La ley de consultas entra en vigor

Ocho días después de su aprobación por el Parlamento catalán, la ley de consultas que Artur Mas utilizará para convocar el referéndum soberanista del 9 de noviembre ha sido publicada pasadas las 10.15 horas. El Diario Oficial de la Generalitat ha publicado la norma, de 19 páginas, en su edición digital, un paso indispensable para que el presidente catalán firmara el decreto de convocatoria de la consulta de independencia de Cataluña. Minutos después Mas escenificó la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre en un acto solemne.

"Esta ley entra en vigor el día en el que se publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña", señala. "Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y las autoridades respectivas la hagan cumplir".

El siguiente escenario es el Consejo de Ministros extraordinario que Mariano Rajoy presidirá el lunes para aprobar uno o dos recursos a la norma ante el Tribunal Constitucional. El alto tribunal suspenderá después la ley, nada más admitir a trámite el recurso del Ejecutivo.

Artur Mas ha mantenido en vilo al Gobierno, a los partidos y a parte de la sociedad catalana desde el pasado viernes, cuando el Parlament aprobó la ley de consultas. El presidente catalán ha retrasado su entrada en vigor y la firma del decreto de convocatoria, oficialmente por cuestiones burocráticas. A nadie escapa, sin embargo, que al hacer coincidir la firma del decreto con el fin de semana consigue retrasar la impugnación de la consulta durante unas horas o días extra —el registro del Tribunal Constitucional en el que se presentan los recursos está cerrado durante el fin de semana—, además de limitar los efectos de la comparecencia este viernes de Jordi Pujol en el Parlamento catalán para aclarar su confesión de fraude fiscal. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, regresa este sábado de su viaje oficial a China.

La Generalitat lo tenía todo a punto para que Mas firmara el decreto de convocatoria. En los últimos días, los servicios de comunicación y protocolo del departamento de Presidencia habían convertido algunas dependencias de la Generalitat en un auténtico plató televisivo para que el momento de la firma pudiera ser retransmitido en directo. Al acto solemne para acoger la firma de la convocatoria del referéndum del 9 de noviembre han asistido representantes de tres de las cuatro fuerzas soberanistas que pactaron la fecha y las preguntas: CiU, ERC y la CUP. ICV ha declinado acudir al considerar que éste era un acto de gobierno y no de partido.

El presidente catalán ha obviado las llamadas del Ejecutivo a la responsabilidad — "lo que no puede hacer nadie es intentar liquidar la soberanía de un país", dijo el viernes Rajoy sobre Mas”—, así como la propuesta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que en un artículo en EL PAÍS abogaba por un nuevo pacto constitucional votado por todos los ciudadanos que incluya una "actualización" del Estado de las autonomías para incorporar "una perspectiva federal". Gobierno y PSOE escenificaron además este pasado miércoles en el Congreso su rechazo a la iniciativa del presidente catalán. Mas, por su parte, ha optado por las referencias bíblicas en sus últimas declaraciones antes de la firma: "David venció a Goliat no por ser más fuerte, sino por ser más hábil y astuto", aseguró.

La ley de consultas fue aprobada en un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día. Votaron a favor 106 de los 135 diputados de la Cámara, afiliados a CiU, Esquerra, PSC, Iniciativa, la CUP y el parlamentario no adscrito Joan Ignasi Elena, exdirigente socialista y que en los últimos días ha dejado su escaño. Los 28 diputados del PP y de Ciutadans lo hicieron en contra. Una diputada nacionalista se ausentó por enfermedad. En total, el 78,5% de los diputados del Parlamento catalán apoyaron la ley, aunque el PSC se esforzó en repetir que esa norma no puede amparar el referéndum secesionista.

La norma establece el régimen jurídico, las modalidades y el procedimiento para la convocatoria de consultas populares no referendarias. La ley autonómica tiene por finalidad, según señala su artículo 8, “conocer la opinión de la población sobre la cuestión sometida a consulta y su resultado no tiene carácter vinculante”. El texto legal obliga a los poderes públicos que han convocado la consulta “a pronunciarse sobre su incidencia en la actuación pública sometida a consulta en el término de dos meses a partir de su celebración”.

El decreto de convocatoria, según establece la ley catalana, debe incluir “la pregunta, preguntas o propuestas sometidas a votación”. La consulta ciudadana que promueve el Gobierno catalán tiene dos preguntas. Por un lado señala: “¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado? Sí o no”. En caso afirmativo, hay una segunda cuestión: “¿Quiere que este Estado sea independiente? Sí o no”.

Siguiente paso: el Tribunal Constitucional

El Gobierno de Rajoy va a dar una respuesta inmediata a la entrada en vigor de la ley, para transmitir el mensaje —no solo dentro de España sino también fuera, en Europa— de que controla la situación. El Ejecutivo quiere lograr que el referéndum independentista, el primero que se convoca en la historia democrática de España, tenga una vida de apenas unos días, incluso horas.

Para eso, los textos de los recursos están ya preparados a la espera de los últimos flecos en función de lo que pueda aprobar el Parlamento catalán y la Generalitat, pero el trabajo de la Abogacía del Estado está prácticamente culminado, según el Gobierno.

A partir de ahí, y también a toda velocidad, el recurso se enviará al Consejo de Estado, como es preceptivo, para que se pronuncie inmediatamente. Rajoy explicó a los periodistas desde China que es posible que el Consejo se reúna el mismo sábado. Está previsto que se reúna también en Madrid, con Rajoy aún en China, la Comisión de Subsecretarios presidida por Soraya Sáenz de Santamaría. Una vez admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional, acabará la vida jurídica de la consulta, porque queda automáticamente suspendida.

Rajoy viajó el martes por la noche a China, y no vuelve a España hasta el sábado. Se trata de un viaje de contenido sobre todo económico que ha sido ya varias veces retrasado por motivos políticos —el proceso de la Audiencia Nacional contra la anterior cúpula del régimen chino por genocidio en el Tibet, que llevó al Ejecutivo a cambiar la legislación sobre justicia universal, lo que provocó su archivo— y que el presidente no ha querido ni podido anular.

El Tribunal Constitucional anuló en 2008 por unanimidad de sus magistrados el intento del Gobierno vasco presidido por el entonces lehendakari, Juan José Ibarretxe, de celebrar una consulta similar a la que pretende ahora el Ejecutivo catalán. Los magistrados declararon inconstitucional la ley “de convocatoria y regulación de una consulta popular al objeto de recabar la opinión ciudadana en la comunidad autónoma del País Vasco sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política”.