Ideas (y obstáculos) para una nueva Constitución

El desafío independentista del Gobierno catalán, los recortes sociales como respuesta a la peor crisis económica que ha sufrido España en la reciente etapa democrática y las tramas de corrupción que han salpicado a casi todas las instituciones en los últimos años han desencadenado un intenso debate sobre la conveniencia o no de cambiar la Constitución para combatir estos problemas.

EL PAÍS ha preguntado a representantes de los cuatro principales partidos nacionales (PP, PSOE, IU y UPyD) y a Podemos, dado que esta nueva formación puede tener, según todas las encuestas, un papel muy relevante en las próximas Cortes Generales. A esa campaña electoral, la de 2015, todos los partidos salvo el PP irán previsiblemente con propuestas para reformar la Constitución de 1978. Los cinco portavoces que hablan en este reportaje subrayan que sus planteamientos no deben tomarse aún como propuestas cerradas, porque aspiran a que sean sometidas a debate.

¿ES NECESARIO? ¿ES POSIBLE? / Un consenso inexistente

La reforma constitucional tiene un obstáculo esencial: la desconfianza entre los partidos, máxima en este momento. Todos admiten el problema, aunque solo el PP lo ve insalvable. “Falta la condición fundamental para poner en marcha un proceso de reforma. La condición que sí ha existido en otros países: la lealtad”, dice el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Pedro Gómez de la Serna. Deslealtad sobre todo, afirma, por parte de CiU. Pero también la “incógnita” que percibe en el PSOE actual.

Por eso, Gómez de la Serna, que rechaza de plano una reforma “de fondo” pero sí sería partidario de hacer “ajustes” en el texto —“una puesta al día del motor constitucional”—, ve imposible, sin embargo, abordarlos en ese momento. ¿Por qué entonces sí pudo hacerse en 2011 el ajuste para introducir el control del déficit en el artículo 135? “Aquello era urgente. O lo hacíamos o nos lo hacían”, responde. “No hay nada ahora que tenga esa urgencia”.

“Si se abre un proceso de reforma sin una lealtad mínima de los partidos, será aprovechado por algunos para destruir el régimen constitucional. El riesgo que corres es inmenso”, afirma el portavoz popular. Cualquier matiz que se introdujera sobre el funcionamiento de la Monarquía derivaría, augura, en un debate sobre la institución; cualquier cambio en el reparto competencial entre administraciones se usaría en este momento para cuestionar la unidad de España. “La diferencia entre 1978 y ahora es que entonces todos teníamos un objetivo: la democracia. Había muchas diferencias entre partidos, pero un objetivo esencial. Ahora no hay objetivos. Y no se puede poner en marcha un barco sin saber adónde vas. Es un disparate dinamitar esto, que es lo único que hemos hecho realmente bien los españoles en la historia moderna”, concluye Gómez de la Serna señalando un ejemplar de la Constitución.

El resto de partidos apuestan por correr ese riesgo porque creen que dejar las cosas como están implica un riesgo mayor: “La situación que atraviesa el país, con el desafío catalán, exige a las fuerzas políticas un esfuerzo similar al de 1978. Si no, nos podemos encontrar dentro de unos meses con un Gobierno que haya declarado la independencia de una comunidad autónoma”, afirma Antonio Pradas, secretario de Política Federal del PSOE. “El consenso hay que construirlo”, coincide Rosa Díez, portavoz de UPyD. A ella la reforma le parece tan urgente que reclama que las próximas Cortes, tras las elecciones de 2015, sean Cortes Constituyentes. Y, si UPyD es determinante para formar Gobierno, esa será una condición que ponga: abordar la reforma constitucional.

Alberto Garzón, responsable de Proceso Constituyente en IU, considera que la reforma es necesaria y posible porque “la realidad social y política ha desbordado las instituciones jurídicas de 1978”. Algo que comparte Juan Carlos Monedero, secretario de Proceso Constituyente en Podemos, aunque él plantea convocar un referéndum previo para saber si la ciudadanía “quiere un proceso constituyente o no”.

EL MODELO TERRITORIAL / Clarificar las competencias

Los artículos que definen las competencias de cada administración (148, 149 y 150) han provocado en estos 36 años numerosos conflictos ante el Tribunal Constitucional. La Ley de Leyes mantiene abierta esta cuestión a través del artículo 150.2, que permite delegar en las autonomías ciertas facultades de competencia estatal. Todos los partidos son partidarios de acabar con estos conflictos mediante una definición precisa y cerrada de las competencias de cada administración. Incluido el PP, aunque insiste en que “ahora mismo no se dan las condiciones”. Respecto al Estado federal que defiende el resto de portavoces, Gómez de la Serna opina que hay un “galimatías” de distintas propuestas federales y sostiene, además, que España ya es federal.

UPyD es el único partido que pide recuperar competencias para la Administración central —las de educación y sanidad— y defiende también eliminar los privilegios fiscales de País Vasco y Navarra. “Hablar de singularidades en la Constitución es un suicidio”, señala Rosa Díez. “En Europa estamos hablando de una política fiscal común y en España tenemos cinco haciendas distintas”.

