La escuela española y las teorías del desastre

“Las estadísticas, si las torturas bien, acabarán diciéndote lo que les pidas”, decía hace años en privado un analista educativo de un organismo internacional. La utilización política de los informes internacionales sobre educación ha corrido paralela a su aumento y popularidad. De hecho, los monumentales trabajos de la OCDE con el informe PISA (que mide las competencias básicas de los chicos de 15 años de más de 60 países del mundo) o el recién publicado PIAAC (hace lo mismo con adultos de 16 a 65 años) se presentan como herramientas para que los Gobiernos tomen decisiones informadas en una materia tan delicada y crucial. Y aportan, es innegable, una ingente cantidad de información valiosa. El problema llega cuando asoma una utilización política que toma los resultados que conviene y cuando conviene y, además, los especialistas empiezan a señalar en direcciones contrarias usando como base los mismos datos.

Un ejemplo perfecto se encuentra en esa reciente presentación del PIAAC, que la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, aprovechó para desacreditar la ley que puso en marcha un Gobierno del PSOE en 1990. Y lo hizo apenas unos días antes de que se vote en el Congreso (ocurre mañana) la reforma impulsada por el ministro José Ignacio Wert, que ya ha sido frontalmente rechazada con huelgas y manifestaciones en la calle por buena parte de la comunidad educativa y, en el Parlamento, por casi toda la oposición.

Los economistas de la Pablo de Olavide José Antonio Robles y Antonio Villar apuntan en sendos trabajos ese impacto negativo de la LOGSE del que habló Gomendio, pero advierten en los propios textos que los resultados no son sólidos. El primero, halla un ligero descenso en la puntuación de cálculo durante la primera etapa de transición de la LOGSE (durante toda la década convivieron modelo nuevo y antiguo) y el segundo, también en ese mismo periodo de transición, detecta que entre las personas de 25 a 34 años que han estudiado hasta enseñanzas medias hay menos en el nivel 3 de competencia lectora (32,25%) que en la cohorte de 35 a 44 (35,29%).

Un estudio coloca a los adultos españoles a la cola de la OCDE en lectura y cálculo

“Están cogidos con pinzas”, señala el sociólogo de la Complutense Julio Carabaña, que había calificado un día antes como “disparate” la rotundidad de Gomendio al decir que la LOGSE había fracasado en su intento de mejora. El también sociólogo de la Complutense Rafael Feito añade: “Hay comunidades en el informe PISA [como La Rioja o Castilla y León] que obtienen resultados como los de los mejores, como Finlandia, y lo han hecho con las mismas leyes que todos los demás”. En general, el PIAAC señala para España un gran avance entre los resultados de los más jóvenes con respecto a los mayores, pero con una puntuación media que le deja en el penúltimo lugar en lectura y el último en matemáticas de los 23 países evaluados.

Mientras Carabaña dice que España está en el informe “al nivel de Italia, no muy lejos de Francia”; y que en cualquier otro campo “parecería normal”, el también sociólogo Mariano Fernández Enguita escribe: “No se ha superado el desfase con la media de los países más avanzados” y que “el fracaso es del conjunto de la política educativa, la institución escolar y la profesión docente (sin contar, más vagamente, con el de la sociedad)”.

En ese contexto, mañana votará el Congreso la que promete ser la séptima ley orgánica educativa de la democracia (la LOMCE), que el ministerio presentó como la aplicación de las evidencias internacionales que ofrecen informes como el de PISA, aunque más tarde tuvo que admitir una parte ideológica cuando se introdujeron puntos para reforzar la Religión y la escuela privada subvencionada (concertada), entre otros. El secretario general adjunto de la OCDE, Yves Leterme, alabó el pasado lunes la idea de fomentar la evaluación (la nueva ley recupera las reválidas) y la autonomía de los centros (aunque esta dependerá sobre todo de cómo desarrollen la norma las comunidades). Sin embargo, también es cierto que la OCDE, basándose en esos mismo estudios, ha advertido una y otra vez sobre la inutilidad de la repetición de curso (algo que no se aborda en la reforma).

Y, ello, además, teniendo bien presente que las conclusiones de esos informes tampoco son incontestables. Carabaña advertía ya en 2006 que PISA identificaba muy bien las diferencias entre países, pero no las causas —“No apoyan ningún curso de acción determinado, pese a los piadosos esfuerzos de sus autores e intérpretes por apuntalar con sus datos ciertas corrientes pedagógicas”—, ya que para cada afirmación se puede encontrar un ejemplo que funciona al contrario.

Además, tanto él como muchos otros especialistas han advertido en contra de que las políticas se dejen guiar excesivamente por esos trabajos. Y no solo en España. “Es problemático juzgar la calidad de un sistema educativo diverso y complicado con una sola evaluación, no importa lo buena que sea. PISA y TIMSS [una prueba de matemáticas y ciencias en primaria] están bien diseñadas y bien implementadas, y proporcionan datos sólidos sobre las habilidades y conocimientos, pero es mucho lo que PISA no evalúa”, advierte en un trabajo del año pasado la investigadora del Centro de Estudios Independientes, de Australia, Jennifer Buckingham. “También es problemático fijar metas sobre la base de comparaciones o clasificaciones. Si todos los países de la OCDE mejoran su sistema educativo de manera significativa, mejorarían los resultados de todos los estudiantes, pero no habría ningún cambio en la clasificación”, añade.

