La Generalitat maneja un informe que prevé privatizar 18 hospitales

El plan propone vender entes públicos tras ser convertidos en empresas

La Generalitat de Cataluña tiene en sus despachos un plan privatizador de la sanidad pública que, de llevarse a cabo, dejará en manos de empresas con afán de lucro al menos 13 grandes instituciones sanitarias públicas. Estas entidades, principalmente consorcios, tienen asignada una población de más de dos millones de habitantes y, en su conjunto, gestionan 18 hospitales, 46 centros de atención primaria y casi un centenar de otros dispositivos asistenciales. EL PAÍS ha tenido acceso al borrador del plan —titulado Aproximación a un nuevo planteamiento estratégico para las empresas públicas y consorcios de salud de la Generalitat—, fechado en junio de 2011, y que también prevé la venta de entidades públicas. El documento ha sido redactado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) e incluye una lista de empresas susceptibles de participar en la privatización —Capio Sanidad, Grupo Ribera Salud, USP, HM Hospitales...—. Los autores también dejan caer un consejo: “Nuestra recomendación es una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan.

Las entidades cuya gestión es susceptible de ser privatizada, según el documento, son los consorcios de Terrassa, Sabadell, Maresme (Mataró), Vic, L'Anoia (Igualada), L'Alt Penedès, Integral (en el Baix Llobregat), además de los hospitales barceloneses Clínic, Sant Pau, Mar y Pere Virgili, entre otros.

Preguntado sobre el documento, el Departamento de Salud de la Generalitat asegura que se trata solo de un “planteamiento teórico” y rechaza que vaya a “privatizar ninguna empresa pública o consorcio”. Salud, sin embargo, no ofrece una respuesta clara sobre las razones por las que encargó el documento y asegura, en contra de lo que dice el propio texto, que este surgió de “una propuesta de PWC”. La Generalitat se ha negado a informar del coste del plan para las arcas públicas.

Esta es la segunda filtración en 14 meses de documentos que señalan hacia la privatización del sistema sanitario catalán, cuyo consejero, Boi Ruiz, procede de la patronal Unió Catalana d’Hospitals. En octubre de 2011, este diario avanzó otro plan —La gobernanza del ICS— que preveía trocear el Instituto Catalán de la Salud —que agrupa los ocho grandes hospitales y cerca de 300 centros de atención primaria que gestiona la Generalitat— en 20 sociedades que iban a ser abiertas al capital privado. Salud negó entonces que pensara aplicarlo en ese sentido. La división del ICS ya ha empezado, aunque las nuevas sociedades hijas siguen siendo, hasta la fecha, enteramente públicas.

Salud asegura que el proyecto es un “planteamiento teórico”

En la peculiaridad del sistema sanitario catalán, ambos planes son complementarios y ofrecen a la Generalitat —gobernada por CiU— una hoja de ruta bien definida hacia una masiva entrada del capital privado en la sanidad pública catalana, cuya principal característica es la separación entre quién la financia —el CatSalut, organismo del Departamento de Salud— y quién presta la asistencia, los denominados proveedores. Entre ellos está el ICS, pero también un amplio abanico de entidades públicas y privadas que cuentan con plena autonomía de gestión.

Aunque Salud reniegue de ellos, los dos documentos filtrados dan respuesta a lo que para sus responsables políticos son los dos grandes problemas de la sanidad catalana actual. El primero es el gran tamaño y la supuesta rigidez de gestión del ICS, heredero de la vieja Seguridad Social que gestionaba los hospitales españoles. De ahí el deseo en La gobernanza del ICS de trocear e introducir nuevas formas de gestión en él.

El segundo problema que los responsables sanitarios ven al sistema tiene que ver con la deuda pública y la situación laboral de sus trabajadores. En su origen, las deudas de consorcios y empresas públicas sanitarias no computaban como de la Generalitat. Tampoco las condiciones de sus trabajadores eran equiparables con la de los funcionarios del ICS. Pero esta situación ha cambiado con la normativa europea de contabilidad y la creciente equiparación de condiciones para todos los empleados sanitarios, como se ha visto con la aplicación universal de la reducción salarial del 5%.

El departamento catalán rechaza aplicar el estudio encargado a PWC

Para PWC, ambas tendencias “atentan contra los principios fundacionales” del sistema catalán y se impone como objetivo hallar fórmulas que devuelvan a los hospitales tal autonomía que rompa la equiparación laboral y evite a la Generalitat asumir las deudas de los centros sanitarios.

La cuestión es que ello es imposible sin recurrir a una doble estrategia de privatización que, por un lado, pasa por vender empresas públicas y, por otro, por entregar a la gestión privada los hospitales cuya venta no es posible cuando, por ejemplo, el edificio es propiedad de otras instituciones como Ayuntamientos o la Seguridad Social. Y es aquí donde confluyen los dos planes de los que reniega Salud, ya que la fórmula sería aplicable tanto a consorcios como a las sociedades hijas del ICS.

La venta de organismos públicos debe hacerse, según PWC, en dos fases. “El primer paso consiste en transformar las entidades de derecho público en sociedades mercantiles” propiedad del CatSalut. Luego, “el CatSalut podrá (...) enajenar los títulos de la sociedad o incluso perder su posición mayoritaria para dar entrada a terceros”. Para ello, PWC contempla dos posibilidades: la subasta pública o la enajenación directa, aunque señala que “la subasta pública es el procedimiento general”.

Para los hospitales, PWC propone la separación entre patrimonio y gestión, y la privatización de esta última. “Se pretende que el patrimonio siga en manos públicas y que la gestión de los servicios sanitarios se encomiende a un tercer gestor que asuma los riesgos \[y los beneficios\] de su explotación”. Tras analizar varias opciones, PWC se inclina por elegir la concesión administrativa y el concierto como fórmulas deseables ya que permiten “que las pérdidas que en su caso puedan derivarse no puedan computarse como deuda de la Generalitat”.

El documento llega incluso a plantear la duración de los contratos, que sería de “10 años salvo que dicho contrato comprenda también la ejecución de obras, en cuyo caso podría ser de hasta 50 años”.

La adjudicación de servicios públicos esenciales a operadores privados tiene, sin embargo, un riesgo que PWC no oculta: “Un concesionario deficitario puede poner en riesgo la salud de las personas, [por lo que] es lógico pensar que en ese supuesto la Generalitat intervendría rápidamente el servicio”. Esta última posibilidad —conocida como la “privatización de los beneficios y socialización de las pérdidas”— es la que ha motivado que este tipo de concesiones hayan sido a menudo objeto de duras críticas.