La fiscalía aplaza la querella por el 9-N para buscar una base jurídica sólida

La querella de la fiscalía por la organización y celebración del 9-N tendrá que esperar. La reunión entre el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y el Fiscal Superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, concluyó ayer con la decisión de seguir trabajando en el texto hasta conseguir armarlo jurídicamente de manera que las acusaciones, si se presentan, sean sólidas.

Frente a las demandas para actuar contra Artur Mas, la fiscalía ha decidido tomar más tiempo. Las diligencias de investigación abiertas el sábado —la víspera del proceso de participación— aún no se han completado. Existen, además, diferencias de criterio entre los fiscales, tanto sobre las personas contra las que debe dirigirse la querella como sobre los delitos por los que se les debe acusar. Incluso discrepancias sobre si hay o no suficientes indicios de la comisión de algún ilícito como para presentar una acusación formal, según informaron fuentes judiciales.

La decisión no solo se aplaza, sino que queda en manos de la Fiscalía Superior de Cataluña. De esta manera, Torres-Dulce ha dado un paso al lado. La escueta nota de prensa emitida ayer tras la reunión, de hora y media, señala que Romero de Tejada “dará cuenta” a Torres-Dulce sobre “la decisión que adopte en el marco de los principios de legalidad e imparcialidad” que rigen el funcionamiento del ministerio público, concreta el comunicado.

Cuando se hayan concretado los hechos y sus responsables, la fiscalía presentará la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el órgano competente dada la condición de aforados de los políticos investigados. Según fuentes judiciales, la querella se dirigirá, posiblemente, contra Mas y su vicepresidenta, Joana Ortega, por los delitos de desobediencia y prevaricación. Está en discusión, sin embargo, si alcanzará a otros consejeros y si se incluirán otros delitos.

El borrador de querella fue elaborado por la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado. Incluía diversos delitos (desobediencia, prevaricación y usurpación de funciones, entre otros) y se dirigía no solo contra Mas y Ortega, sino también contra otros consejeros del Gobierno autonómico. La querella pasó entonces a manos de la Fiscalía Superior de Cataluña, en cuyo seno se inició un encendido debate.

Los fiscales catalanes no estuvieron de acuerdo con el planteamiento ni con los argumentos jurídicos esgrimidos. Consideraron que la querella era demasiado amplia —por el número de delitos contemplados y sus responsables— y apostaban por otro texto, más acotado. Además, veían necesario disponer de más tiempo para comprobar los hechos y buscar una argumentación sólida en el que caso de que consideren que se ha podido cometer un delito.

De las discrepancias en los puntos de vista de los fiscales, en cualquier caso, surgió la necesidad de convocar una reunión. El encuentro se celebró ayer por la tarde en la calle de Fortuny de Madrid, sede de la Fiscalía General. Además de Torres-Dulce y el fiscal superior de Cataluña asistieron a la reunión el jefe de la secretaría técnica, Jaime Moreno, y el número dos de la fiscalía catalana, Francisco Bañeres.

Algunos de los motivos por los que los fiscales catalanes descartan las prisas es porque aún no han averiguado, por ejemplo, si los directores de escuelas e institutos recibieron correos electrónicos de la Generalitat sobre el 9-N. Posiblemente, tampoco podrá conocer quiénes participaron en el proceso después de que la Generalitat comunicara a los voluntarios que ha empezado a destruir todos los datos del registro en el que se inscribieron, “una vez logrado el objetivo” por el que se creó este fichero.

Tras la presentación de la denuncia por parte de UPyD y la Plataforma per Catalunya, la fiscalía solicitó una serie de diligencias al abrir la investigación. Esas pesquisas siguen su curso y no están listas. La fiscalía requirió a los Mossos d’Esquadra para confeccionar una lista con los locales de titularidad pública que iban a usarse durante la jornada. Y a la empresa Unipost le ordenó informar sobre cualquier encargo relacionado con la distribución de propaganda del proceso participativo.

El propio Mas aseguró ayer en el Parlamento que la acción legal contra él por el 9-N puede ser contraproducente. “¿Se imaginan la imagen que se daría al mundo si se actúa contra un Gobierno por poner las urnas? Sería una imagen dramática para España”, afirmó.

La consulta —en la que participaron más de 2,2 millones de personas— transcurrió sin interferencias judiciales. En parte, porque la fiscalía se opuso a las medidas cautelares que habían solicitado diversos partidos políticos, incluida la retirada de las urnas o la detención del presidente de la Generalitat. Las críticas a Mariano Rajoy, por demasiado permisivo, forzaron al Gobierno a lanzar el mensaje de que la fiscalía iba a actuar contra los responsables del 9-N. Y de que iba a hacerlo, además, de forma inminente.