El Tribunal Supremo de EE UU estudiará dos casos sobre matrimonio gay

El Tribunal Supremo decidirá en 2013 sobre el matrimonio homosexual en Estados Unidos. En una decisión histórica, la máxima instancia judicial del país admitió este viernes estudiar uno de los diez casos relacionados con la ley de Defensa del Matrimonio (DOMA) y otro sobre la ilegalización de las uniones gais en California, abriendo así una nueva etapa en la lucha por la igualdad de derechos de los homosexuales.

Los nueve jueces de la corte también aceptaron la apelación contra la Proposición 8, que en 2008 prohibió el matrimonio gay en el estado de California mediante referéndum popular. El Tribunal Supremo dictaminará el próximo mes de junio si el gobierno estatal violó la Constitución estadounidense y la protección de la igualdad de los ciudadanos norteamericanos, al prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estas uniones fueron legalizadas en California por la vía judicial en 2008 y su reanudación deberá esperar a la sentencia. Si zanjara que esta prohibición es inconstitucional, abriría la puerta al reconocimiento de estas uniones en todo el país, de una manera similar a como la sentencia del caso Roe contra Wade en 1973 zanjó el derecho a abortar.

Durante los últimos años, varias parejas homosexuales que habían contraído matrimonio allí donde sí está legalizado han presentado diferentes demandas contra DOMA, la ley federal que desde 1996 establece que el matrimonio está limitado a la unión entre un hombre y una mujer. DOMA también impedía a las parejas gais acogerse a las mismas condiciones que los matrimonios homosexuales en cuanto de pago de impuestos conjuntos, beneficios en pólizas de salud y herencias. El caso que estudiará el Tribunal Supremo, Edie Windsor vs. Estados Unidos, es el de una mujer que debió abonar 300.000 dólares en impuestos (unos 232.000 euros) sobre una herencia que, de haberse reconocido su matrimonio a nivel federal, no le hubiera correspondido pagar. Los jueces determinarán la constitucionalidad de esta ley que, según sus detractores, discrimina en contra de los homosexuales.

Los expertos apuntaban a que el Tribunal Supremo admitiera estudiar uno de los ocho casos que ha recibido en relación con DOMA porque esta ya ha sido declarada como inconstitucional por dos jueces federales y una Corte de Apelaciones. Tras estas decisiones, la Administración Obama también anunció en febrero de 2011 que el Departamento de Justicia no defendería la ley federal en los tribunales, en un primer respaldo a la igualdad de derechos. Un año después, Obama se convirtió en el primer presidente que apoya el derecho de los homosexuales a contraer matrimonio.

A pesar de la histórica decisión del Tribunal Supremo, ninguno de los casos presentados le obliga a pronunciarse sobre la existencia de un derecho constitucional al matrimonio entre personas del mismo sexo, según explica Amy Howe, editora de la web especializada en la corte, SCOTUSblog: “Lo que piden estos casos es que la corte establezca si el Congreso puede aprobar una ley federal que trate a las parejas homosexuales casadas legalmente bajo legislación estatal, de manera diferente a los ciudadanos casados con una persona de distinto sexo”.

Los jueces escucharán los argumentos de ambas partes durante el próximo mes de marzo y su decisión llegará en el mes de junio. Incluso si el Tribunal declarase como inconstitucional la ley federal DOMA, eso no significará que el matrimonio homosexual quede legalizado en Estados Unidos. Cada uno de los estados de la Unión deberán legalizarlo individualmente, como ya han hecho nueve de ellos y el Distrito de Columbia, la capital. 

Dicha sentencia llegará justo un año después de otras dos decisiones históricas en EE UU. El alto Tribunal se pronunció el pasado mes de junio sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria impulsada por el presidente Obama al llegar a la Casa Blanca y que, tras su aprobación en el Congreso en Marzo de 2010, se convirtió en uno de los hitos de su primer mandato. Días antes, la corte también decidió suspender la mayor parte de las provisiones de la ley de inmigración de Arizona, SB 1070, que en 2010 dio paso a una serie de normativas anti inmigrantes en todo el país. Los nueve jueces también deberá determinar la constitucionalidad de otras disposiciones tan significativas como la ley de Derecho a Voto de 1965 o la de Discriminación Positiva, que garantiza el acceso de estudiantes de minorías raciales a las universidades.