Objetivo: salvar a la Infanta

La maquinaria del Estado se ha puesto en acción para evitar que, por primera vez en la historia, un miembro de la familia real española se siente en el banquillo de los acusados. La estrategia es discreta pero implacable, no está impresa en documento alguno, afecta a los ministerios de Interior, Justicia y Hacienda, además de la Fiscalía del Estado, y cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición. Ha existido una coordinación que ha permitido eliminar obstáculos y respaldar la actuación de un hombre, la llave de la operación, el fiscal Pedro Horrach, personalmente convencido de que no hay pruebas contra la Infanta. El objetivo final era no recusar la decisión del juez José Castro y aceptar que una declaración de la Infanta en sede judicial “colmaba las aspiraciones de la sociedad española”.

Aceptar que la segunda imputación no debía ser recurrida ha sido la hipótesis de trabajo que ha terminado por imponerse. Para ello había que superar la propia resistencia de la Infanta y las dudas del abogado Miguel Roca, en quien la Casa del Rey había depositado la dirección de la defensa jurídica en abril de 2013. Defender a Cristina de Borbón eficazmente significaba aislar sus intereses de los de su marido, Iñaki Urdangarin, y aceptar que ella fue utilizada como una pantalla para ocultar los beneficios obtenidos por Urdangarin y su socio Diego Torres. La estrategia dejaba a un lado a la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, cuya imputación, mantenida contra toda lógica por la defensa de Urdangarin, resultó ser el detonante de una guerra de correos que terminó encaminando al juez hacia la Infanta.

El despacho de Roca Junyent & Abogados había cerrado un acuerdo, dos meses antes de recibir el encargo oficial de la defensa de Cristina de Borbón, con el bufete Molins & Silva, un pequeño despacho con 14 abogados penalistas, especializado en aportar una defensa a medida del cliente: denominado en el argot como “boutique”, este tipo de despachos cuentan con pocos clientes y ofrecen un servicio integral, evitan los litigios y saben moverse en las gestiones extrajudiciales, según opiniones recogidas en el sector. La primera parte de la defensa de Cristina de Borbón se saldó con un relativo éxito: la imputación fue revocada por la Audiencia de Palma, pero esta orientó al juez Castro a investigar si la Infanta había cometido delito fiscal. La investigación ha durado ocho meses.

Durante ese tiempo, el caso Urdangarin se convirtió en el caso Cristina de Borbón. Algunos hechos fueron sucediendo por el camino. Sin mediar una explicación convincente, Mari Ángeles Berrocal, la abogada que representaba los intereses del Gobierno balear, personado en el caso como afectado, funcionaria, con experiencia en casos de corrupción y eficaz colaboradora tanto del fiscal como del juez, fue relevada por otra jurista, Antonia Perello, de conocida militancia en el PP. La causa oficial fue así de indescriptible: “Una redistribución de funciones para optimizar recursos”. El hecho se produjo en julio de 2013.

Dos meses antes, Beatriz Viana, directora de la Agencia Tributaria, no atendió la petición expresa del juez Castro de mantener en auxilio judicial a un funcionario de Vigilancia Aduanera que había colaborado estrechamente en las investigaciones del caso Palma Arena y en la parte que derivó en la pieza separada número 25, que era el caso Urdangarin. Hacienda nombró a dos inspectores de su delegación de Barcelona en calidad de peritos, dos profesionales experimentados, de sólida formación, pero que no han llegado a contar con la confianza absoluta del juez por diversas razones. En el mes de julio, Beatriz Viana dimite por el escándalo de las 13 fincas atribuidas erróneamente a la Infanta. En su lugar era nombrado director Santiago Menéndez, hermano de Adolfo Menéndez, secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias.

Los peritos han realizado hasta diez informes sobre las sociedades del entramado creado por Urdangarin y Torres y se han mantenido firmes en su tesis de que “eran sociedades pantalla que no tenían verdadera entidad societaria, por lo que las rentas derivadas de las actividades supuestamente delictivas debían de imputarse a las personas físicas que se ocultaban tras ellas y no a las personas jurídicas que utilizaban como pantalla”, reza un documento interno. Una de esas pantallas era Aizoon, una patrimonial formada al 50% por Urdangarin y su mujer. Si Cristina estaba puesta como pantalla [“Les advertí que era peligroso ponerla en una sociedad expuesta a muchas cosas”, dijo ante el juez el notario Carlos Masiá, a quien le respondieron que era “un escudo ante Hacienda”] era para ocultar a los verdaderos defraudadores, Urdangarin y Torres. Esa es la tesis de los peritos y donde discrepa el juez. Este es el punto fundamental de la imputación de la Infanta, que se sitúa en el ejercicio de 2007, que por un año no está prescrito. El propio juez Castro escribe que “no parece probable” y que es “escasamente probable” que la cuota defraudada por la infanta Cristina supere los 120.000 euros, la frontera que determina la existencia de un delito. Hacienda había hecho su trabajo.

El fiscal Horrach viaja con alguna frecuencia a Madrid. También lo hace a Barcelona. A diferencia de otras ocasiones, ahora se le escucha. Tiempo atrás estaba convencido de que un acuerdo con Torres y Urdangarin era posible. El caso habría quedado zanjado y nada habría salpicado a la Infanta. Zarzuela no quería pactos, y eso que las relaciones entre el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, e Iñaki Urdangarin se torcieron varios años atrás. Horrach se reúne con Antonio Salinas, su superior en la Fiscalía Anticorrupción. Informa a Eduardo Torres-Dulce, fiscal general, que sostiene la inocencia de la Infanta en cada acto al que acude. A nadie se le escapa que Spottorno está informado.

La estrategia tuvo su desenlace una vez hecho público el auto de 227 páginas del juez Castro imputando a Cristina de Borbón. Aunque estaba preparada la redacción del recurso, Spottorno se encargó de superar las últimas resistencias. La versión oficial señala una reunión Roca-Infanta en Barcelona, visitas de Roca a Zarzuela, asunción por parte del Rey de que lo correcto es no recurrir y petición del Rey a la Infanta de que acepte la decisión Horrach.

En el entreacto se producen algunas salidas de tono. Roca deja traslucir su opinión favorable al recurso mientras su socio Jesús María Silva se deja llevar por los focos y suelta que la Infanta actuó por amor y de que “amor, matrimonio y desconfianza son incompatibles”, que no sientan muy bien en la Casa del Rey, muy preocupada por el factor mediático. Silva ya había deslizado en alguna entrevista su teoría sobre la “condena de telediario” y una frase poco acertada al calificar al juez Castro como “un magistrado que ejerce el poder judicial en nombre del Rey”.

El fiscal, que había refrendado en sus escritos al juez su teoría de que “no se puede castigar a nadie por ser quien es”, culminaba la estrategia con la petición de una citación a los peritos de Hacienda y a siete empresas. La intención de esta citación, celebrada ayer, era fijar los términos del interrogatorio a la Infanta y llevar al juez a un callejón sin salida. Ese sería el episodio final no escrito de una estrategia de Estado, que le llevó a Rajoy a decir en una entrevista por televisión: “Estoy absolutamente convencido de que a la Infanta le irá bien”.