La marihuana recreativa no hace gracia a todos

Los ciudadanos de los Estados de Colorado y Washington votaron el pasado 6 de noviembre a favor de legalizar el consumo, la producción y la venta de marihuana a los mayores de 21 años para fines recreativos. La decisión fue recibida con entusiasmo por los grupos defensores de la despenalización, que consideran la histórica decisión como un punto de ruptura en la actual estrategia de la lucha contra las drogas. Sin embargo, aún es aventurado celebrar el triunfo absoluto de estas iniciativas, que todavía están dando los primeros pasos en un camino hacia la legalización total que se antoja largo y difícil

La marihuana sigue siendo una sustancia prohibida, de acuerdo con la ley federal, que la incluye en el mismo grupo que el LSD o la heroína. Sobre el papel, las leyes de Colorado y Washington colisionarán con la legislación vigente y podrían provocar un conflicto sobre los derechos de los Estados a legislar en este ámbito y la estrategia de prohibición de las drogas defendida por la Administración. Los legisladores de ambos Estados, además, se enfrentan al reto de controlar la adquisición de cannabis por ciudadanos de territorios vecinos y de impedir que las nuevas disposiciones favorezcan el blanqueo de dinero procedente de la venta ilícita del producto.

Aunque difieren en algunos aspectos, las leyes de Colorado y Washington despenalizan la posesión de hasta una onza (28 gramos) de marihuana en los mayores de 21 años y regulan la licencia, la venta, el cultivo, la producción y la tributación sobre el producto. La primera parte de las normas, la que se ocupa de la legalización de la posesión, entró en vigor el 6 de diciembre en Washington y lo hará el 5 de enero de 2013 en Colorado. Estas disposiciones son las que, a priori, generarán menos conflicto con el Gobierno federal.

"Los Estados no están obligados a criminalizar una actividad solo porque el Gobierno federal sí lo haga", advierte en conversación telefónica Daniel Robelo, miembro de Drug Policy Alliance, una organización que ha contribuido económicamente en las campañas a favor de la legalización en Colorado y Washington.

¿Están los Estados obligados a criminalizar lo que diga la ley federal?

"La posesión de una onza de marihuana seguirá siendo ilegal conforme a la legislación federal, pero no según la estatal, de modo que las autoridades de Colorado y Washington no están obligadas a perseguir estos delitos", explica Jonathan Caoulkins, experto en políticas antidroga de la Universidad Carnegie Mellon. "Sí pueden hacerlo las distintas agencias federales o el Departamento de Justicia. La cuestión es si tienen recursos y les merece la pena destinar agentes a estos delitos menores", asegura.

La segunda parte de la ley, la que aborda la regulación de la producción y la distribución de la marihuana, sí podría convertirse en una fuente de conflicto entre la Administración central y los Gobiernos estatales. Colorado y Washington tienen de plazo hasta el 1 de enero de 2014 para desarrollar las disposiciones relacionadas con la venta, la tributación y las licencias para dispensarla. Hasta entonces, la comercialización del cannabis se moverá en un incómodo limbo legal. La falta de definición sobre la política que vayan a adoptar las distintas agencias federales y el fiscal general del Estado, Eric Holder, está generando cierta incertidumbre entre los legisladores de Colorado y Washington.

"Por supuesto que cualquier Estado que autorice la venta de marihuana está violando la ley federal", explica en un correo electrónico Kevin Sabet, antiguo asesor de Barack Obama en la lucha contra las drogas y director del Instituto de Política sobre Drogas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida. Tras la aprobación de los referendos el pasado 6 de noviembre, el Departamento de Justicia y la Agencia Antidroga emitieron un lacónico comunicado en el que se limitaban a recordar que la ley federal no había variado y que la marihuana seguía siendo una sustancia prohibida, pero que "esperarían a ver cómo desarrollaban sus leyes cada uno de los Estados".

Una postura que contrasta con la que Holder mantuvo hace dos años, cuando California se dispuso a aprobar un referéndum similar. Entonces, el fiscal general advirtió tajante que no permitiría una ley que legalizara la marihuana. Algunos quieren ver en este cambio de actitud un viraje de la Administración de Obama en su política sobre el cannabis, paralelo al cambio de parecer de la opinión pública, mucho más favorable a la legalización ahora que hace dos años.

