opina el profesor Trejos.

El plan del gobierno saliente ha sido efectivo para abrir noticieros y llenar titulares de prensa, pero -dice el experto- cada vez que se celebra en Bogotá la muerte o captura de un cabecilla de alguna organización armada, en las regiones lloran. “Esas viejas estrategias de seguridad han sido ineficientes para atajar a esas nuevas formas de organización de los grupos armados, que no responden a estructuras homogéneas, y que tampoco, como se dice equivocadamente, son paramilitares”.

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Trejos asegura que usar una misma estrategia para todas las bandas sucesoras del paramilitarismo ha sido poco útil. Mientras en algunas zonas organizaciones como Los Ratrojos o Los Costeños han tomado el control, las AGC se han extendido por casi todo el país.

En una investigación publicada por la revista Contexto, Trejos y el también investigador Reynell Badillo hacen una radiografía hasta ahora poco conocida de estas organizaciones. Sobre las AGC aseguran que, contrario al discurso oficial, están lejos de circunscribirse únicamente al crimen y que se trata de una organización con pretensiones políticas. Tienen estatutos, himno y una relación con la población que va más allá de la búsqueda de rentas. “Debe desmontarse la idea errada de que lo político y lo criminal son esferas antagónicas. El hecho de que su metarrelato político-ideológico no sea tan extendido no significa que no desplieguen actividades políticas. Al establecer normas de comportamiento que regulan sus interacciones con las comunidades, están construyendo órdenes sociales. Y esas órdenes son políticas, así como parte de su discurso y sus documentos internos”, señalan los autores en un extenso informe sobre el desafío que representa el Clan del Golfo.

Una carta enviada hace unos días por varios grupos armados al gobierno que está por llegar volvió a poner sobre la mesa el debate de una negociación con ellas, que piden un proceso parecido al que han tenido organizaciones como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las FARC. Las acciones del último mes buscan demostrar que si el país busca la paz total, la promesa central de Petro, ellos no se pueden quedar por fuera.

Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que el Clan del Golfo intenta demostrar control territorial y unidad. Aunque uno de sus líderes más visibles, alias Otoniel, fue extraditado, siguen operando unidos y en todo el país. “La política de seguridad se debilitó tanto durante los últimos cuatro años que incluso la fuerza pública está desprotegida. La política del gobierno saliente no fue la mejor, los grupos armados crecieron y el país queda con la urgencia de encontrar una solución”, señala Daza.

A las prioridades de Iván Velásquez, que desde el próximo domingo será el ministro de Defensa, se ha sumado como un actor tan importante como el ELN, opina el investigador. “En materia de seguridad, el reto ya no es solo retomar los diálogos con la guerrilla, también está por delante el desafío de no repetir los errores del pasado frente a las organizaciones criminales y lograr llenar esos espacios que han estado abandonados, sin presencia estatal, desde la desmovilización de las FARC”.

La próxima semana Duque ya será expresidente, pero los problemas de su política de seguridad se quedan. El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un reto mayúsculo frente a la violencia, que esta vez tomó por blanco a los policías y recuerda las peores épocas de la guerra de Pablo Escobar contra el Estado.

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Sobre la firma

Sally Palomino
Redactora de EL PAÍS América desde Bogotá. Ha sido reportera de la revista 'Semana' en su formato digital y editora web del diario 'El Tiempo'. Su trabajo periodístico se ha concentrado en temas sobre violencia de género, conflicto armado y derechos humanos.

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