Los jueces decanos son partidarios de reducir los aforados autonómicos

Los jueces reclaman más armas para combatir la corrupción. Y piden acabar con los “privilegios” jurídicos otorgados a un número cada vez mayor de cargos públicos. Los 47 jueces decanos de España, que representan a cerca de 2.000 juzgados de base, han planteado a Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial, limitar la figura del aforamiento, obtener nuevos instrumentos para luchar contra la corrupción y suprimir prerrogativas como las que permiten a determinados cargos públicos ser juzgados por tribunales superiores y poder contestar a las preguntas del juez por escrito. Una posibilidad a la que se han acogido recientemente los expresidentes de Madrid y Valencia, Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. En España hay unos 2.300 políticos aforados, de los que más de la mitad son diputados de Parlamentos autonómicos.

“Cuando los aforados que delinquían eran algo excepcional, el aforamiento podía tener sentido. Pero ahora los tenemos por decenas. Sobrecargan algunos Tribunales Superiores de Justicia, que ni son buenos órganos de instrucción ni están preparados para ello”, afirma Mercé Cano, decana de Barcelona. El decano de Zaragoza, Ángel Dolado, lamenta que, en vez de ir en la dirección de limitar los aforamientos, el Gobierno haya decidido “extenderlos aún más para que alcancen a la Reina y a los príncipes de Asturias”, como anunció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes.

“La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a ciertas personas no tener que acudir al llamamiento del juez, poder contestar por escrito, hacerlo en su domicilio o en el despacho oficial... Todo eso debería desaparecer. La gente no lo entiende y da mala imagen”, opina el decano de Valencia, Pedro Viguer.

Los decanos atribuyen el “exceso” de aforamientos al desarrollo de las autonomías, en cuyos estatutos se han ampliado los casos inicialmente previstos.

En la actualidad hay 28 aforados imputados en los tribunales superiores. Pero a lo largo de esta legislatura, solo en Valencia, han estado imputados 13. Y los tres que hay ahora en Cataluña pueden elevarse a cinco en unas semanas.

Gozan de la condición de aforados los diputados y senadores, el presidente del Gobierno y sus ministros, los miembros de los Parlamentos autonómicos y los presidentes y consejeros regionales. También el presidente y los vocales del Poder Judicial, los del Consejo de Estado, los del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los propios magistrados también son aforados, al igual que los fiscales del Supremo y de los tribunales superiores de justicia. Pero jueces y fiscales gozan de ese privilegio respecto a las acciones que hubieran efectuado en el ejercicio de sus cargos. En cambio, los cargos políticos están protegidos ante cualquier acusación. Los decanos evitan señalar qué aforamientos deberían eliminarse. “Es algo que debe valorar el Poder Legislativo”, indica Viguer.

Además de reducir los aforamientos, los decanos también plantearon a Lesmes, en una reunión celebrada el pasado 21 de marzo, la necesidad de poner en marcha otras medidas. Una de ellas ya ha sido adoptada por el Gobierno. Se trata de la instrucción colegiada, que supone la creación de grupos de tres magistrados para investigar los casos más complejos. “Me parece muy bien. La idea parte de los decanos y estoy seguro de que puede agilizar las causas. Pero es una figura procesal nueva y hay que ver cómo se articula”, afirma Pedro Viguer, decano de Valencia.

Mercé Cano, decana de Barcelona, cree que es más operativo que haya un magistrado responsable del procedimiento “y que otros dos lo apoyaran”. Y así se evitaría que todas las decisiones deban ser sometidas a votación, como contempla el Ejecutivo.

Los decanos aplauden que haya equipos de jueces para casos de delincuencia organizada y causas complejas. Hasta hoy existía la posibilidad de adscribir un magistrado de refuerzo a un juzgado con una gran carga de trabajo, como ha pasado con el juez José Castro, que investiga el caso Nóos, en el que están imputados los duques de Palma. Pero la ayuda solo permite a Castro desentenderse del resto de asuntos que están en el juzgado, señala Francisco Martínez, juez decano de Palma, mientras que en la citada macrocausa de corrupción “está solo”.

Para que mejore la lucha contra la corrupción, opina Ángel Dolado, decano de Zaragoza, el Gobierno debería introducir más cambios, que los decanos también expusieron al presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Por ejemplo, un nuevo “cuerpo de peritos contables que dependa de los jueces”, un grupo de expertos que les asesorasen en materia económica “sin necesidad de recurrir a organismos externos como la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, o el Banco de España”.

Los decanos también solicitaron que se simplifiquen los recursos que suponen “dilatar los procedimientos” y una reforma a fondo de la ley del indulto. “La opinión pública no entiende la figura del indulto como está ahora regulada. Y mucho menos en casos de condenados por corrupción”, afirma Alfonso González-Guija, decano de Bilbao.