La ‘ley Wert’ prevé un 81% menos de inversión que la LOE

La reforma educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert lleva la crisis —y, por lo tanto, la austeridad y las restricciones presupuestarias— tatuada en el articulado. “El eje sobre el que pivota no es el incremento de la inversión en educación, sino la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos disponibles, modificando la estructura del sistema educativo en la enseñanza secundaria”. Estas palabras, extraídas de la memoria del análisis de impacto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), resumen el espíritu económico de la norma que acaba de ser aprobada en el Congreso de los Diputados solo con los votos del Partido Popular.

En esa memoria de impacto se contempla que la reforma de Wert tendrá, como máximo, un coste de implantación de 1.335 millones de euros. Esta cifra no aguanta una comparación con la norma que pretende sustituir: 7.033 millones reservaba la Ley Orgánica de Educación (LOE). Es decir, 5.698 millones menos, aunque se debe tener en cuenta que la LOE fue aprobada en 2006, cuando la situación económica era muy distinta de la de ahora.

La norma anterior dedicó el grueso a programas al exilio del alumnado

La coyuntura era otra y las prioridades que se marcaron también eran diferentes. En la aún vigente ley educativa el bloque con mayor financiación era el denominado “el éxito de todos los alumnos”, con 2.795 millones. Ahí se incluían las partidas destinadas a programas de refuerzo y desdobles. También, los programas de cualificación profesional, el refuerzo de las lenguas extranjeras y la implantación de las nuevas tecnologías.

El horizonte de las inversiones de la LOE fue de cinco años, entre 2006 y 2010. “La inversión se cumplió”, recuerda Miguel Recio, el responsable del gabinete de estudios de Comisiones Obreras. Pero, a partir de 2011, muchas de esas partidas e inversiones, como las destinadas a las nuevas tecnologías y al incremento de plazas de guardería, han ido desapareciendo de los presupuestos autonómicos y, sobre todo, de los estatales, el principal financiador de estos programas.

En el caso de la LOMCE, el apartado para el que el ministerio compromete un mayor desembolso es el destinado al gasto que supondrá la anticipación de la elección de itinerario a tercero de ESO y los cambios en cuarto. El ministerio estima un coste de 229 millones de euros en los dos cursos de implantación. Pero las centrales sindicales se han quejado de que, para llegar a esta cifra, el departamento de Wert consolida una de las medidas de recorte que más impacto han tenido entre las plantillas docentes de los institutos: el incremento del horario lectivo de los profesores.

La financiación de la reforma de Wert también ha centrado parte del debate en su tramitación. Varias comunidades, también gobernadas por el PP, se quejaron de la escasa financiación que el ministerio había previsto. En un primer borrador se contemplaba un gasto cinco veces menor, algo que se modificó a principios de año.

El Consejo de Estado juzgó escasa la dotación de la LOMCE

El Consejo de Estado también abordó este asunto en el crítico análisis que hizo de la reforma. En su dictamen sobre la norma se afirma que el proyecto padece de una “insuficiencia” en “la valoración económica que entrañará su aprobación”. Este órgano consultivo ve “muy limitado” el gasto previsto para los cambios estructurales que se contemplan, entre ellos, la creación de una nueva Formación Profesional Básica.

De los hasta 1.335 millones que la reforma Wert contempla, 408 son de inversión directa del Estado en los dos primeros cursos de implantación, lo que se traduce en partidas durante tres ejercicios presupuestarios. Es decir, el Gobierno central asumiría el 30% de la inversión. El gasto al que se comprometió el Estado con la LOE era de 4.279 millones, lo que suponía el 60,8%.

Pero en el caso de la inversión prevista en la LOMCE hay una incógnita importante. Invertir los otros 927 millones de la reforma será una decisión que deberán tomar y financiar las comunidades autónomas, que ven como año a año sus presupuestos van menguando. El Ministerio de Educación aspira a conseguir aportaciones a través de los fondos europeos para poder desarrollar la norma.

La inversión prevista en la reforma de Wert es también muy inferior a la que se dibujaba en la memoria económica de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE). Esa norma, aprobada durante el Gobierno del PSOE, acarreaba un gasto de 1,3 billones de pesetas (7.916 millones de euros) para el periodo comprendido entre 1990 y 1997. El Estado se comprometió a aportar el 41%, es decir, 3.298 millones de euros. Pero, según detalla Miguel Recio, las previsiones de la LOGSE nunca llegaron a cumplirse.

Por un lado, la crisis de 1992 se comió todas las promesas, también las referidas a las mejoras en el sistema de enseñanza. También influyó, explica Recio, la llegada a La Moncloa del PP de José María Aznar, que se vio obligado a aplicar a regañadientes una ley heredada de los socialistas con la que no estaban de acuerdo.

Los populares aprobaron su reforma de la enseñanza en 2002: la llamada Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), una norma que no llegó a desarrollarse al ser paralizada por el PSOE tras ganar las elecciones generales de 2004. La LOCE salió adelante sin una memoria económica y sin que se precisaran las inversiones.