El juez cerca al PP de Cospedal al investigar un soborno en su campaña

Los viernes siguen siendo días incómodos para el Partido Popular. Cuando el partido de Mariano Rajoy estaba recuperando aire en las encuestas al pasar el caso Bárcenas a un aparente segundo plano, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha decidido investigar un soborno de 200.000 euros supuestamente cobrado por el PP para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal para las elecciones autonómicas de 2007 en Castilla-La Mancha. Según declaró Bárcenas el pasado 15 de julio, el cohecho fue abonado por la empresa Sufi, filial de la constructora Sacyr, a cambio de la adjudicación del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras de Toledo capital.

Ruz, instructor del caso Gürtel y de la causa sobre los llamados papeles de Bárcenas, emitió este viernes al filo de las tres de la tarde tres resoluciones que desmienten en parte la impresión de que la investigación sobre la contabilidad secreta del PP se ha desinflado. Aunque el primero de esos autos suponía un jarro de agua fría para las acusaciones particulares al rechazar la declaración como testigos del presidente del Gobierno, y de los exdirigentes del PP Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Ángel Acebes, entre otros, las otras dos resoluciones tienen unas consecuencias políticas nada desdeñables.

En uno de esos autos, el magistrado acordaba la imputación del gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, supuesto firmante de un recibí en que se consignaban dos entregas de 100.000 euros y que Bárcenas facilitó al juez en su última declaración, cuando llevaba 18 días en la prisión de Soto del Real. Además, ha imputado también al expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, y al actual presidente, Manuel Manrique, que era consejero delegado de la constructora cuando sucedieron los hechos. El juez los ha citado a los tres el próximo 6 de noviembre por la mañana.

Estos interrogatorios no son la única diligencia que va a practicar Ruz sobre este supuesto cohecho, en el que Bárcenas apuntó directamente a su mayor enemiga, la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y lideresa en Castilla-La Mancha. El magistrado ha acordado también practicar una prueba pericial caligráfica a Cañas. Ruz quiere comprobar si la letra que figura en los dos recibís aportados por Bárcenas es efectivamente la del gerente del PP manchego.

Además, el juez ha ordenado al Ayuntamiento de Toledo que le remita —tanto en papel como en soporte informático— el expediente de la adjudicación a Sacyr del servicio de recogida de basuras en la capital manchega. Esta concesión se efectuó el 15 de enero de 2007, cinco meses antes de los comicios autonómicos en los que Dolores de Cospedal cayó derrotada frente al socialista José María Barreda.

La documentación recabada en el Ayuntamiento toledano, gobernado entonces por el PP, servirá para que los peritos de la Intervención General del Estado que trabajan en el juzgado de Ruz emitan un informe sobre la regularidad de la adjudicación, que se produjo bajo el mandato del popular José Manuel Molina. Los expertos deberán comprobar si el contrato de concesión de las basuras, por un importe de 43 millones de euros, cumplió con los “principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.

Finalmente, el juez otorga un plazo de cinco días al PP para que aporte a la causa “toda la documentación contable o de cualquier otra índole” en la que pueda haber un reflejo de un ingreso de 200.000 euros en 2007. El PP no ha entregado al juez en buenas condiciones ninguno de los datos que le ha ido pidiendo desde que fue apartado por Ruz de la acusación particular por incurrir en fraude procesal —los populares usaban la acusación para defender a Bárcenas— . Así, los discos duros de los ordenadores de Bárcenas que el PP custodiaba en su sede central de la madrileña calle Génova 13 fueron destruidos o borrados, al igual que lo fueron los registros de entrada en la sede. En ambos casos, el partido invocó la Ley de Protección de Datos. Las agendas del extesorero, que también estaban en poder de su antigua secretaria, Estrella Domínguez, empleada del partido, también han sido destruidas.

En su declaración del pasado 15 de julio, Bárcenas indicó a Ruz que distintos representantes del PP manchego realizaron gestiones para obtener de Sacyr una donación de 200.000 euros “para atender los gastos derivados de la campaña electoral autonómica de 2007”. Según el extesorero, él, por indicación de Cospedal, actuó de intermediario para concertar un encuentro entre la entonces candidata a la presidencia manchega y Luis del Rivero en Sacyr.

Según el relato del extesorero, el entonces secretario regional del PP manchego y actual presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, se reunió en la sede madrileña de esa empresa con sus dos principales responsables: Del Rivero y Manrique. En ese encuentro, en el que Bárcenas dice que ejerció de introductor, Tirado pidió una aportación para la campaña y anunció a los empresarios que “iban a ser adjudicatarios de una obra o algo en Toledo”. Finalmente, siempre según Bárcenas, el gerente José Ángel Cañadas recibió los 200.000 euros, como consta en el recibí que el extesorero entregó al juzgado.

En otro momento del interrogatorio, Bárcenas fue menos tajante. “Yo creo que esto fue una conversación mucho más sutil, en el sentido de ayúdanos en la campaña; también nosotros os estamos ayudando en este tema, creo que fue más de ese tono”. Pese que Ruz considera que Bárcenas incurrió en “vaguedades o inconcreciones” en su declaración, ha optado por investigar este supuesto cohecho en el marco de la pieza separada de los papeles de Bárcenas.

El pasado 14 de agosto, Cospedal negó rotundamente en su declaración como testigo ante el juez Ruz haber tenido nada que ver con ese supuesto cohecho. Sin embargo, en ese interrogatorio el magistrado impidió a las partes que profundizaran en esta cuestión porque estaba pendiente de dilucidarse si los hechos puestos de manifiesto por Bárcenas iban a ser objeto de una investigación específica.

Los hechos denunciados por Bárcenas deben investigarse en el Juzgado Central de Instrucción número 5 pese a que una de las personas afectadas, Vicente Tirado, es aforado por ser diputado manchego. “La aplicación de la doctrina jurisprudencial obliga a este instructor a practicar cuantas diligencias se estimen precisas para completar la investigación de los hechos puestos de manifiesto por el imputado señor Bárcenas”, señala el magistrado en su escrito.