Otros, sin embargo, consideran que detrás de esa postura se encuentra un interés electoral. "Colorado era un Estado clave y el silencio del fiscal general tenía un objetivo político destinado a no poner en contra del presidente al electorado joven, muy proclive a la legalización", explica por teléfono Brian Vicente, abogado y asesor en la redacción de la ley que se aprobó en Colorado el 6 de noviembre. "Pero sí es cierto que la Administración de Obama ha relajado su política sobre el control del cannabis, como en el caso de la marihuana para consumo medicinal", reconoce.

El Gobierno federal no se ha pronunciado todavía sobre qué medidas estaría dispuesto a adoptar cuando entre en vigor la regulación de la venta, licencias y producción. "Estoy convencido de que la Administración se mantendrá firme y enviará cartas a los Estados advirtiéndoles de las posibles consecuencias —requerimientos judiciales, demandas, mandamientos para que cumplan con la legalidad— por violar la ley federal", asegura Sabet.

El Departamento de Justicia no persigue a los vendedores de cannabis medicinal

Aunque es cierto que la Administración de Obama está facultada para adoptar cualquiera de las opciones indicada por Sabet, muchos dudan de que vaya a llevarlas a la práctica basándose en la actitud que el Gobierno federal ha adoptado con relación a la venta y uso de la marihuana medicinal —legal en 18 Estados más el Distrito de Columbia— en estos últimos cuatro años.

"El Departamento de Justicia ha optado por mantenerse al margen y no perseguir a los usuarios ni a los propietarios de las tiendas de marihuana medicinal que vendían el producto a pequeña escala y de acuerdo con las legislaciones estatales. Solo en los últimos meses han aumentado las redadas contra grandes establecimientos que proporcionan este tipo de hierba", explica en conversación telefónica Robert Mikos, profesor de Derecho de la Universidad de Vanderbilt y experto en la legislación sobre la marihuana. Es precisamente esta actitud de la Administración de Obama la que hace ser optimista a muchos de los expertos sobre su convencimiento de que el Gobierno federal no se opondrá a la venta.

"Creo que lo efectivo sería analizar aquellos aspectos en los que las leyes de Colorado y de Washington podrían coexistir, en lugar de centrarse en aquello en lo que puedan ser incompatibles", indica Nicole Flatow, miembro del Center for American Progress. "En este sentido sería bueno que ambas partes hablaran".

Tras la aprobación de los referendos, Holder ha mantenido encuentros con los legisladores de ambos Estados, pero no ha transcendido nada de lo que se trató en ellos. Para muchos sería importante conocer cuál será la estrategia que pretende seguir la Casa Blanca para poder actuar en consecuencia. "Los efectos y el alcance de las respectivas leyes serán muy diferentes en función de lo que la DEA (la oficina antidroga) y el Departamento de Justicia decidan hacer", advierte Flatow.

Colorado y Washington se han convertido en un laboratorio, un banco de pruebas que servirá para comprobar si la regulación de la marihuana de manera similar a la del tabaco puede ser una alternativa eficaz en la lucha contra las drogas, como ocurrió con la legalización del alcohol en el primer tercio del siglo XX. Lo que suceda allí será mirado con lupa, no solo por el resto de Estados, que están pensando en desarrollar iniciativas similares, sino también en otros países, en especial de América Latina.

Ahora se sabrá si la legalización reduce la violencia o hace caer los precios

En los próximos meses se comprobará si la legalización consigue reducir el mercado negro, la violencia y las detenciones y procesamientos por posesión de marihuana, como defienden los que abogan por la despenalización, o si únicamente solo provoca una disminución de los precios y un aumento del consumo.

"Lamentablemente, no tenemos ejemplos de lo que pueda ocurrir", indica Mark Kleiman, profesor de la universidad de UCLA y coautor del libro Legalización de la marihuana: lo que todo el mundo debe saber. "Obviamente el consumo crecerá, porque está claro que el valor en el mercado bajará, la cuestión es cuánto más", sostiene Kleiman.

