Las clínicas de Aragón suspenden los abortos con cargo a la sanidad pública

Las dos clínicas que practican abortos en Aragón dejarán a partir del día 3 de realizar interrupciones voluntarias del embarazo con cargo a la sanidad pública por la deuda de más de 800.000 euros del Gobierno autonómico. Así, desde el jueves las mujeres deberán pagarse esta intervención que puede costar unos 300 euros. En Aragón se practican unas 2.000 interrupciones voluntarias del embarazo al año, algo que puede suponer unos 1,2 millones de euros anuales, según datos de las clínicas. Esta no es la única comunidad que acumula deuda, una situación que, según las clínicas, puede llevar a otras a tomar la misma medida que en Aragón. Los impagos con estos centros ascienden a más de cinco millones de euros.

Las clínicas aragonesas sostienen que carecen de medios para continuar haciéndose cargo de la prestación. Han iniciado el procedimiento para reclamar la deuda de 2011 a través de la línea ICO puesta en marcha por el Gobierno -unos 500.000 euros-, pero aún no han logrado un compromiso de la Consejería de Sanidad aragonesa sobre las facturas de 2012. “No queremos perjudicar a la mujer, pero no tenemos capacidad económica para seguir financiando la totalidad de la prestación”, explica Mayte Andreu, portavoz de la clínica Almozara. Según Andreu, su clínica y la clínica Astur -del grupo Dator- llevan más de un año negociando con el Gobierno aragonés el pago de la deuda.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad aragonesa ha indicado que se trata “únicamente de un problema económico”. “Lo primero que queremos decir es que el Gobierno de Aragón reconoce su obligación de prestar el servicio y que [la interrupción del embarazo] es un derecho de las mujeres”. Pero desde el cambio de la ley es una partida “que nunca ha tenido presupuesto”. “Cuando llegamos al Gobierno nos encontramos 400 millones de facturas sin pagar en Sanidad, y lo que hemos hecho ha sido dar plazos de pago”, ha afirmado el portavoz. “Precisamente, la semana pasada ofrecimos pagar 250.000 euros antes de 10 días, 150.000 antes de verano y el resto a final de año, pero las clínicas -que son dos- lo rechazaron”, apunta. Por eso, de momento, se ofrecen dos soluciones a las mujeres: adelantar el pago y luego reclamarlo al Gobierno aragonés, “y se está llegando a acuerdos con clínicas de comunidades colindantes para ofrecer el servicio”. “Nosotros preferiríamos que se hiciera aquí, porque sería más cómodo para las mujeres y el dinero se quedaría en la comunidad, pero esta es la solución que podemos ofrecer”.

Aragón no es la única comunidad que tiene facturas pendientes con las clínicas que practican abortos. La mayoría de las regiones han ido acumulando una importante deuda desde que esta prestación pasó a la cartera pública con la nueva ley del aborto en julio de 2010. Castilla-La Mancha, por ejemplo, debe a estos centros 1,3 millones de euros, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) -que agrupa a una treintena de ellas-, por los retrasos de más de un año en el pago de la prestación. Una deuda que no ha dejado de crecer y que ya llevó hace unos meses a los centros de esa comunidad a tomar la decisión de no aceptar a las mujeres que llegaran derivadas del sistema público. Sin embargo, las clínicas lograron finalmente el compromiso del Gobierno de María Dolores de Cospedal de que se afrontarían los costes. “Algo que no ha ocurrido. Las facturas se siguen acumulando”, explica una portavoz de ACAI.

También Asturias, Baleares o Madrid -con facturas impagadas por casi tres millones de euros- acumulan deuda. Las clínicas aseguran que el problema se está presentando fundamentalmente en las comunidades en las que gobierna el Partido Popular. “Están enmascarando tras los problemas económicos que esta es una prestación que no les interesa en absoluto. Para ellos no es una prioridad”, afirma Francisca García, vicepresidenta de ACAI. “En la ley orgánica queda claro que el aborto es una prestación gratuita”, añade. Las clínicas no descartan suspender los abortos de aquellas mujeres que lleguen derivadas de la sanidad pública en todas esas comunidades. “Estamos negociando”, dice una portavoz de ACAI.

Luisa Torres, portavoz del grupo Dator -con varios centros- cree que las facturas seguirán en los cajones hasta que el Gobierno reforme la ley del aborto. “Están asfixiando a los centros económicamente y esta es una manera de acabar con la prestación”, dice. “Las clínicas privadas estamos financiando el aborto de la pública. Y eso tiene una importante repercusión en los centros”, asegura Torres. Algunos se han visto obligados ya, afirma, a realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La decisión de los dos centros de Aragón, y sobre todo si esta pauta se repite en el resto de clínicas con facturas impagadas, puede suponer un problema para las mujeres. “Sobre todo para aquellas en una situación más desfavorecida, que no podrán pagar la prestación”, advierte.

La secretaria federal de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié ha asegurado que su partido solicitará la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad, Ana Mato. "Debe dar explicaciones sobre como va a garantizar que se aplique la ley. Más allá de que cada comunidad establezca su sistema, el Gobierno está obligado a garantizar la atención a las mujeres", afirma. Causapié se muestra preocupada por la posibilidad de que el aborto salga de la cartera de servicios básica. "Tememos que esto y el problema con las clínicas sea una estrategia para dejar sin efecto la ley", añade.

Varios portavoces de las clínicas se reunieron la semana pasada con la directora de Cohesión Sanitaria del Ministerio de Sanidad para abordar este tema y otros. En julio de 2010, el entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se fijó el plazo de dos años para analizar el funcionamiento de esta prestación y analizar un posible incremento en el presupuesto de las comunidades para financiar este servicio. Algo que, sin embargo, se ve muy lejano. La intención del cambio en la ley y el hachazo presupuestario convierten ese escenario en prácticamente imposible.