Un juez imputa al director de la cárcel de Murcia por el suicidio de un preso

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Mula (Murcia), Juan Ignacio Martínez Aroca, ha abierto diligencias previas por el suicidio el pasado febrero de un recluso en el Centro Penitenciario de Campos del Río (Murcia II) y ha citado a declarar como investigado, aunque sin concretar el delito, al director de la cárcel, Felipe José Burgos Fernández. La decisión se produce después que otra magistrada, en este caso la titular del Juzgado único de Vigilancia Penitenciaria de la región, Carmen Orenes, dictara el 15 de marzo un auto en el que consideraba que el máximo responsable de la cárcel “omitió” los protocolos para evitar que el interno, con antecedentes por autolesiones, pudiera quitarse la vida.

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El sindicato mayoritario de prisiones, ACAIP, ha presentado una denuncia por estos hechos y ha pedido por escrito al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que cese al director de la cárcel murciana y al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste. A este último, por “amparar y ser cómplice” de dichos hechos. Interior no respondió a los requerimientos de información de EL PAÍS.

Los hechos se remontan al 7 de febrero. Ese día, los funcionarios descubrieron el cadáver de Miguel Cabrera Castilla en su celda del módulo de aislamiento. El recluso había sido trasladado allí seis días antes a petición propia tras haber recibido amenazas de otro interno por “deudas de heroína”, según recogía el escrito que él mismo remitió para ello. El mismo día de su aislamiento presentó un segundo texto, en este caso para ser reintegrado a un módulo ordinario, pero éste nunca obtuvo respuesta y permaneció recluido en la celda individual, en la que finalmente se ahorcó.

Tras tomar declaración a seis internos y dos funcionarios, y recabar documentación, la juez de Vigilancia Penitenciaria consideró que se habían producido numerosas irregularidades tanto en el traslado del recluso al módulo de aislamiento como en la decisión de no atender su posterior petición de salir. En aquel auto, la magistrada recalcaba que el director de la cárcel acordó el aislamiento del preso “sin recabar previamente informe médico ni psicológico” sobre el recluso, que tampoco fue visitado por el doctor, ni el psicólogo ni el educador del centro durante los días que estuvo en el módulo, como determina una instrucción de Instituciones Penitenciarias de 2014.

Por todo ello, la juez concluía que el director “omitió” los protocolos a pesar de que sabía que Miguel Cabrera había estado incluido en el Programa de Prevención de Suicidios (PPS) tras haber protagonizado un intento de suicidio el 19 de abril de 2016 que obligó a su ingreso en un hospital, y que el día antes de su traslado a aislamiento se había provocado heridas.

Por todo ello, la juez, con el apoyo de la fiscalía, decidió deducir testimonio de estos hechos y enviarlos a los juzgados de Mula. El pasado 15 de junio, el juez Martínez Aroca abrió diligencias previas y citó como investigado a Felipe José Burgos para noviembre. En octubre declarará José Luis Pascual, representante de ACAIP, sindicato que ha presentado una denuncia. Para Pascual, es “inadmisible que siga al frente de la cárcel un director investigado por una supuesta negligencia que ha costado la vida a una persona”.