La juez del ‘caso ERE’ cede la pieza de Chaves y Griñán a otro magistrado

Tras apartar a la juez Mercedes Alaya para mantener el caso ERE, ahora la juez María Núñez ha cedido esta causa a su magistrado de apoyo, Álvaro Martín. La sorprendente decisión otorga un giro inesperado a una instrucción siempre delicada, ya que afecta a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a casi una decena de exconsejeros y a decenas de ex altos cargos del Gobierno andaluz. De este modo, Martín se dedicará a instruir las primeras seis piezas piloto par darle un empujón a la investigación, que acumula 276 imputados y, tras cinco años, sigue estancada y a paso lento.

Núñez ha presentado su propuesta, consensuada con Martín, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuya Sala de Gobierno prevé aprobar mañana la medida. Con esta decisión el magistrado de apoyo abandonará los asuntos ordinarios del juzgado para pisar el acelerador en las seis piezas abiertas, entre ellas la del procedimiento específico, que incluye los pagos de los ERE y afecta a los dos expresidentes, además de otros 50 ex altos cargos de la Junta.

La petición de los jueces se hace "en un marco de plena colaboración y entendimiento" entre ambos y "con la finalidad de dar un impulso de especial relevancia a las diligencias" de los ERE, que empezaron a instruirse hace casi cinco años y cuyos primeros juicios quieren celebrarse en 2016, informa Efe. "Para conseguir celeridad y una respuesta ágil en la tramitación de estas diligencias", el magistrado de apoyo debería dedicarse en exclusiva al caso y dejar los asuntos ordinarios, responsabilidad que debería asumir un nuevo refuerzo solicitado por Núñez, precisa la propuesta. Esta colaboración entre jueces contrasta con el duro enfrentamiento que dirigió Alaya contra Núñez, y que sancionó posteriormente el alto tribunal andaluz. El TSJA denunció la "clara voluntad de no colaboración" de Alaya con la titular del juzgado, para "evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto" entre ambas magistradas.

Si prospera esta iniciativa, Álvaro Martín instruiría la pieza denominada del "procedimiento específico" que afecta a los políticos, la relativa a las sobrecomisiones que cobraron las aseguradoras y mediadoras así como las que se refieren a las ayudas que recibieron las empresas Acyco, Sayago y Rosendo, Surcolor y Cenforpre. El acuerdo propuesto sería temporal y se revisaría en función de las necesidades del órgano judicial así como cada tres meses, cuando se enviaría un informe a la Sala de Gobierno del TSJA. En su petición, se incluye una solicitud para crear una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que permita recabar asistencia de otros jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente contenciosa. Esta Unidad se recoge en una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el 1 de octubre de 2015.