PP y Ciudadanos se ven amordazados y recurren en amparo al Constitucional

El PP y Ciudadanos han presentado este lunes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque se sienten vulnerados sus derechos fundamentales como partidos en la oposición en Cataluña ante la tramitación exprés de la ley de reforma del reglamento en el parlamento catalán que permite a la coalición nacionalista en el Gobierno de la Generalitat impulsar leyes y normas por lectura única y sin su participación.

Las diputadas catalanas de ambas formaciones que ha registrado el recurso, Lorena Roldán de Ciudadanos y Andrea Levy del PP, han coincidido en cuestionar el intento del ejecutivo catalán de "amordazar" a los representantes de esos partidos y a todos los votantes que no están de acuerdo con el separatismo. El PP lamentó la ausencia en esta iniciativa del PSOE y Ciudadanos pidió urnas ya pero para convocar elecciones autonómicas.

Tras oficializar en el registro del Constitucional el recurso de 37 folios, firmado por 23 parlamentarios autonómicos catalanes de Ciudadanos y once del PP, encabezados por Inés Arrimadas y Xavier García Albiol, las diputadas aprovecharon para cuestionar a la coalición independentista Junts pel Sí por intentar con esas iniciativas "amordazar" a la oposición. Lorena Roldán tachó la reforma "retorcida" del reglamento parlamentario como "mordaza" que no se va a permitir, recordó que los partidos ahora en la oposición suman más votos de las últimas elecciones que PDeCAT y ERC en el Gobierno y denunció que esa coalición persiga así "cambiar las reglas de juego a mitad de partido".

La diputada de Ciudadanos demandó urnas en Cataluña cuanto antes pero no para un referéndum de autodeterminación sino autonómicas para que todos los catalanes hablen. Como en ese momento unos 66 diputados nacionalistas de la coalición gubernamental en Cataluña habían presentado su intención de proponer en los próximos días una ley del referéndum, la portavoz de Ciudadanos no desperdició el momento para descalificar esa propuesta como "otro numerito de los golpistas de coche oficial" y "otro acto cobarde" de los responsables de la Generalitat de Cataluña que se esconden detrás de esos parlamentarios.

Por parte del PP, la diputada catalana Andrea Levy, vicesecretaria nacional de Estudios y Programas, remachó también la misma idea del intento de "amordazar" a la oposición y se reafirmó en la tesis de que el ejecutivo separatista no lo va a conseguir: "No puede imponerse la voluntad de unos cuantos y situar Cataluña en una democracia de extrarradio y de baja calidad democrática en la que aquellos que no son osados por incumplir la ley son premiados". Levy recalcó que el Gobierno central de Mariano Rajoy seguirá actuando como hasta ahora con todos sus instrumentos para paralizar todos los intentos antidemocráticos y secesionistas del ejecutivo catalán. Levy expresó su "pena y lamento" porque el PSOE y en este caso los diputados catalanes del PSC no hubiesen acudido también al Tribunal Constitucional para defender con este recurso lo que consideró como un "atropello a la democracia".

En la "clandestinidad"

La diputada del PP indicó que, en cualquier caso, ella se sentía representante de todos los votantes no nacionalistas y también de los del PSOE porque especificó que en estos momentos clave lo más importante es ser "generoso" y superar las siglas y defender "las reglas de juego de la convivencia, el consenso y la concordia" para todos.

La dirigente del PP no comprendió de nuevo la "equidistancia" del PSOE en estas circunstancias. Levy acusó a la Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont, de "actuar con clandestinidad" también en su intento de presentar la futura ley del referéndum, que todavía no se ha registrado ante la mesa del Parlamento de Cataluña. La diputada cuestionó esa manera de actuar del ejecutivo catalán desde el "apagón y el oscurantismo" y la mera "agitación política" que entiende que no va a ninguna parte.

Desde el Gobierno de Rajoy ya se ha avisado de que en cuanto esa ley se registre y sea admitida a trámite se actuará contra los miembros de esa mesa, que es un órgano de dirección del parlamento catalán. El Gobierno de Rajoy también ha recurrido esa reforma exprés del Constitucional (en este caso el pasado viernes y a través de un recurso de inconstitucionalidad), una vez oído el dictamen emitido por unanimidad por el Consejo de Estado que corroboró el pasado jueves que existen "fundamentos jurídicos" para recurrir al vulnerarse derechos de participación política en condiciones de igualdad reconocido en el artículo 23.2 de la Carta Magna.

En la tarde de este lunes se reúne el Pleno del Tribunal Constitucional para decidir si admite a trámite ese recurso. La admisión a trámite supondría la suspensión de la reforma parlamentaria y su paralización a la espera de resolución.