Los socialistas proponen blindar las competencias que ya tienen las autonomías para “evitar injerencias del Estado”; un modelo federal donde “no habrá unas comunidades con más competencias que otras”; la reforma del Senado para que estén representados los Gobiernos autonómicos y que no sea una Cámara de segunda vuelta sino que pueda tomar decisiones por sí misma; y recoger en una sola disposición adicional de la Constitución todas las singularidades que ya contempla la Ley Fundamental (el concierto fiscal vasco y navarro, la insularidad...) pero “no singularidades nuevas”. Pradas explica que el “blindaje del catalán” que proponen consiste en que sobre esta lengua “sólo pueda legislar el Parlamento catalán”. “No significaría que Cataluña pudiera prohibir impartir clases en castellano”, dice.

Garzón (IU) afirma que el reparto de competencias sería “un debate a abrir con la ciudadanía” y que lo relevante es que la Constitución obligue a garantizar los servicios en todo el territorio. “Un país federal”, sostiene Monedero (Podemos) “es un país centralista, no fragmentado”. Pero señala que “las singularidades habría que discutirlas”. Y añade: “Si el federalismo homogeneiza, no va a satisfacer ni a Cataluña ni al País Vasco. Por eso, como no queremos que se vayan, nuestro federalismo no puede ser como el de UPyD”.

JEFATURA DEL ESTADO / Discutible, no irrenunciable. Ni el PSOE ni el PP plantean cambiar el artículo 1.3 que establece que la forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria. Rosa Díez (UPyD) tampoco propondrá reformar ese artículo, aunque está “abierta a discutirlo”. IU sí defiende la República. “Pero es un elemento secundario para nosotros”, dice Garzón. “No lo pondríamos como condición irrenunciable para una reforma constitucional porque sería desperdiciar energías, aunque creo que caerá por su propio peso”. “Puedes tener una República y los mismos recortes sociales”, coincide Monedero (Podemos). Tanto él como Garzón proponen hacer primero un referéndum para saber qué opina la población sobre ese punto específico.

ESTADO DEL BIENESTAR / El blindaje de los servicios sociales

PSOE, IU, UPyD y Podemos, en distinto grado cada uno, defienden modificar el capítulo de derechos para proteger el Estado de bienestar en un momento de “desmantelamiento”. Los socialistas quieren incluir entre los derechos fundamentales la sanidad y los servicios sociales, para darles la misma categoría que ahora tiene la educación. “Que sean derechos reclamables ante los tribunales”, explica Pradas. Garzón, de IU —que señala que esta sería su principal reivindicación en una negociación—, pide añadir, además de la sanidad, el derecho al trabajo y a la vivienda. Garantizarlos —“no regalarlos”— sería “una obligación del Estado”.

UPyD plantea incluir, en el artículo que prohíbe discriminar por razones de sexo, raza o religión, una razón más: la lengua; para garantizar la protección del castellano en la enseñanza en Cataluña. Y Podemos defiende enumerar en la Constitución una serie de servicios públicos básicos —entre ellos, en el sector energético— en los que el Estado tendría una “reserva” que le permitiría intervenir para garantizar el suministro, por ejemplo en el caso de que se disparen los precios.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA / Mecanismos de participación directa

UPyD propone cambiar dos artículos de la Constitución para eliminar los aforamientos de parlamentarios y miembros del Gobierno. El PSOE aboga por limitar ese privilegio de los políticos imputados, suprimiéndolo solo para delitos ajenos al cargo.

Para IU y Podemos, la regeneración pasa sobre todo por introducir mecanismos de participación directa de la ciudadanía en la política. Garzón (IU) impondría en la Constitución “mecanismos de funcionamiento democrático interno” para los partidos; por ejemplo, la posibilidad de revocar a sus dirigentes a mitad de mandato. Podemos apoya la figura del revocatorio para cargos públicos, aboga por aprobar una parte del gasto público a través de “presupuestos participativos” y abre la puerta a que la ciudadanía pueda plantear una reforma constitucional si reúne 500.000 firmas. Este partido ampliaría "los ámbitos sobre los que los ciudadanos pueden ser consultados en referéndum" y modificaría el artículo 92 para hacer que esos referendos sean vinculantes. Plantea también un cambio en la elección de los organismos de supervisión porque “los controlados no pueden elegir a los controladores”: Monedero propone que los órganos unipersonales (como el Fiscal General o el Defensor del Pueblo) sean elegidos directamente por los ciudadanos; y, paralos órganos colegiados (Tribunal Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas), “someter a discusión” una fórmula como esta: “El 30% sería por elección directa, un 40% corporativa y un 30% por sorteo”.

LAICO O ACONFESIONAL / Los privilegios de la Iglesia

El PSOE aprobó en su Conferencia Política de 2013 eliminar la referencia a la Iglesia católica en la Constitución, pero Pradas sostiene que ese será un aspecto abierto al debate. “No queremos introducir conceptos distorsionadores de un consenso”, afirma. Izquierda Unida, UPyD y Podemos sí reclaman cambiar el calificativo de “aconfesional” por el de “laico” a la hora de definir al Estado, y eliminar la referencia específica a la Iglesia católica en el artículo 16.3, para situarla en plano de igualdad con el resto de confesiones y evitar “privilegios”.

ANACRONISMOS / Sucesión de la corona y matrimonio homosexual

Todos los partidos están de acuerdo con eliminar la discriminación a la mujer en el acceso a la Corona. Respecto al matrimonio homosexual, avalado por el Constitucional, IU y PSOE se muestran partidarios de introducirlo en la Ley de Leyes.