La sombra de Alaya planea sobre los ERE

La juez Mercedes Alaya perdió hace un año la gran batalla para quedarse en su juzgado. Luchó por prolongar sus investigaciones con la Junta de Andalucía como diana, pero tras un enfrentamiento con su sucesora María Núñez, salió perdedora. Antes de abandonar el despacho, Alaya dio un portazo y en dos escritos incendiarios acusó con rabia a Núñez de ser una juez incapaz. Parecía su último arrebato. Y sin embargo, esta semana parte de su tesis incriminatoria contra la cúpula del Gobierno andaluz ha rebrotado con el auto del último instructor, Álvaro Martín. Su sombra alargada sobrevuela los ERE, una macrocausa cuya rama política inculpa a los dirigentes de los últimos gobiernos socialistas en Andalucía por un fondo de 855 millones para empresas en crisis entre 2001 y 2010.

Martín ha dado un giro de timón para configurar un relato de hechos con regusto a las tesis de Alaya, según coinciden los juristas expertos de esta causa. El magistrado ha procesado a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero su decisión más trascendental e inesperada ha sido achacar el delito de malversación continuada a este último y otros 17 altos cargos del Gobierno andaluz, penado con hasta ocho años de cárcel. La posibilidad de un expresidente del Gobierno andaluz como Griñán, que fue ministro y presidente federal del PSOE, escuchando en sala la petición del fiscal de al menos cuatro años de cárcel, es una imagen que hará frotarse los ojos a muchos ciudadanos y que solo podría evitar in extremis la Audiencia de Sevilla.

Alaya instruyó la rama política durante tres años y medio, hasta el verano de 2014, cuando la remitió al Tribunal Supremo porque incluía cargos aforados, a los que acusaba de malversación y prevaricación. Retomó entonces la investigación el instructor del alto tribunal Alberto Jorge Barreiro, que eximió a la cúpula socialista del delito de malversación por falta de pruebas y se limitó a la prevaricación. Los diputados y senadores socialistas dejaron su escaño y el caso regresó a Sevilla un año después. El pasado otoño la juez Núñez tomó las riendas de la causa con 50 cargos investigados con el mismo criterio que Barreiro. Más tarde Núñez cedió la instrucción a su juez de refuerzo, Martín. Ahora, tras seis meses de pesquisas, este ha recuperado en gran medida la teoría del diseño de un plan “opaco” trazado desde la sede de la Junta de Andalucía, atribuida a Alaya.

El actual instructor es el presidente de la Asociación Profesional de Magistratura (APM) en Andalucía Occidental, de carácter conservador, pero siempre ha defendido su independencia y solvencia, avalada por la mayoría de juristas conocedores de sus sentencias como juez de lo Penal. Y ahora ha manifestado su decisión más mediática, su perspectiva sobre qué ocurrió durante 10 años para que la Junta siguiera pagando los ERE pese a los reparos de la Intervención General, que en 2005 alzó la voz de alerta con un duro informe dirigido a la Consejería de Economía, presidida por Griñán entre 2004 y 2009, que este alegó desconocer. A pesar de que de un plumazo ha dejado fuera a nada menos que 24 altos cargos de la Junta (principalmente de menor relevancia), su visión sobre la cúpula coincide en gran medida con Alaya. Pero sobre todo, discrepa de Barreiro y Núñez, uno de ellos con despacho en el Supremo, de ahí que la sorpresa haya sido total.

En los dos últimos años no ha habido pruebas relevantes que alteren el sumario de la rama política. A pesar de que el instructor del Supremo figure en la teórica pirámide judicial muy arriba, la independencia de los instructores de base sigue siendo sagrada, por lo que la opinión de Barreiro no debía influir en Martín, ni tampoco la de su compañera y titular del juzgado.

¿Cómo se justifica la malversación por parte de Griñán cuando hay ausencia de lucro del dirigente? Porque el delito se cometió, según el juez, por conocer que el gasto de las subvenciones estaba siendo impropio y no hizo nada por evitarlo. Ni él ni otros 17 altos cargos, entre ellos los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo. El informe de la Intervención advertía de que desde la Dirección General de Trabajo se otorgaban ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento e incumpliendo las garantías previstas. “Quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias (...) Aquellos que se limitaron a dejar hacer a otros”, resume el auto. Y el juez concreta sobre Griñán que conocía “la ilicitud del sistema que estaba sosteniendo”, y que “por tanto no debe admitirse su aducida ignorancia”. Desde que abandonó la presidencia por la presión de los ERE el verano de 2013, Griñán ha repetido que nunca recibió ese informe clave de 2005.

Hace un año, la visión de Barreiro sobre Griñán era exculpatoria respecto a la malversación: “No constan datos indiciarios incriminatorios contra José Antonio Griñán (…) no se ha acreditado que interviniera en la concesión concreta de ayudas fraudulentas de fondos públicos ni que supiera que se estaba disponiendo de los caudales públicos para las ayudas con destino al lucro ilícito de terceras personas”. Matiza la diferencia entre prevaricar y malversar: “Sí sabía que el sistema de concesión de las subvenciones era claramente ilegal en su tramitación, pero no obran indicios de que conociera que con la materialización del sistema se estuvieran desviando importantes sumas de dinero para procurar el beneficio ilícito de terceras personas”.

Un abogado de la causa que pide el anonimato define lo ocurrido esta semana: “Es un exitazo para Alaya. Lo que no consiguió con Barreiro lo ha conseguido ahora”. Y es que el auto de procedimiento abreviado, al margen del terremoto en las filas socialistas por su posible influencia en la cita electoral del 26-J, ha alterado el panorama de la macrocausa por completo.

Los ERE son desde 2015 una pieza central a la que acompañan otras que el juzgado abre poco a poco sobre cada ayuda concedida desde la Consejería de Empleo. Entre ellas la pieza política que debe ser la primera en llegar a la vista oral si se cumple el plan trazado. Y sin embargo, Martín ha retomado el esquema de Alaya sobre que la causa es indivisible al incluir la malversación junto a la prevaricación. ¿De qué manera? Si finalmente el juez emite auto de apertura de juicio oral e incluye la malversación, está deberá ser un delito definido y por consiguiente investigado. En tal caso, si se incluyen las más de 200 ayudas que contiene el fondo, el escollo es obvio: cualquiera de los empresarios implicados por las ayudas alegará en el futuro que la malversación en la que supuestamente incurrió ya ha sido juzgada y nadie le llamó para defenderse en el juicio de 2017.

En el juicio, los fiscales alegarán que la prueba fundamental es el atestado de la Guardia Civil sobre el fondo, mientras que los abogados responderán que eso no es una prueba válida para emitir una condena. El panorama es complejo como toda la macrocausa con casi 300 investigados, pero la salida y resolución en el próximo año promete un debate jurídico con posiciones radicalmente opuestas.