Una juez cita como testigo a la auxiliar que se contagió de ébola

Teresa Romero, la auxiliar de enfermería que se contagió con el virus del ébola mientras cuidaba en el hospital Carlos III de Madrid a un misionero español repatriado con esa enfermedad desde Sierra Leona, prestará declaración este miércoles ante el Juzgado de Instrucción 21 de la plaza de Castilla. La juez María Teresa Abad investiga si las autoridades sanitarias españolas cometieron un delito por no haber adoptado las medidas necesitarías para evitar el contagio de esta trabajadora.

Romero, representada por el abogado José María Garzón, declarará como víctima y en calidad de testigo. La magistrada también ha citado a Rosa M. C., la médica de familia que atendió a Romero en un centro de salud de Alcorcón.

Rosa M. C. trató a la auxiliar en su ambulatorio de Alcorcón días antes de ser ingresada y aseguró que la auxiliar nunca la advirtió de que había cuidado a enfermos de ébola. Tras salir del hospital, Romero dio varias entrevistas a medios de comunicación en las que aseguró lo contrario: que sí había alertado del contacto con los misioneros repatriados y fallecidos por el ébola. La médica, que pidió anonimato, anunció una querella por injurias y calumnias.

Romero y la médica acudieron en enero de 2015 a un acto de conciliación previo a la querella en los juzgados de Alcorcón. Allí Romero admitió que no había dicho la verdad. La auxiliar dio por buena la declaración de la médica y accedió a disculparse públicamente. "En el acto pactamos que se comprometía a hacer público el contenido del acuerdo, y así lo hizo al salir", explicó entonces a EL PAÍS Ana Plaza, la abogada de la doctora. "Podíamos haber pedido indemnización por daños y perjuicios, pero lo único que quería la doctora era limpiar su buen nombre profesional", añadió. El miércoles volverán a verse en el juzgado. Las dos acuden como testigos y perjudicadas.

La juez Abad investiga varias denuncias, que se han acumulado en el juzgado 21. Allí se abrieron diligencias por primera vez a finales de octubre de 2014 después de que 15 médicos presentaran una denuncia por las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del personal y la formación de los trabajadores sanitarios en la lucha contra el ébola. El sindicato CSIF también presentó denuncia para que se estudiaran "las presuntas responsabilidades laborales y penales" del gerente del hospital Carlos III y el director del SUMMA 112.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España también denunció y presentó un informe muy detallado sobre las condiciones en las que la Consejería de Sanidad madrileña había ofrecido formación especializada a los trabajadores, los trajes con los que contaban y el acceso a información sobre el ébola que tuvieron. El despacho que lleva a Teresa Romero se adhirió a esta denuncia, así como la asociación de médicos AFEM. La juez indaga un supuesto delito contra la salud pública y otro contra la seguridad de los trabajadores.

En concreto, si las autoridades médicas adoptaron las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio de Romero y si se cumplió la normativa de prevención de riesgos laborales. Es decir, si se facilitó la suficiente información a Romero y la médica del hospital del alcance de la enfermedad y se proporcionó a ambas la información y medios adecuados para evitar el contagio ante una enfermedad de este calibre, que Romero logró superar. En casos graves, los incumplimientos laborales llevan aparejadas penas de cárcel.

El procedimiento ha estado prácticamente parado durante un año. La juez pidió a varias partes personadas en la instrucción que compartieran el mismo abogado, algo a lo que la mayoría se negó. Mientras tanto iban pasando los meses y la investigación apenas ha avanzado ni se han pedido más pruebas que las de finales de 2014.