Los jueces, desbordados por la corrupción, exigen medidas de refuerzo

Telediarios, webs y periódicos rebosan de noticias de corrupción. Es como si todas las tropelías que se vienen cometiendo en los últimos años estuvieran, finalmente, reventando todas las costuras. Pues bien, donde realmente revientan es en los juzgados. Y detrás de cada una de esas noticias hay un juez batallando, en muchas ocasiones en solitario, contra grandes despachos de abogados con nutridos equipos de especialistas.

El último estudio elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, publicado a finales de abril tras un exhaustivo trabajo de campo, señalaba que los juzgados españoles están investigando 1.661 casos de corrupción; de los cuales 302 son considerados como macroprocesos. El servicio de inspección del CGPJ reclamaba, al hilo de este estudio, 64 nuevos jueces, 18 nuevos secretarios judiciales y 150 funcionarios extra para hacer frente al creciente trabajo de los juzgados.

“La respuesta judicial se ve desbordada por los asuntos de corrupción”, asegura Francisco Martínez, juez decano de Palma. Mercè Caso, su homóloga en Barcelona, incide. “Sí, antes estos casos eran algo más extraordinario. Resultaba más sencillo conseguir medidas de refuerzo. En Barcelona, ahora mismo, es difícil encontrar un juzgado en que no haya un caso de corrupción”.

El descontento de los jueces es patente. Y esta misma semana lo dejaron bien claro en la XXIII Reunión Nacional de Jueces Decanos que se celebró de lunes a miércoles en Sevilla. “Quizá, esta vez, más que en otras ocasiones, hemos llamado a las cosas por su nombre”, dice Alfonso González-Guija, decano de Bilbao. Días después de la reunión, en que aprobaron unas conclusiones de consenso, los jueces hablan abiertamente de su situación.

Los jueces de múltiples localidades tienen que hacer frente a complejos casos de corrupción y compatibilizar esta labor con juicios de faltas y demás asuntos que cada semana llegan a un juzgado de instrucción, así como a los turnos de guardia de 24 horas. Además, en muchos casos, los despachos que defienden a algunos de los acusados de corrupción cuentan con extensos equipos multidisciplinares en los que puede haber decenas de letrados (criminalistas, expertos en derecho procesal, penalistas especializados en derecho administrativo, etc.) analizando cada recoveco de cada caso en busca de un filón que permita salvar al cliente.

“La soledad de los jueces instructores es una realidad”, asevera José María Páez, decano de Málaga. “Se encuentran, en muchos casos, en una situación de desigualdad que se convierte en una pesadilla”, agrega.

Los jueces decanos, que son elegidos democráticamente por sus compañeros, recogen las demandas de 2.000 jueces de base y las ponen en común en reuniones como la de Sevilla. Una de las reivindicaciones que han planteado en esta ocasión, de hecho, es que en casos especialmente complejos, los jueces puedan contar con dos o tres magistrados de apoyo que les ayuden a sacar adelante el trabajo.

González Guija plantea que no sería descabellado que jueces como Mercedes Alaya (al frente del caso de los ERE en Andalucía) o José Castro (caso Palma Arena) coordinaran a un pequeño equipo de magistrados que les ayudaran a estudiar la documentación, a cribar los miles de folios que entran en el juzgado e incluso a tomar declaración a los testigos en casos en que debe comparecer un centenar de personas. “Los casos importantes de corrupción se dilatan muchísimo”, señala el decano de Bilbao. Y son los que exigen una pronta resolución por parte de la ciudadanía.

“El auxilio inmediato es fundamental en temas de corrupción”, señala Santiago Pedraz, decano de los juzgados centrales de la Audiencia Nacional. Poder contar con jueces de apoyo, con más funcionarios, con profesionales que puedan realizar urgentemente volcados informáticos, recabar documentos y papeles, es prioritario para que la instrucción sea eficaz. Pedro Viguer, decano de Valencia, considera fundamental que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuente con un presupuesto extraordinario para cuestiones urgentes. Y se queja de las trabas burocráticas que existen actualmente y que obstaculizan la rapidez en la asignación de refuerzos, que requieren de una autorización del CGPJ, seguida de un plácet del Ministerio de Justicia, y de la aprobación de la asignación de funcionarios por parte de la Comunidad Autónoma. “Esto funciona así, es un sistema completamente absurdo”, se queja.

Viguer asegura que lleva esperando desde septiembre a que se le asignen tres jueces para poder hacer frente a la avalancha de casos relacionados con las participaciones preferentes (1.700 desde febrero, relata) y a las numerosas causas de corrupción que hay que investigar y juzgar.

Los jueces quieren disponer de cuerpos de peritos contables, con expertos informáticos, con especialistas en cuestiones como las finanzas o el blanqueo de capitales para hacer bien su trabajo. “Contar con equipos de expertos imparciales e independientes que asesorasen en materia económica”, declara Viguer, “sería una baza extraordinaria en la lucha contra la corrupción”. Rechazan la designación de peritos por parte de la Agencia Tributaria. Y solicitaban asimismo la creación de una policía judicial, funcional y orgánicamente dependiente del Poder Judicial.

“Cualquier medida que pudiera contribuir a garantizar la independencia e imparcialidad de dichos servidores públicos, especialmente en la persecución de los delitos de corrupción, debe ser objeto de especial consideración”, declara, vía correo electrónico, Carlos Lesmes, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial, y “será siempre apoyada desde el CGPJ”. Lesmes recuerda que los magistrados ya cuentan con una “potestad real y efectiva sobre los cuerpos y fuerzas policiales”.

“Lo que notamos en muchas ocasiones”, dice Miguel Pasqual del Riquelme, decano de Murcia, “es que los órganos del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia no son lo suficientemente conscientes de las necesidades de los juzgados. Hace falta un sistema de justicia que sea eficaz”.