El Rey hará otra ronda de consultas el 25 y 26 de abril
Felipe VI ha comunicado su decisión al presidente del Congreso
En medio del vacío producido por el fracaso de las negociaciones para formar Gobierno, el Rey ha tomado la iniciativa y ha decidido celebrar nuevas consultas a los representantes de los partidos para conocer las posibilidades de supervivencia de la legislatura surgida de las elecciones del 20 de diciembre. Este martes ha comunicado al presidente del Congreso de los Diputados su decisión de recibir entre el 25 y 26 de abril a los portavoces de los partidos con representación parlamentaria para dilucidar si es posible otro ofrecimiento a un candidato o si, por el contrario, debe proceder a disolver las Cortes Generales y a convocar unas nuevas elecciones.
Felipe VI no ha esperado a que los partidos empiecen a desplegar sus estrategias en el último minuto, es decir, a partir del próximo lunes cuando se conozca el resultado de la consulta de Podemos a sus bases. Aunque todos los partidos consideran inevitables las elecciones, la convocatoria de una tercera ronda de contactos espolea el último tramo del proceso en una semana en la que las agendas de los partidos y La Moncloa se habían quedado desocupadas ante el fracaso de las negociaciones entre el PSOE, Ciudadanos y Podemos y a la espera de los últimos estertores de la legislatura.
Con esta tercera ronda de consultas, de la que ha informado este martes al presidente del Congreso, Patxi López, el jefe del Estado podrá constatar si alguno de los candidatos a la presidencia del Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para obtener la confianza parlamentaria o si la única salida que le queda a la undécima legislatura son unos nuevos comicios.
El próximo 21 de abril, López trasladará al Rey la relación de los representantes designados por los grupos políticos y ese mismo día La Zarzuela comunicará la fecha y las horas en las que serán recibidos en audiencia, cuyo orden será de menor a mayor resultado obtenido en las urnas. El Congreso lo notificará un día después. Como en las dos rondas anteriores, Esquerra Republicana de Catalunya mantiene su negativa a acudir. La próxima semana, el Congreso tendrá que aprobar la composición de la Diputación Permanente, es decir, la lista de diputados que se mantienen como tales una vez disueltas las Cortes.
En el caso de que de esta tercera ronda surgiera un candidato con garantías de superar la investidura, el día 27 se convocaría un pleno en el Congreso de los Diputados con margen suficiente para celebrar dos votaciones, con 48 horas de diferencia: una para intentar el apoyo de la mayoría absoluta y la otra para la mayoría relativa.
El presidente del Congreso explicó ayer que, en su opinión, la fecha tope para proponer un candidato a la investidura es el 27 de abril. Desde ese día, habría que convocar un pleno para el 29, con el cálculo de poder hacer a las 48 horas una segunda votación.
Tras fracaso de la investidura de Pedro Sánchez, Felipe VI optó por no iniciar una nueva ronda de audiencias. Ahora, fuentes del Congreso ven la tercera ronda como un trámite para constatar la falta de acuerdo entre las distintas formaciones en disposición de intentar un acuerdo. El PP no ha podido atraer a ningún partido para intentar la investidura y el PSOE, que logró un pacto con Ciudadanos, no ha podido sumar a Podemos.
El límite para la elección del nuevo presidente del Gobierno estaría en la medianoche del 2 de mayo, dos meses después de la votación de la fallida investidura de Sánchez. De lo contrario, de acuerdo con el artículo 99.5 de la Constitución, el Rey procedería a disolver las Cámaras y a convocar nuevas elecciones.
Una rigurosa prueba para Felipe VI
El proceso iniciado tras las elecciones generales del 20-D ha supuesto para Felipe VI una rigurosa prueba de capacidad para el cargo de jefe de Estado. No ha sido un trámite, como lo fue para su antecesor en escenarios políticos despejados y con mayorías más o menos construidas.
El reparto de escaños derivado de un resultado electoral fragmentado y, a tenor de los hechos, improductivo por las posiciones irreductibles en las negociaciones, ha puesto en tensión a la jefatura del Estado durante cuatro meses y ha mediatizado la agenda de La Zarzuela.
Tras la primera ronda, pese a la falta de salidas, el Rey ofreció ser candidato a Mariano Rajoy. Su movimiento, fijado en el mandato constitucional, siguió “el orden natural” de los resultados electorales. El partido de Rajoy, el PP, carecía de apoyos suficientes para superar la investidura, pero era la opción que más escaños había obtenido.
Sin embargo, Rajoy declinó este ofrecimiento para evitar el desgaste de un debate de investidura perdido de antemano. La Casa del Rey informó antes que el líder del PP de esta circunstancia a través de un comunicado, lo que motivó alguna suspicacia sobre las intenciones de Rajoy acerca de la difusión de su renuncia.
Terminada la segunda ronda, y puesto que las posiciones no se habían movido, Felipe VI no ofreció de nuevo a Rajoy la posibilidad de intentar la investidura. El candidato del PP carecía de apoyos suficientes y el del PSOE, Pedro Sánchez, tenía una remota posibilidad y se había postulado para afrontarla.
Si el Rey decidía hacer de nuevo el ofrecimiento a Rajoy, se hubiese mantenido el bloqueo institucional, que “no era lo que el país necesita”, según argumentaron fuentes de La Zarzuela. Además, dando otra oportunidad a un candidato sin apoyos frente a otro con alguna posibilidad, se hubiese alejado de la neutralidad fijada en la Constitución.
La táctica de Rajoy para dilatar el estancamiento y que corriesen los plazos hacia la convocatoria de nuevas elecciones, aumentando la presión sobre el PSOE y sus contradicciones internas para lograr su apoyo, no surtió efecto. Ni siquiera los amagos de un informe del Consejo de Estado a la medida de los intereses del PP para ir a elecciones prescindiendo del veredicto del Congreso.
Pese a la tensión entre la dirección nacional del PP y La Zarzuela, Felipe VI mantuvo el proceso dentro de los cauces del artículo 99 de la Constitución. Este martes, ante la perspectiva de otra semana muerta en el proceso, su convocatoria fue un recordatorio a los partidos sobre la responsabilidad de Estado.
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