El ministerio dice que la LOGSE fracasó en la mejora del sistema

Así, los problemas de lectura e interpretación, muchas veces entrelazados con las utilizaciones políticas, son las claves de las dificultades que impiden alcanzar ese ideal reclamado por muchos especialistas de tomar decisiones basadas en la evidencia, dejando de lado ocurrencias y prejuicios ideológicos.

De hecho, en la base de la imagen de la educación española hay una asunción muy extendida que multitud de expertos (Carabaña, Feito, Francisco Imbernón...) insisten sin mucho éxito en declarar falsa: que la escuela española es un desastre y no solo eso, sino que va para atrás. “Tenemos un sistema donde, a pesar de que se ha duplicado el presupuesto entre 2000 y 2009, los resultados de PISA han empeorado”, dijo Gomendio en una entrevista en este diario el pasado junio. En el examen de lectura, en 2009 los alumnos españoles estaban 12 puntos por debajo de la media mientras que en 2000 estaban a siete.

Pero distintos expertos aseguran que esa diferencia no es significativa. De hecho, el julio, el director del informe PISA, Andreas Schleicher, decía en el Congreso en una comisión sobre la LOMCE: “¿Dónde se sitúa España globalmente? Podemos decir que los resultados educativos se han mantenido estables, y bien en términos de equidad. El mayor reto está en cómo aumentar la calidad sin perder el grado de equidad elevado que alcanza. La capacidad lectora creo que se ha mantenido bastante estable, pero no ha crecido en cuanto a calidad como ha ocurrido con otros países”.

El sociólogo de La Laguna José Saturnino Martínez suele explicarlo de la siguiente manera: si se transforman a una escala de estatura los resultados de PISA, el conocimiento medio en la OCDE sería algo así como 180 centímetros, y los chicos españoles medirían en lectura 178,8, no muy lejos de Reino Unido (180,1), Dinamarca (180,2) o Estados Unidos (180,7). Con ello, el especialista canario viene a decir: “Los españoles no somos tan bajitos en nivel educativo como se cree”.

Distintos expertos insisten en que los resultados de PISA no son malos

Pero también multitud de especialistas hablan de mediocridad, de malos resultados y del retroceso al que se refiere Gomendio. E, independientemente de la calificación global del estado de la escuela, nadie niega que los problemas existen y son preocupantes, sobre todo, un abandono educativo temprano que, aunque reduciéndose, sigue estando muy por encima de la media europea (24,9% frente a 12,8%). El problema, de nuevo, es que nadie es capaz de poner encima de la mesa soluciones indiscutibles.

Por eso, señala Rafel Feito, es tan importante el consenso a la hora de poner en marcha una reforma, y por eso se queja amargamente de la falta de diálogo de la que desde todo tipo de sectores han acusado al Ministerio de Educación durante la tramitación de la LOMCE. Ya ha habido dos huelgas generales y el próximo 24 habrá otra. Acusan a la futura ley de ser segregadora y de volver al pasado (por las reválidas y adelantar los itinerarios, entre otras cosas), de fortalecer la Religión y la escuela concertada. Aseguran que iniciativas como las reválidas no solo no mejorarán el problema, sino que empeorarán el abandono escolar y se quejan de que toda la ley es un ataque a la escuela pública que se completa con un recorte del presupuesto educativo que ya va por los 6.400 millones de euros desde 2010.

La OCDE, en este caso, advirtió en su último informe económico para España contra estas restricciones económicas: “Los recortes en la educación pública (también los de sanidad) difícilmente pueden hacer una contribución mayor para cumplir los objetivos de reducción del déficit, ya que es importante proteger el acceso”, explicaba en enero el economista de la OCDE Andrés Fuentes.

Por su parte, el Gobierno define su reforma como “un abordaje de los principales problemas detectados en el sistema educativo español, sobre resultados objetivos de las evaluaciones realizadas por organismos internacionales”, que conseguirá la mejora gracias a la “flexibilización de las trayectorias” (itinerarios), “atención personalizada” (pruebas de evaluación en primaria o un nuevo título de formación profesional) y la “cultura de la responsabilidad y el esfuerzo” (reválidas, autonomía y rendición de cuentas).

Y así, en medio de un diálogo de sordos desde hace meses, mañana se vota en el Congreso la LOMCE: se enviará después al Senado, que, una vez vista, la devolverá al Parlamento para su aprobación definitiva. Todos los grupos de la oposición, salvo UPyD, UPN y Foro de Asturias, se han comprometido a derogarla si el PP pierde su actual la mayoría absoluta.