Los precios ya disminuyeron cuando comenzó a legalizarse el uso de la marihuana medicinal. Ahora el precio de la onza ronda los 250 dólares (193 euros), y hace un par de años estaba en los 400 (308 euros). Sin embargo, muchos advierten de que la actual legislación contra la droga no ha impedido tampoco que los precios desciendan. "Más allá del consumo, hay muchas ventajas derivadas de la legalización: menos arrestos y más libertad", defiende Robelo, de Drug Policy Alliance.

“El Ejecutivo federal será el último en cambiar de opinión”, cree un experto

Hay otras cuestiones que sí preocupan más a los legisladores. "Las normas de Colorado y Washington deberán prestar atención en impedir que ciudadanos de otros Estados o países acudan a esos territorios y hagan acopio de marihuana para revenderla en sus ciudades de origen o en evitar que el otorgamiento de licencias actúe de efecto llamada para que los traficantes obtengan un permiso y pongan una tienda que les sirva de tapadera para sus actividades ilegales o para blanquear dinero de la droga", advierte Caoulkins.

Desde el 6 de noviembre, el Estado de Washington ha dejado de procesar cientos de casos sobre faltas relacionadas con la tenencia de cantidades menores de marihuana y su policía local ha decidido no presentar cargos a los mayores de 21 años por la posesión de cannabis a menor escala. El 21 de noviembre, el jefe de la policía de Aurora, en Colorado, envío a sus agentes un correo electrónico en el que anunciaba que el fiscal de la localidad iba a dejar de perseguir de manera inmediata a los mayores de 21 años por delitos por posesión de marihuana, una medida que ha sido seguida por las autoridades de otros distritos de ese territorio.

Colorado y Washington son los primeros Estados que han legalizado la marihuana, pero el movimiento para la despenalización de la posesión se remonta a los años setenta. Entonces, la Administración de Carter entendió que castigar el consumo de la marihuana era más perjudicial para los ciudadanos que la propia planta y pidió al Congreso que votara la descriminalización de la posesión de pequeñas cantidades, además de sugerir que los Estados pudieran legalizarla si lo deseaban. Ronald Reagan truncó el que parecía el proceso inevitable hacia la legalización cuando calificó el cannabis como "la droga más peligrosa de los Estados Unidos" La campaña abanderada por su esposa, Simplemente di no, sumió a los grupos prolegalización en una relativa impopularidad.

Cuarenta años después, la situación ha variado considerablemente. Según las últimas encuestas publicadas por Gallup y la Universidad Quinnipac, en octubre y diciembre, respectivamente, más del 50% de los estadounidenses están a favor de la legalización. En 1969, solo el 13% la apoyaba. El debate sobre la regulación de la posesión y la venta de la marihuana ha llegado hasta los medios de comunicación. The Washington Post y The Oregonian han publicado editoriales a favor de la legalización; la revista de The New York Times eligió como foto de portada hace unas semanas la de un porro para ilustrar la historia de la creciente industria del cannabis en el condado de Humboldt (California), cuya universidad acaba de inaugurar el Instituto para la Investigación Interdisplicinar de la Marihuana.

Estos síntomas, unidos a la intención de los Estados de Rhode Island y de Maine de aprobar leyes similares a las de Colorado y Washington en 2013 —una iniciativa que Vermont, Massachusetts, California y Oregón podrían incorporar a las papeletas electorales de las próximas elecciones legislativas— parecen allanar el terreno para una legalización generalizada en una década. "Todavía hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. No me atrevería a aventurar que sea en 10 años, si nos atenemos a la evolución en el caso de la marihuana medicinal, en el que desde que en 1996 California legalizara su consumo, se puede decir que hemos avanzado a una media de un Estado por año. El avance parece lento, pero el hecho es que es algo imparable", sostiene Mikos. "Si hay cambios en la legalización, el último en cambiar de opinión será el Estado federal", se lamenta Caoulkins.

Más allá de las incertidumbres que pueda plantear el desarrollo de sus respectivas leyes o la incógnita sobre la posición de la Administración de Obama, los referendos de Colorado y Washington están marcando el camino a la legalización de la marihuana sin restricciones, más allá del uso terapéutico. Los legisladores de ambos Estados son conscientes de ello y se están esforzando en redactar una normativa "que sirva de ejemplo de que la despenalización del cannabis no es un problema sino una solución", como asegura Vicente.