Las eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012

Alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz por impago el año pasado en España, más del doble que antes de la crisis: en 2006 se registraron 600.000. El sector es reacio a ofrecer cifras globales, por lo que no se puede establecer una cantidad exacta, pero si se bucea en las memorias de Iberdrola y Endesa, las dos grandes compañías que acaparan el 80% del suministro y las únicas que tienen publicado el dato, se puede obtener una aproximación significativa. En 2012, Iberdrola suspendió el suministro un total de 588.120 veces y Endesa lo hizo en 524.814 ocasiones (engloba Portugal, pero según la propia eléctrica en ese país tiene muy poco mercado y el porcentaje es irrelevante). Entre ambas realizaron 1.112.934 desconexiones, lo que supone una tasa en torno al 5% del total de sus clientes domésticos —unos 20 millones, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE)—. Si extrapolamos este porcentaje a los otros seis millones que tienen contratado el servicio con otras operadoras, habría que sumar otras 300.000 desconexiones.

En total, en 2012 se produjeron alrededor de 1,4 millones de cortes de luz por falta de pago. Es raro que a una misma familia le ocurra dos veces en un mismo año, aseguran en Endesa, por lo que puede afirmarse que la mayoría de esos cortes se produjeron en viviendas distintas, aunque hay que tener en cuenta que en algunos casos se trata de segundas residencias y que también pueden estar incluidas pequeñas empresas con consumo doméstico.

Desde 2007 la factura eléctrica ha aumentado un 60% y la renta media de los hogares se ha reducido un 8,5%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La consecuencia es que las familias tienen cada vez más dificultades para pagar el recibo —un 9,2% lo hacen con retraso—, lo que se traduce en más cortes de suministro. Nunca antes la cifra había sido tan alta. El único dato anterior a la crisis corresponde a 2006, cuando la cifra total de desconexiones trascendió al ser incluida en un informe enviado por la CNE a la Comisión Europea: entonces se registraron unas 600.000, menos de la mitad que en 2012. De ahí hay que saltar hasta 2010, el primer año del que se conocen datos de Iberdrola y Endesa, para poder establecer otra comparación: entre ambas sumaron 933.760, casi 180.000 menos que las que acumularon el año pasado.

La escalada preocupa y ha puesto sobre la mesa el creciente problema de la pobreza energética, pero de momento el Gobierno no ha adoptado medidas para atajarla. La semana pasada el PP rechazó cinco enmiendas al proyecto de reforma del sector eléctrico que proponían prohibir los cortes a las familias vulnerables durante el invierno, tal como ocurre desde hace varios años en Reino Unido y más recientemente en Francia. Solo la Junta de Andalucía ha dado un paso adelante, al anunciar que está preparando un decreto para garantizar el servicio a personas en riesgo de exclusión.

Las eléctricas aseguran que la suspensión del suministro es la última opción a la que recurren ante un impago. “Suelen pasar cuatro meses desde que se comunica el impago hasta que se procede al corte. En ese tiempo el cliente, si quiere, puede negociar un plan de pagos para evitar la desconexión”, aseguran desde en Endesa. “Antes de llegar a ese extremo ofrecemos alternativas de cobro en las que se tiene en cuenta tanto el importe de la factura como el histórico de morosidad del cliente. Fundamentalmente, se ofrecen pagos aplazados sin intereses”, explican en Gas Natural Fenosa, compañía que no revela sus datos de impagos. Iberdrola destaca también la posibilidad de contratar una cuota fija durante todo el año para aliviar la factura los meses de mayor consumo.

La normativa española establece que las compañías pueden suspender el suministro a los clientes domésticos con tarifa TUR (regulada por el Gobierno) cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que se comunica el impago, aunque en la práctica las empresas suelen dar otros dos meses de prórroga. La ley no protege a los clientes que tienen contratado el servicio en el mercado libre, que están fuera de la TUR y suponen alrededor del 30%, por lo que en estos casos la empresa suele imponer sus plazos en los contratos. “Lo hacen a libre albedrío, a veces en cinco días. Y lo que es peor: hay personas a las que su compañía ha pasado al mercado libre sin notificárselo y no lo saben, creen que siguen en la TUR porque pagan lo mismo, pero en realidad no tienen el mismo nivel de protección”, avisa Rubén Sánchez, de la organización de consumidores Facua.

En cualquier caso, pasado ese plazo que marca la ley, no hay vuelta atrás: el corte es fulminante. “Una mañana te levantas y no hay luz. No viene nadie a avisarte porque lo pueden hacer a distancia, lo tienen automatizado”, denuncia José Manuel Goig, padre de una familia con dos hijos de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) que se quedó a oscuras una mañana el pasado 21 de mayo por no abonar sus recibos desde enero. “Me habían comunicado por escrito que tenía hasta el 11 de junio para pagar mi deuda, pero la fecha estaba equivocada. Yo estaba apurando hasta el último momento porque vamos muy justos, el único ingreso fijo que tenemos ahora es la pensión de mi abuela de 92 años, que vive con nosotros, y me planifico para pagar cada mes un recibo, no puedo con todos a la vez”, lamenta.

Goig tuvo que reunir en una mañana 147,30 euros (la suma de las facturas de enero, febrero y marzo). Pero además en el siguiente recibo tuvo que abonar 20 euros por los costes de reconexión. “No sé que costes serían esos, porque lo hicieron todo a distancia. Es más bien un castigo”, opina. Eso sí, en cuanto pagó lo que debía recuperó la luz. “En unas horas volvimos a tener el servicio. Pude conseguirlo en una mañana gracias a mis familiares, pero no todo el mundo tiene esa suerte”, advierte.