El asesinato de 12 trabajadores a sangre fría ahonda la espiral del terror en Siria

El asesinato a sangre fría de otra docena de civiles —perpetrado el jueves y denunciado hoy viernes— recrudeció la sangrienta cotidianeidad en Siria. Con una oposición en el exilio profundamente dividida, incapaz de ponerse de acuerdo siquiera sobre el órgano que debe elegir a su líder, con las potencias occidentales acobardadas por las consecuencias regionales de una intervención militar y con un régimen indiferente a las condenas internacionales y dispuesto a matar abiertamente a su población civil, es poco realista esperar que el país pueda salir pronto de la espiral de violencia y terror en la que se halla.

La nueva tragedia afloró mientras el Comité de la ONU para los Derechos Humanos estaba reunido para discutir la situación siria. El órgano de Naciones Unidas condenó ayer a Siria la matanza hace siete días de más de un centenar de personas, entre ellas 49 niños, en la ciudad de Hula y reclamó una investigación internacional para identificar a los responsables de la masacre.

La muerte le sobrevenía esta vez a una docena de trabajadores (13, según la cadena británica BBC) que fueron detenidos y ejecutados en un control de la periferia de Al Qusair (localidad a unos 20 kilómetros de Homs), según Salim Kabbani, de los Comités Locales que coordinan la oposición en el terreno. Los observadores de la misión de Naciones Unidas, desplegados en el país desde abril y hasta el próximo mes de julio, atestiguaron la muerte de este grupo de sirios, cuyos cadáveres fueron encontrados maniatados.

Las víctimas, según miembros de la oposición, eran trabajadores de una planta de producción de fertilizantes que regresaban, el jueves, de su jornada laboral. El grupo fue detenido por matones del régimen, que dispararon a las cabezas de las víctimas una tras otra, según el relato de los opositores, que no pudo ser confirmado por fuentes independientes. Siria no permite el acceso a los periodistas. Damasco atribuyó el crimen a “terroristas”.

Tragedias como estas están avivando los deseos de empuñar las armas de los mandos que conforman el Ejército Sirio Libre (ESL), que aglutina a los rebeldes y desertores del ejército al servicio del régimen.

Pero el mensaje oficial lanzado desde la comunidad internacional no es fomentar la militarización.

La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, reiteraba ayer desde Dinamarca, donde se encuentra de visita oficial, el apoyo de Washington al plan de paz impulsado por Naciones Unidas y la Liga Árabe y aseguró que sin el apoyo de todos los miembros era “improbable” una acción militar en Siria. Sin embargo, no dijo explícitamente “imposible”.

Clinton acusó a Rusia de empeorar las cosas con su veto permanente en el Consejo de Seguridad que, junto con el de China, bloquean la posibilidad de una intervención armada similar a la que se realizó en Libia contra Muamar el Gadafi. En caso de producirse una intervención en Siria, esta “tendría que ser mucho más grande [que la de Libia]”, tal y como afirmó ayer también el Ministro de Exteriores británico, William Hague, en una entrevista para la BBC.

El choque de posiciones entre Occidente y un amplio sector de la comunidad internacional, por un lado, y Rusia y China, por el otro, se reiteró ayer en la votación de condena del Comité de Derechos Humanos por la masacre de Hula. La condena fue aprobada por 41 votos a favor y 3 en contra (China, Rusia y Cuba). Dos delegaciones se abstuvieron y una no estaba presente durante la votación. El órgano está compuesto por 47 miembros.

A las acusaciones vertidas contra Rusia por parte de activistas y miembros de la oposición siria de que Moscú pudiera estar suministrándole armas al régimen sirio, el presidente ruso, Vladimir Putin las negó categóricamente desde Berlín, donde mantuvo una reunión con la canciller alemana Angela Merkel. “Moscú no está apoyando al régimen de al Asad porque no está "respaldando ninguna de las partes en conflicto", dijo.

El ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha emitido hoy un comunicado que sostiene que la matanza de Hula es una consecuencia del "apoyo financiero y el abastecimiento ilegal de armas a los militantes".